“Se edificó esta casa, primera de la barriada, en octubre del año 1936, en pleno periodo del movimiento militar salvador de las esencias nacionales siendo alcalde el ilustrísimo señor don Bernabé Rico Cortés”, reza en una placa de mármol que está colocada en la esquina de las calles Pintor Muñoz Cebrián y la que se denomina Alcalde-Abogado Pedro Lassaletta, que no aparece en el callejero de Jerez. Está en la barriada España, donde se mantienen muchos nombres oficiosos y otros que no deberían estar, al menos, cuando se cumplan los 12 meses que estipula la legislación. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se aprobó en marzo y entró en vigor en junio de 2017, establece que se deben retirar todos los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.
La barriada España concentra un buen número de placas y nombres de calles que aluden a la victoria del bando nacional y a la sublevación militar que acabó con el Gobierno de la Segunda República y condujo a una Guerra Civil que duró tres años. Tras ese periodo, el régimen franquista expropió las casas con las que contaba el sindicato UGT en esta zona de la ciudad —donde tenía una cooperativa de viviendas— para cederlas a personas “adheridas al régimen”, explica Cristóbal Orellana, miembro de la Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez, quien guía a lavozdelsur.es en una ruta que repasa los vestigios franquistas que conserva la barriada. “Estos elementos del fascismo perduran sin que el Ayuntamiento haga nada, por lo que no dudaremos en ir a los tribunales para que los retire”, dice Orellana, quien considera que conservar esta simbología supone “un insulto grave a la memoria democrática”, además de “una ilegalidad”.
La petición que traslada la plataforma ya la hicieron, a principios de 2005, formaciones políticas como IU y PSA, que solicitaron que se retirara la placa que recuerda a Bernabé Rico Cortés, quien fue nombrado alcalde de Jerez en julio de 1936, después de que el hasta entonces regidor, el republicano Antonio Oliver Villanueva, entregara el poder "a la fuerza", y es cuando “opta por no resistirse para evitar derramamiento de sangre", como recoge el acta de desposesión firmada por el propio Oliver Villanueva. Pero la hubo. Unos 400 nombres maneja la Oficina Municipal de la Memoria Histórica de posibles víctimas de la represión franquista en la ciudad. La familia de Rico Cortés, cuando se pidió en su día que se retirara la placa que lo recuerda, se opuso porque “eso sólo supone abrir heridas y crear conflictos entre los jerezanos sin ninguna necesidad", decía Angelines Rico, nieta de este alcalde, en las páginas de Diario de Jerez.
“Igual que existe una calle con el nombre de Salvador Allende, que no sé qué pinta en Jerez, puede haber otras estatuas o calles con nombres de cualquier época. Además, no comprendo esta actitud, es como si ahora quisieran destruir las pirámides de Egipto porque las hicieron los faraones", decía María Dolores Rico, otra nieta de Rico Cortés. La familia defendía que el antiguo alcalde fue “el responsable de que exista el aeropuerto de Jerez o Chapín y el que potenció el mundo de los caballos”, y también quien “se encargó de que existiera la barriada España en la zona de la plaza de toros, que era utilizada para fusilamientos”. En definitiva, “un gran hombre que le tocó vivir aquella época, pero él como militar tan sólo obedecía órdenes”.
La barriada España, donde viven en torno a unos 1.200 habitantes, tiene una docena de placas que recuerdan o ensalzan el levantamiento militar y a personalidades relacionadas con este periodo y con el régimen franquista. El general Sanjurjo conserva una en la avenida Virgen de Fátima, cerca de la iglesia del mismo nombre. José Sanjurjo (1872-1936) fue un militar que falleció en un accidente de avioneta cuando se dirigía a Burgos, a instancias del general Mola, para ponerse al frente de la sublevación militar que había estallado pocos días antes y poder convertirse, en caso de triunfar, en jefe de gobierno de los sublevados. Con su muerte propició involuntariamente el ascenso de otro general, que luego fue generalísimo: Francisco Franco. Sanjurjo ya protagonizó unos años antes, en 1932, un intento de golpe de Estado, la Sanjurjada, con la que pretendía liquidar la “dictadura anticlerical de Azaña”, pero fracasó. Por estos hechos fue condenado a muerte, pero la pena se le conmutó por una cadena perpetua que expiró en 1934, cuando el gobierno de Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical) lo indultó.
José María Pemán también tiene una presencia destacada en esta zona de la ciudad. Aún conserva una calle, paralela a la avenida de Nuestra Señora de La Paz, donde luce una placa renovada recientemente; y también una asociación de vecinos y un colegio, que a pesar de haberse decidido —tras una votación en la que participaron los padres de los alumnos realizada en abril de 2017— que se renombraría como Gloria Fuertes, a día de hoy mantiene la señalética intacta. La Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez fue quien informó al centro escolar de que incumplía la ley, y fue cuando se inició el procedimiento, aunque el cambio de nombre parece que quedó en una mera declaración de intenciones. Pemán apoyó el régimen de Franco y tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 se hizo máximo responsable de la depuración de maestros y maestras de la República, motivo por el que desde la organización memorialista piden la retirada de estos rótulos.
La barriada España tiene otros nombres relacionados con estas etapas negras de la historia de España. Pedro Pemartín conserva una calle. Hermano de Julián Pemartín, cargo estatal de la Falange, Pedro murió en la resistencia que la marinería del cañonero Lauria presentó el 22 de julio de 1936 a los oficiales que se habían adherido al golpe contra la República. “Hoy hace un año que a bordo del Lauria fue infamemente asesinado, por la marinería puesta al servicio de Moscú, el capitán de intendencia naval don Pedro Pemartín y Sanjuán, pundonoroso caballero, perteneciente a la aristocrática familia jerezana, cuyo nombre ha sido dado recientemente a un bou, en homenaje a su limpia y patriótica conducta”, recogía el diario ABC el 22 de julio de 1937.
Nuestra Señora de la Cabeza es otra de las calles de la barriada España. Este santuario de Andújar (Jaén) fue “un símbolo de la resistencia católica ante la República”, explica Orellana, de la plataforma memorialista jerezana. En mayo de 1937, unos 165 guardias civiles y 45 paisanos, con sus familias, se encerraron en este recinto para intentar salvar la vida, estableciendo una guarnición, resistiendo durante siete meses los ataques de las fuerzas republicanas, hasta que terminó la resistencia tras resultar herido el oficial líder del grupo de golpistas. Este episodio se recuerda como una gesta heroica que en la barriada España tiene su sitio en forma de calle. “No hay rencor, queremos que se cumpla la ley”, insiste Orellana, quien asegura que quieren que, con la retirada de estos símbolos, se homenajee “a quienes defendieron la libertad y la democracia”. Otra vía se llama Padre Ruiz Candil, en memoria de un canónigo de la Colegial de Jerez que fue asesinado en Grazalema a finales de 1936. “Se le mató injustamente”, reconoce Orellana, “no sabemos en qué circunstancias”, por lo que su fallecimiento sirvió al franquismo para tener “un mártir de la Iglesia”.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía recoge que “las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”. Y matiza: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
La legislación contempla 12 meses de plazo para retirar los vestigios del fascismo de los municipios, plazo tras el que puede sancionar o excluir de las convocatorias de subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas a los ayuntamientos que no cumplan con lo establecido en la ley. Podrá ser considerada como infracción la decisión de no retirar esta simbología, ante lo que la Junta podría imponer multas de entre 2.001 y 10.000 euros a los alcaldes o alcaldesas que incumplan la norma, que también incluye la retirada de estatuas o monumentos que enaltezcan el golpe militar y el franquismo.