“Se vende como algo especulativo pero no es así, hemos tenido que construir nuestras casas en terrenos heredados de nuestros abuelos porque ha sido nuestra única opción”, explica Paqui, integrante de la AAVV de El Palmar Santo Domingo de la Calzada. El vicepresidente añade: “Ahora hay familias con niños pequeños a las que quieren echar de sus casas, pero para ellos esta es su primera y única vivienda”.
Este núcleo rural costero perteneciente a Vejer lleva décadas acarreando un fuerte problema urbanístico, viviendo una especie de “agujero negro legal” por el cual se han construido cientos de casas irregulares. Muchos de sus vecinos están ahora asustados porque han recibido una notificación de la Consejería de Fomento en la que se les avisa de que los próximos 5, 6 y 7 de abril irán a precintar sus viviendas, en un plan que incluye la presencia de la Guardia Civil, Seprona y Policía Autonómica, además de efectivos de Endesa para el corte de energía eléctrica.
“Decir precinto o decir desahucio es lo mismo, les van a echar de sus casas”, añade Paqui. “Aquí van a pagar justos por pecadores y es muy difícil separar el trigo de la paja, pero en su mayoría, somos vecinos de El Palmar de siempre, es una situación insostenible'', explica impotente.
En 2010 se aprobó un PGOU en Vejer que tenía previsto la regularización de 420 viviendas y otro plan para definir suelo apto para urbanizar, que sumaría otras 700 viviendas, además de un plan para las del polígono de La Chanca, lo que en total sumaría unas 1.600 viviendas. Cuando en 2011 accede a la alcaldía de Vejer el popular José Ortiz —actual delegado de Urbanismo—, estos planes acabaron en un cajón. “Con la excusa de que los vecinos consideraban excesivos los costos de urbanización, da carpetazo al asunto”, explica Manolo Martín, vicepresidente de la AAVV. Esta situación ha provocado que lleven 10 años sin ordenamiento urbanístico. “Este es un territorio huérfano de planeamiento, ha crecido sin orden ni concierto, se ha expandido de forma desordenada con la complicidad del Ayuntamiento, que mira para otro lado”, añade.
El problema en mitad de este caos llega cuando el concejal “ve que el El Palmar se le va de las manos” y decide escribir a la Consejería de Fomento de la Junta “para pedir ayuda”. En este momento empiezan a levantar y mandar expedientes a Fiscalía, con órdenes de derribo y en su defecto de ingreso en prisión.
Manuel defiende que El Palmar no es un “asentamiento irregular” sin más, es un lugar con vecinos y vecinas que llevan décadas aquí, incluso hay nietos de palmareños de toda la vida. Es un territorio que cuenta con colegio público, módulo de salud, centro de barrio, iglesia. En El Palmar han sido censadas 2.340 edificaciones, durante el año viven unas 3.000 personas y en verano llegan a las 25.000.
Manolo Martín denuncia el pasotismo y falta de voluntad e interés por parte de la Junta y del Ayuntamiento, que han asistido como espectadores a todo este crecimiento irregular. “El alcalde adoptó actitud populista en 2010 ante el descontento de los vecinos y dio carpetazo al asunto; pero sin embargo los vecinos pagamos todos impuestos, IBI y basura sin tener ese servicio”, explica. El suelo está catalogado como suelo urbano pero no reciben servicio de agua potable, alcantarillado ni alumbrado público. “Hay funcionarios y mucha gente con cargos institucionales que tienen viviendas aquí,, hasta policías locales”. Hay una “cultura de la permisividad”, argumenta el vicepresidente.
Los vecinos organizaron una caravana el fin de semana pasado para exigir “agua potable” y también fueron al Parlamento el pasado martes, junto a otros afectados por esta situación urbanística de Conil y Zahora, para pedir que no precinten las casas. “No es admisible en pleno siglo XXI casi 3.000 personas sigan sin agua potable”. El próximo martes conoceremos el futuro de estas familias palmareñas que aguardan con esperanza que la situación se puede regularizar.
Comentarios