La marihuana gasta mucha luz, cada vez más y, además, lo hace por la cara. Esa sería la traducción coloquial del informe de Endesa sobre fraudes sufridos durante el año anterior, 2024.
En ese ejercicio, la compañía abrió algo más de 3.000 expedientes por fraude en la red eléctrica en la provincia de Cádiz. Esa cifra supone, según Endesa, duplicar "la tasa de inspecciones realizadas contra el fraude".
En lo que se refiere a la provincia de Cádiz, hay motivos de preocupación. Las plantaciones de marihuana suponen ya el 25% de la energía defraudada, uno de cada cuatro fraudes detectados.
Si la cifra total es de 3.000 durante el año pasado, los casos asociados a enganches ilegales para la producción de esta droga rondan los 750 episodios, es decir, una media de dos por cada semana del año, incluidas las festivas y vacacionales, sin descansos.
Endesa resalta además que esos tres millares de casos significan un 13% más que los fraudes detectados en 2023, por lo que la tendencia es ascendente.
"Los datos reflejan la magnitud de un problema con graves consecuencias para la seguridad física de las personas, la calidad del suministro eléctrico y el importe de la factura que pagan todos los ciudadanos".
"Hay casos de edificios donde el nivel de sobrecarga se produce de tal forma que ha llegado a provocar incendios en las instalaciones", aporta Endesa como ejemplo de los riesgos.
Endesa asevera que se está produciendo una "creciente profesionalización del fraude", con técnicos especializados en realizarlos, tanto en plantaciones de marihuana como en industrias o negocios que concentran la mayor parte de la energía defraudada.
Otro dato destacado es que la energía recuperada en los fraudes detectados por Endesa en Cádiz, superó los 19,7 millones de kilowatios/hora, lo que "confirma la relevancia del robo de energía".
La empresa recuerda que en todos los operativos que afectan a plantaciones de marihuana, sus técnicos se limitan a "acompañar a las fuerzas de seguridad en de la provincia de Cádiz".
Endesa lamenta en el comunicado que el "marco penal es más laxo que en otros países, que no contribuye a frenar la proliferación de enganches ilegales".