Con la orden de exhumación de Gonzalo Queipo de Llano estos días se ha hablado mucho de la Hermandad de la Macarena y del lugar que ocupa el general franquista. Sin embargo, la nueva ley de Memoria Histórica y Democrática también ha permitido que se recuerden los horrores que dicho militar realizó, especialmente en Andalucía. Algunas estimaciones señalan que pudo ser responsable de, al menos, 45.000 ejecuciones.
En Andalucía, según los datos de la propia Junta, existen un total de 708 fosas comunes. En ellas se estima que hay alrededor de 45.000 personas. De estas fosas, siete se encuentran en la capital hispalense. No hay que irse demasiado lejos de la Basílica de la Macarena, donde se encuentran enterrados con honores los restos del general, para percibir las barbaridades y los horrores que provocó en la ciudad. A unos pocos kilómetros de él se encuentra el cementerio de San Fernando y dentro de él, las siete fosas que localiza la Junta de Andalucía.
La más famosa y significativa es la de Pico Reja, un lugar en el que se lleva trabajando varios años y cuyos labores de exhumación van a finalizar en los próximos meses. Para darse cuenta de lo que sucedió en Sevilla sólo hay que conocer lo descubierto en esta fosa. Cuando se iniciaron los trabajos se estimaban unos 1.000 cuerpos sepultados, sin embargo, la realización de exhumaciones, el número se ha quintuplicado y se han sacado 5.000 víctimas muchas de ellas con signos claros de violencia.
Una de las formaciones más implicadas en la Memoria Histórica ha sido y es Izquierda Unida. El candidato a la Alcaldía en Sevilla, Ismael Sánchez, ha afirmado sobre esta cuestión a lavozdelsur.es que solicitan desde la formación "que no paren las tareas tras Pico Reja. Los familiares cada vez son más mayores y cuesta más trabajo localizarlos y que den sus muestras de ADN para una sepultura digna".
Y es que, a pesar de las numerosas exhumaciones, el trabajo continúa posterormente con la identificación de cada uno de los cuerpos que allí están presentes. Para ello se están enviando las muestras óseas a la Universidad de Granada para que allí desvelen el parentesco de las víctimas con los familiares que reclaman sus identificaciones. El análisis de la fosa, que no es la única que existe en el cementerio de San Fernando, comenzaron en enero de 2020 y están a punto de finalizar. De ella se han hecho algunas exposiciones en la ciudad así como un documental que lleva el nombre de la fosa y ha sido estrenado recientemente.
En lo sustancial la nueva ley aprobada por el Congreso de los Diputados no cambia prácticamente nada, aunque reconoce el líder de IU en Sevilla 1u3 "va a agilizar toda la parte burocrática". No osbtante, todos estos trabajos de exhumación y reparación de las víctimas ya venían recogidos en la ley andaluza, aprobada en 2017 con el último Gobierno socialista. Sin embargo, desde la oposición denuncian la inactividad de la Junta de Andalucía en esta materia. Con la composición del nuevo Gobierno, el área de Memoria Histórica quedó relegado a un departamento en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Además, Sánchez denuncia que el PP "no está desarrollando la ley" y teme que se declare "insumiso" a la ley estatal que acaba de entrar en vigor. Esta postura también la defendió el PSOE durante el último curso de la anterior legislatura. Lo cierto es que, mirando los números, la partida presupuestaria para la Memoria Histórica ha ido disminuyendo cada año a pesar de que los presupuestos de la Junta de Andalucía se han incrementado. Si en 2018, primer año en vigor, la partida destinada fue de más de 1.700.000 euros, en 2021 la cifra disminuyó hasta 1.300.000. Además, la Junta de Andalucía aprobó el Plan Anual de 2021 en diciembre de ese mismo año, algo que le costó las críticas de la oposición.
Pese a ello, Sánchez reconoce que las administraciones locales — en este caso el Ayuntamiento de Sevilla — sí se ha implicado, "las entidades locales están mucho mas comprometidas, pero es fruto de la presión de las víctimas y de las asociaciones memorialistas". Sobre la Junta explica que es un tema "de voluntad política" y que lo que tiene que hacer el Ejecutivo andaluz es "cumplir la ley". Por ello, pide que dote de los recursos necesarios, dentro del presupuesto anunciado de 45.000 millones de euros, para que se "haga justicia".
Aunque estas exhumaciones y reconocimiento están ayudando a cerrar la herida de muchos familiares, también ofrecen información sobre lo que ocurrió en Sevilla y en tantos otros municipios durante el horror franquista que dirigió Queipo de Llano en toda Andalucía y Extremadura. Acerca de la urgencia de ambas acciones, el candidato a la Alcaldía señala que "no son incompatibles". Un genocida como Queipo que alentaba a la tortura y asesinato no puede estar enterrado con honores en un espacio público. Eso no es incompatible con la urgencia de dar continuidad a la exhumación de los cuerpos de las víctimas del franquismo".