"Nos hemos congregado hoy para pedir algo revolucionario: Queremos que se aplique la ley. De nada sirve contar con el sistema normativo más avanzado del mundo si los que tienen la responsabilidad máxima de aplicarlo no lo hacen. Pedimos justicia real”. Ni más, ni menos. Esa es la primera reivindicación que se ha escuchado en la Plaza Nueva de Granada, frente al Tribunal Superior de Justicia Andaluz, en la concentración de apoyo de este martes a Juana Rivas.
Una plaza emblemática, donde se han sucedido una tras otra las manifestaciones del movimiento feminista a favor de la madre de Maracena desde hace ya más de ocho años. Algo de más de un centenar de personas soportaba pancartas con todo tipo de mensajes críticos con el sector judicial, el desamparo de las madres frente a la violencia vicaria y apelando, concretamente, a que el hijo de Rivas, Daniel, todavía un niño de once años, se quede definitivamente con su madre.
La manifestación viene precedida por la desestimación del recurso interpuesto por Juana Rivas y su hijo mayor, Gabriel, ya mayor de edad, contra su padre, al que acusaban de amenazas, coacciones, y mensajes intimidatorios. Así lo decidió este lunes la magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 2 de Granada, que sumaba así un capítulo más a las controvertidas decisiones judiciales que han inundado el caso desde que Rivas decidió en el verano de 2016 esconder a sus hijos para salvarlos de su maltratador. La única decisión judicial a su favor, de hecho, ha sido la de permitir que Daniel se quedara en España de forma provisional al ser investigado el padre, Francesco Arcuri, por malos tratos al menor.
“Frente a un sistema que en demasiadas ocasiones desprotege a las mujeres, dicen que la crítica a algunas resoluciones judiciales es negativa, nosotras decimos que lo realmente genera desconfianza en las víctimas son los datos, que resultan verdaderamente alarmantes”, ha insistido Paqui Fullerat, portavoz de la Plataforma 8M/25N contra la Violencia de Género de Granada.
Rivas, que ha servido como símbolo que ha puesto sobre la mesa las consecuencias de la violencia vicaria en España en la última década, se encuentra entre “otras muchas mujeres y sus hijos” que siguen desamparadas frente a sus agresores. “El propio Observatorio Estatal de la Violencia de Género, en su informe del 2023, que se repite en 20 recoge que, del total de las órdenes de protección adoptadas, solo en un 12,75% suspendió el régimen de visitas del padre maltratador, cuando legalmente desde 2021 esta debe ser la regla general. Solo en un 0,59% se tomaron medidas para impedir perjuicio al menor ¿Cómo es posible que la regla se convierta en la excepción?”, ha señalado.
“Nuestro país no puede permitirse tanto sufrimiento, ni una infancia desprotegida con los impactos irreversibles que sabemos que conlleva para su vida y para la sociedad”, ha apuntado la portavoz, que ha resaltado igualmente la necesidad de defender a las instituciones judiciales encargadas de la violencia de género frente a la precarización y la falta de medios. El comunicado, que ha tenido igualmente resonancia en varios lugares de España, ha sido aplaudido y continuado con lemas y consignas por parte de las muchas asociaciones de mujeres que se ha acercado a seguir apoyando a la madre de Maracena. Todo en un espacio emblemático, la Plaza Nueva, recordado, sobre todo por estos colectivos, por ser el mismo lugar donde ya se manifestaran tras el asesinato de Ana Orantes hace ya 27 años.
Juana Rivas, un símbolo contra la violencia vicaria
Por su parte, Rivas, que no se ha pronunciado apenas en los medios de comunicación en los últimos años, ha querido tener una muestra de agradecimiento con las movilizaciones de esta tarde y el movimiento feminista que por todo el país le ha seguido apoyando mientras ha sido víctima de una triple violencia: mediática, judicial y de género. Tras conseguir, incluso con un paso por instituciones penitenciarias, que sus dos hijos no vuelvan con su padre, ha querido compartir unas palabras en un breve vídeo, donde ha destacado la necesidad de que sus hijos puedan vivir “en paz” y respecto a lo "que les toca a su edad”.
“Han pasado cosas muy importantes. Agradecer a las personas que nos han apoyado y ayudado. A las instituciones y a las personas que están detrás de ellas y que han escuchado a Daniel. Él es el que necesita ser escuchado y ayudado en este momento. Queremos pedir que sean escuchados. Que Gabriel y Daniel sean escuchados. Eso es lo que nos da la tranquilidad de que Daniel siga aquí. Ayer cumplió 11 años. Su madre lo único que ha peleado y luchado es para que tengan una vida fuera de la violencia”, ha apuntado Rivas.
La batalla en los juzgados: la defensa de Rivas clama contra la "imparcialidad"
Mientras tanto, la discusión en los juzgados de la defensa de Rivas continua. Por una parte, el despacho de abogado Aranguez, quien comanda su equipo jurídico, ya ha pedido la recusación de las dos juezas de Violencia sobre la Mujer de Granada que han intervenido en su caso para que sean apartadas del mismo. Todo alegando una pérdida de " imparcialidad" al haber apoyado un manifiesto en el que 107 jueces especializados en este tipo de violencia de todo el país respaldaron la tramitación que se ha hecho de la causa tras desentenderse y declararse no competente en lo que se refiere a la custodia del hijo menor, Daniel, y esperar a que la investigación por malos tratos se resuelva en Italia. El Consejo General del Poder judicial ha admitido a trámite esta petición de amparo para que se les asigne otros jueces.
Los frentes, sin embargo, no quedan ahí. El Juez Manuel Píñar, ya jubilado y que fue quien sentenció a Juana Rivas por sustracción de menores y declaró que esta “era un peligro para sus hijos”, ha declarado en calidad de investigado esta misma semana ante el Juzgado de Instrucción 3 de Granada por una denuncia presentada por el propio Carlos Aránguez, letrado de Rivas, por atentado contra la intimidad y falso testimonio. En este caso, tiene que ver con un tema entre ambos, abogado y juez, pero no es el único proceso abierto donde está implicado Píñar. La tensa relación a lo largo de esta década con el magistrado por parte de la defensa, rozando lo personal y denunciada en múltiples ocasiones por los colectivos feministas, le han deparado todavía dos procesos judiciales abiertos: tanto por delito de odio contra Rivas en las redes sociales, como por injurias contra Aránguez.
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