Si algo ha ganado protagonismo en la televisión durante los últimos años han sido los anuncios de alarmas. Algo que aumenta su presencia, más si cabe, durante los meses de verano debido a las vacaciones. Las empresas aprovechan el periodo para advertir sobre una posible ocupación ilegal de las viviendas habituales. Es un tema que, además, ha ganado presencia en el debate político y que cada campaña electoral es utilizado para ganar votos. Andalucía no escapa de la cuestión pese a que los datos del Ministerio del Interior reflejan que 2023 fue el año con menos denuncias por este motivo del último lustro.
La Junta de Andalucía ya ha presentado una nueva Ley de Vivienda que tiene como objetivo hacer accesible los inmuebles tanto para la compra como para el alquiler después de que un porcentaje alto de la población no pueda emanciparse o ahorrar lo suficiente para adquirir una vivienda en propiedad. El problema ha aumentado en los últimos meses y el Gobierno andaluz ha decidido dar un paso recurriendo a recetas como la bajada de impuestos o la liberalización del suelo para facilitar a las promotoras la construcción de nuevas viviendas.
Desde el Gobierno andaluz se ha hablado de un desfase entre la oferta y la demanda como motivo del encarecimiento de los precios. Otras formaciones y colectivos sociales, por su parte, señalan a la proliferación de alojamientos turísticos como una de las principales causas de la subida de los precios de las viviendas.
La nueva ley que prepara la Junta de Andalucía es extensa y cuenta con más de 100 artículos. Sin embargo, una de las cuestiones en la que más énfasis se hace dentro del texto aprobado por la Consejería de Fomento que dirige Rocío Díaz es la ocupación ilegal. El Gobierno andaluz señala esta actividad como una de las responsables de la situación actual. Pese a ello, el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces revela que tan sólo es una preocupación para el 0,2% de los andaluces.
La exposición de motivos de la nueva norma asegura que la debilidad de la oferta de la vivienda en alquiler proviene de situaciones "de inseguridad o incertidumbre en la aplicación de las normas de arrendamientos urbanos, o preocupación real ante la posible ocupación de su vivienda". El término 'ocupación' se puede encontrar en más de una veintena de ocasiones dentro de la ley.
Esto supone que hay varios artículos destinados a esta circunstancia. Uno de ellos establece el asesoramiento a los afectados por la ocupación de sus viviendas. Además, la Junta de Andalucía prevé que para acceder a una vivienda de promoción pública o social o recibir ayudas económicas de la administración, los interesados "no pueden haber sido condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o haber recaído sobre ellas resolución administrativa firme en cualquier expediente de recuperación y/o desahucio por ocupación sin título en los últimos cinco años".
Una Comisión para luchar contra la 'okupación'
Además de las medidas disuasorias, la Junta de Andalucía contempla en la nueva ley la creación de una Comisión que luchará contra la 'okupación'. En concreto, el organismo recibirá el nombre de Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación ilegal e inquiocupación y busca establecer las directrices para la coordinación de la información, asesoramiento y acciones para evitar la ocupación ilegal e inquiocupación y para ofrecer soluciones habitacionales conjuntas en situaciones de desahucio y vulnerabilidad social.
El órgano autonómico no será el único que contemple la ley. El texto también crea una Unidad Municipal de Asesoramiento en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación ilegal e inquiocupación que realizará labores de información y asesoramiento.
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