El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy ha encontrado un resquicio legal para perseguir los pisos turísticos ante la inacción del Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos en la regulación de esta práctica. El departamento de Bustinduy va a explotar sus competencias al máximo para limitar estos inmuebles desde la publicidad.
En este sentido, el Ministerio, desde la Dirección General de Consumo, ha abierto una investigación sobre potenciales prácticas comerciales desleales en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico. Las multas podrían llegar a 100.000 euros.
En este país se ha normalizado la proliferación de pisos turísticos ilegales. Si una vivienda no tiene licencia, no debería poder publicitarse.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy) June 5, 2024
Enviamos requerimientos de información a plataformas en aplicación de la Ley General de Consumidores. https://t.co/mPVwtexjtC
Con este procedimiento, Consumo no le 'metería mano' a los pisos turísticos de forma directa, pero al no poder anunciarse los que estén en situación irregular, tampoco podrían ser alquilados de forma temporal. Son prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales y que, por tanto, supondrían una infracción que puede "generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", señalan desde la Dirección General de Consumo.
Según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia, razón por la cual el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de proteger a las personas consumidoras y usuarios ante estas prácticas.
La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito, haciendo especial hincapié, apuntan desde Consumo, "en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general".
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