El barómetro publicado esta semana por el Centro de Estudios Andaluces mostraba una novedad relevante. La vivienda 'se colaba' en el cuarto lugar de los problemas que más afectan a los andaluces. Apenas 24 horas más tarde, el Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno ha comenzado a tramitar el anteproyecto de una nueva Ley de Vivienda para Andalucía, aunque el presidente andaluz ya había dado algunos detalles en las intervenciones que ha realizado en los últimos meses.
La norma surge como respuesta a la Ley de Vivienda que ha aprobado el Gobierno de España y que establece cuestiones novedosas como la posibilidad de declarar zonas tensionadas y limitar los precios de las viviendas. La particularidad de la vivienda es que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que deben ser los gobiernos regionales quienes apliquen la ley. Sin embargo, la mayor parte de las comunidades autónomas están gobernadas actualmente por el Partido Popular, formación que dejó claro que no iba a hacer uso de esta nueva reglamentación.
Pese a ello, Juanma Moreno ha vuelto a arremeter contra la ley estatal, a la que acusa de provocar inseguridad jurídica y la retirada de viviendas del mercado. "La Ley Estatal de Vivienda no da resultado. Activamos el anteproyecto de una ley propia en Andalucía con objetivos claros: Aumentar la oferta para bajar los precios, dar seguridad y equilibrio e incrementar VPO", ha manifestado el presidente andaluz en un mensaje que a los pocos minutos estaba lleno de reproches por no aplicar dicha ley.
La nueva norma andaluza, que se apoyará en la ley del suelo conocida como Lista, está en fase preliminar. De hecho, la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, ha dejado claro que no comenzará su tramitación parlamentaria hasta marzo de 2025, lo que daría apenas un año para que se aprobase definitivamente en la actual legislatura.
La ley recupera las viejas recetas del liberalismo: liberalización de suelo y bajada de impuestos. No obstante, la Junta insiste en que todas estas medidas van destinadas a que aumente el número de vivienda de protección oficial. El Gobierno tiene contemplado declarar áreas prioritarias de vivienda en aquellas zonas donde acceder a una vivienda es más complicado. De la misma forma, Díaz ha anunciado que se van a concentrar muchos recursos para el alquiler social con incentivos y subvenciones para constructores y promotores de vivienda de VPO, la declaración de obras de urgencia o ayudas al alquiler y la compra con el objetivo de hacer la vivienda accesible para los andaluces.
Según la Junta, el texto cuenta con aportaciones del sector, aunque al nombrar a los agentes que forman parte del sector, la consejera ha hecho referencia a constructores y promotores. "Es una ley que surge del diálogo y no a partir de la imposición como la fallida ley estatal", ha afirmado. Sobre la norma nacional, la Junta ha denunciado que se haya hecho un "uso electoralista e ideológico de la vivienda" y ha criticado "el intervencionismo agresivo del Gobierno central".
Un plan de choque para los próximos años
El Gobierno andaluz ha incluido una disposición adicional primera para hacer frente al problema de la vivienda con un plan de choque, que actuará de forma inmediata y pondrá a disposición suelos y nuevas viviendas que destensen un escenario que está marcado por la ley estatal de vivienda.
Este plan permitirá construir VPO en suelos dotacionales sin acudir a la modificación de los PGOU siempre que se destinen a vivienda protegida en alquiler permanente. Además, se podrá construir VPO de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado y permitirá un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.