La factura anual de 2022 representó para el usuario medio fue un 60,5% más cara que la de hace una década. Si se realiza la comparativa con 2002, cuando la cifra se situó en 513,96 euros, el incremento representa el 199,3%, ya que pagó el año pasado 1.538,53 euros, un 37,9% por encima de los 1.116,04 euros de 2021. Así, fue el año más caro de la historia.
Los datos los aporta un análisis de Facua-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada de la luz (PVPC). Los dos últimos años se sitúan en las primeras posiciones del ranking con factura más caras. Muy atrás quedan los 958,41 euros de 2012, el que hasta hace poco había sido el año en el que se batieron todos los récords y que ahora queda relegado al tercer puesto del ranking dadas las cifras de 2021 y 2022.
Durante 2022 también hemos tenido se han pagado los tres recibos más caros a nivel histórico. La factura del usuario medio alcanzó en marzo los 176,73 euros, en agosto 158,30 euros y en julio 142,40 euros.
Facua muestra su satisfacción ante la propuesta del Gobierno a Bruselas de sacar la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta marginalista. Se trata de una de las reivindicaciones que la asociación trasladó a Teresa Ribera en 2021 y que inicialmente no fue aceptada por la vicepresidenta.
La asociación de consumidores reclama al Gobierno que exija a la Comisión Europea el punto y final a la subasta marginalista, un mecanismo por el que tecnologías de generación eléctrica extraordinariamente baratas acaban costando a los consumidores lo mismo que las más caras, las cuáles además incrementan artificialmente sus precios.
Junto a la reforma planteada por el Gobierno a Bruselas, la asociación considera esencial que una medida tan importante para proteger a los consumidores más vulnerables como el bono social tenga la debida difusión, dado que año tras año las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos.
Más allá de estas cuestiones, la asociación reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Los consumidores domésticos pagan a las eléctricas muchos cientos de millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos. Según el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de 2022, siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.
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