Desde que a primeros de junio se conociera que la Guardia Civil había detenido a cinco personas pertenecientes a un grupo delictivo dedicado a facilitar beneficios penitenciarios a internos del Centro Penitenciario Puerto III, este centro está bajo sospecha. El exdirector fue puesto en libertad con cargos, junto a otros cuatro detenidos, entre los que se encontraba el administrador del centro penitenciario.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió "cautela" respecto a la investigación sobre beneficios penitenciarios de trabajadores en la cárcel de El Puerto de Santa María pero sí ha afirmado que, "de ser ciertos los hechos", habrá ""olerancia cero".
La trama de corrupción se conoció a través de testimonios de reclusos y de familiares. El programa En boca de todos ha dado a conocer el contenido de unos audios en los que un recluso dice haber recibido amenazas. "Me ha llegado el parte grave, ¿vale? A mí no me pueden registrar la celda sin estar yo presente. Además, me han hecho un cacheo integral sin firmar ningún tipo de papel. Encima me han amenazado con pegarme un puñetazo en el pecho. Tengo tres días para alegar cualquier cosa, a ver qué cojones hago porque claro esto es una mancha ahora".
El sindicato Tampm de los tres centros penitenciarios de El Puerto de Santa María ha emitido un comunicado porque consideran que l colectivo de trabajadores es objeto de graves acusaciones de forma gratuita desde los medios de comunicación. "La difusión irresponsable sin fundamentos puede tener efectos devastadores La presunción de inocencia no existe en prisiones".
"En los últimos días, el colectivo de trabajadores de prisiones del Centro Penitenciario Puerto III ha sido objeto de graves acusaciones que han causado gran preocupación y confusión en la comunidad. Estas acusaciones, que implican delitos serios, han sido lanzadas sin pruebas y, en muchos casos, sin siquiera una investigación adecuada por parte de las autoridades competentes", señalan.
"Desde el Sindicato de Prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) queremos dejar en claro los siguientes puntos: en cualquier sociedad democrática y justa, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Ningún individuo o colectivo debe ser condenado públicamente sin un proceso judicial que determine su culpabilidad de manera fehaciente".
"Hasta la fecha, no se han presentado pruebas concretas que respalden las acusaciones vertidas gratuitamente contra este colectivo de trabajadores. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y objetiva antes de emitir juicios que pueden dañar irreparablemente la reputación de los involucrados. La difusión irresponsable de acusaciones sin fundamento puede tener efectos devastadores, no solo para estos trabajadores, sino también para sus familias y la comunidad en general", añaden.
"El sensacionalismo y la especulación no deben reemplazar el rigor y la responsabilidad informativa. Partiendo de la base de que defendemos el respeto de los derechos humanos, así como el derecho al honor y la presunción de inocencia, creemos que nadie debe ser sometido a una persecución mediática o social sin que se haya producido el correspondiente proceso legal y se haya demostrado su culpabilidad más allá de toda duda razonable", piden.
"Es por ello que hacemos un llamamiento a la comunidad y a los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad y no perpetúen la difamación sin fundamento. Instamos a las autoridades pertinentes a que realicen una investigación imparcial y detallada, y exhortamos a la comunidad a mantener la calma y la objetividad, recordando que la justicia debe prevalecer sobre el prejuicio y la sospecha infundada. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y el respeto por los derechos de todos los individuos. Esperamos que este proceso se resuelva de manera justa y transparente, y que se protejan los derechos y la dignidad de todos los involucrados", finalizan.
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