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La vivienda, uno de los grandes problemas del país, es el gran quebradero de muchas familias y, sobre todo, de jóvenes, que ven muy difícil el acceso a una vivienda en propiedad o lograr un alquiler asequible. "Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas", dice el presidente Pedro Sánchez que son los objetivos del Gobierno en esta materia. Lo hace en la clausura del foro Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, celebrado en el Museo del Ferrocarril.
Con una batería de doce medidas, centradas en los propietarios, Sánchez presenta una batería de medidas para hacer asequible el acceso a la vivienda. Al menos, es lo que pretende. De momento, desde que gobierna, no ha habido grandes avances en esta materia, a pesar de aprobarse la primera Ley de Vivienda de la democracia.
Entre la docena de medidas, está la exención del IRPF a los dueños de viviendas que se pongan en alquiler sin precios abusivos, según el índice de referencia. O un nuevo Perte con fondos europeos dedicado a la construcción de casas. O una subida de impuestos para los compradores de casas que residan fuera de la UE. O un sistema de garantías públicas que asegure el cobro de la renta del alquiler, en primer lugar, a quienes alquilen a menores de 35 años.
El Gobierno también prevé ayudas para quienes rehabiliten viviendas y las pongan en alquiler asequible durante cinco años. O que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en zonas saturadas. O un fondo para que gobiernos locales y autonómicos refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales.
Pedro Sánchez, que en abril de 2023 prometió la puesta a disposición de 183.000 inmuebles para alquiler asequible —sin que hasta el momento se conozca el dato exacto de cuántas viviendas se han habilitado para este fin—, dice ahora que la Administración General del Estado cederá a la empresa pública de vivienda más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para crear "miles y miles" de nuevas viviendas. Y que se incorporarán 13.000 viviendas de la Sareb de forma inmediata, y 17.000 más, progresivamente.
De las viviendas prometidas en 2023, a mediados de 2024 —últimos datos disponibles—, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana informaba que había 80.745 ya movilizadas y otras 59.879 firmadas o en desarrollo —el paso previo a la movilización de fondos—, aunque a mediados de agosto solo 14.000 inmuebles estaban a disposición de la ciudadanía. No hay muchos más detalles sobre este asunto.
El declive de la inversión en vivienda pública desde el inicio de la democracia no ha cesado. En 1981, casi el 47% de los inmuebles construidos eran viviendas protegidas. Hacia 2014, ese porcentaje estaba en el 29,8%. En 2019, solo el 8,5%, según datos del Boletín especial de Vivienda Social de 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo.
Entre 1960 y 1979 se construyeron 5,4 millones de casas, de las que 3,4 millones fueron protegidas. El 63% de ellas. Desde 1990, ese porcentaje decayó notablemente. Entre 1980 y 2023 se hicieron 11,8 millones de viviendas, de las que solo 2,7 millones fueron protegidas. El 23%. Son cifras del informe Cuatro décadas fallidas de política de vivienda, de CCOO, presentado en octubre del año pasado.
CCOO, en su informe, da otros datos demoledores: "Hoy son necesarios 6,1 salarios brutos medios anuales para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en España —3,9 salarios medios para adquirir una vivienda protegida— y el esfuerzo hipotecario alcanza el 34% de los ingresos medios; el 18,7% de los hogares reside en una vivienda alquilada, porcentaje que sube al 34% en los hogares de 30 a 44 años y el 57% de los hogares de 18 a 29 años".
Cada año, en España, se venden o enajenan entre 40.000 y 50.000 viviendas protegidas. Desde el año 2000, se han privatizado más de 765.000 viviendas protegidas. Apenas 300.000 inmuebles componen el parque de vivienda pública del país, uno de los más bajos de la UE. Dice el citado sindicato que "el parque público de vivienda en España podría constar de 4,7 millones de unidades si la regulación de la vivienda protegida no hubiese permitido su descalificación".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para quien el acceso a la vivienda es "el mayor problema" de las clases medias y trabajadoras y un obstáculo para la emancipación de los jóvenes y para la natalidad, culpa al PP de la situación actual, aunque va para seis años en el Gobierno.
España, con el PP, estuvo casi una década sin política estatal de vivienda, critica Sánchez, que se acuerda de Mariano Rajoy, a quien acusa de "desregular", frenando la construcción de vivienda protegida, que pasó de 115.000 nuevas viviendas al año a solo 5.000.
"Se rescató al sector financiero, se abrieron las puertas de par en par de nuestras ciudades a empresas como Airbnb, se aprobaron las llamadas Golden Visa, que animaban precisamente a los millonarios extranjeros a especular con nuestras casas, y se dejaron a 600.000 familias desahuciadas en la calle", incide Sánchez, que presume de que el precio del alquiler se ha rebajado entre un 3 y un 5% durante 2024 en zonas tensionadas tras la aprobación de la Ley de Vivienda, que tanto costó sacar adelante.
Algunas medidas, por otra parte, no contentan ni a sus socios de Gobierno. Desde Sumar, el ministro Ernest Urtasun muestra su desacuerdo con la exención del 100% del IRPF. En su lugar propone sanciones para quien no cumpla con ese mecanismos de precios. Son propuestas insuficientes, aunque valora el "cambio de tono" del PSOE a la hora de asumir la necesidad de intervenir el mercado de vivienda.
Podemos es más crítico: "Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios. Este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego", señala Ione Belarra, secretaria general de la formación morada.
Diputados rentistas
Un total de 60 diputados de los 346 —son 350 en total— que han publicado sus declaraciones de bienes y rentas ante el Congreso son rentistas. Es decir, cobran rentas por el alquiler de propiedades.
El 17,34% de la Cámara Baja cobra rentas Entre los diputados socialistas, este porcentaje se eleva hasta el 19,33%, ya que 23 de 120 parlamentarios lo perciben. En el PP hay 25 diputados de 137 con propiedades en alquiler, un 18,38%. En la bancada de Vox son el 15,15% —cinco de 33— y en la de Sumar, el 3,7% —uno de los 27 que han mostrado sus declaraciones—.
Estos datos se extraen de las declaraciones voluntarias que hacen públicas los propios parlamentarios, por lo que puede haya alguno más con propiedades en alquiler, ya que es común encontrar errores en el modelo de declaración de bienes del Congreso. La Cámara Baja, tras recibir estas declaraciones, no las revisa ni verifica.
El PP tiene otra 'receta'
"La política de vivienda del PSOE no funciona y, además, nos han mentido constantemente. El número de viviendas que Sánchez dijo que iba a construir es falso", critica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien un día antes que el presidente del Gobierno presentó sus propuestas en esta materia.
Liberalizar suelo, rebajar al 4% el impuesto de transmisiones, ofrecer protección a los arrendatarios para que puedan alquilar sus viviendas, poner a disposición suelos públicos en régimen de concesión para rebajar en un 30% el precio del alquiler o expulsar entre 24 y 48 horas a las personas que ocupan ilegalmente una vivienda, son algunas de las medidas anunciadas por Feijóo.
El jefe de la oposición culpa a Sánchez de la "crisis inmobiliaria" que sufre España, denunciando que haya optado por una política "intervencionista y demagógica", lo que "encarece los precios".
El líder del PP reta al presidente del Gobierno a rebajar al 4% el IVA de la vivienda, como ha hecho el PP con el impuesto de transmisiones. Feijóo defiende que los suelos públicos "sin utilizar" deber ser destinados a vivienda protegida con precio tasado para facilitar su compra o alquiler, principalmente a jóvenes que ahora mismo "ven imposible" acceder a un piso.