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Las familias del alumnado de primero de ESO del IES Camilo José Cela de Campillos (Málaga) han decidido iniciar una serie de movilizaciones en señal de protesta por la no concesión de una tercera línea educativa.
Tras una reunión con el delegado de Educación de Málaga, Miguel Briones, la parte afectada no ha quedado nada satisfecha, ya que desde la administración no han aportado ninguna solución al problema de la elevada ratio.
Por ello, a partir de este lunes, las madres y padres han acordado poner en marcha un paro académico. El alumnado de primero de ESO no asistirá al centro y las familias llevarán a cabo una asamblea informativa desde primera hora en la puerta del instituto.
El Ayuntamiento, la Ampa, los docentes del centro y las familias aseguran que la argumentación planteada por Miguel Briones y la responsable del Servicio de Planificación y Escolarización, Eva Sánchez, no encuentra respaldo en ninguna normativa. El Real Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, sólo recoge dos casuísticas en las que se pueda autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad escolar: para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía o por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria.
Las matrículas de siete alumnos repetidores que estaban notificadas en julio no se tratan de incorporaciones tardías ni de traslados de la unidad familiar, como han pretendido justificar desde Educación. La comunidad educativa de este instituto entiende que no procede superar la ratio de 30 alumnos por clase. Por lo tanto, no procede superar la ratio de 30 alumnos por clase. En estos momentos hay una clase con 33 y otra con 32 alumnos.
El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha manifestado al respecto que ""hemos realizado multitud de consultas y todas coinciden: no hay legislación ni normativa alguna que sustente lo que dicen desde Educación para no solucionar el problema y cumplir con la ratio que marca la ley, así que no nos queda más remedio que respaldar todas las medidas que planteen las familias de los niños y niñas afectadas por una decisión que ni entendemos ni compartimos y agotaremos todas las vías a nuestro alcance para que se atiendan sus justas reivindicaciones".
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