“Queremos ordenar El Palmar, nacimos con ese interés”, expresa Manolo Martín, portavoz y vicepresidente del Pavip, la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de El Palmar, que apenas tiene un año de vida. La gran esperanza de la entidad, formada por vecinos de la pedanía de Vejer, pasa por acogerse al Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares aprobado por la Junta de Andalucía en septiembre de 2019, que pretendía resolver la situación de más de 300.000 familias en toda la comunidad. “Parecía que estaba hecho a medida para El Palmar”, señala Martín, pero la realidad es que poco o nada se ha avanzado desde entonces.
“Hemos planteado dos planes especiales”, anuncia el portavoz de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de El Palmar, que se queja de la falta de agilidad en un procedimiento que se prolonga ya demasiados años. El movimiento vecinal, tras reunirse con el Ayuntamiento vejeriego, decidió contratar con sus propios medios a un equipo técnico —“nos dijeron que era la única vía”— y se hicieron con los servicios de un abogado, dos arquitectos superiores, dos arquitectos técnicos, un topógrafo y un delineante, que han dado forma a dos planes especiales para “elevar nuestras propuestas para El Palmar”.
Una planimetría de la zona facilitada por el Consistorio, fechada en 2013, cifraba en unas 600 las edificaciones ilegales existentes en El Palmar, aunque el Pavip, gracias a imágenes de Google Maps, pudo constatar la existencia casi 2.400 hasta 2018. “Pero se ha seguido edificando, por lo que calculamos que ahora hay entre 2.500 y 2.600”, agrega Manolo Martín. “Hemos propuesto al Ayuntamiento la realización de dos planes especiales para ordenar el territorio”, insiste el portavoz de la plataforma, “queremos dotar a El Palmar de infraestructuras de las que carece, como agua, alcantarillado y alumbrado, pero no nos han hecho ni caso”.
“Ordenar El Palmar no es echar asfalto en los carriles”, expresa sobre las actuaciones recientes de la Administración local, “sino que pasa por terminar el Plan General, que no lo vamos a terminar nunca, o poner en marcha los planes especiales a los que hace alusión el Decreto de 24 de septiembre del año pasado”. El Palmar llegó a estrenar en 2008 una Oficina de Planeamiento, dirigida por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía —adscrita a la Junta de Andalucía—, que pretendía regular más de 700 viviendas ilegales —según estimaciones del Gobierno andaluz— y parcelas libres.
El Ayuntamiento de Vejer, casi una década después, apuntaba en declaraciones a lavozdelsur.es que “el proyecto de urbanización que en su día aprobó la Empresa Pública de Suelo era mastodóntico y carísimo”. El Consistorio apostaba entonces por aplicar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), pero la realidad se ha terminado imponiendo. “Hemos elaborado el PERI, modificado y adaptado al nuevo sistema para que los vecinos lo apoyen, y que sea rentable y viable tanto para ellos como para el Ayuntamiento, pero cuando lo tenemos en exposición pública, vemos que hay que empezar de nuevo porque hay el doble de viviendas previstas que las que hay en ese primer momento”, contaba José Ortiz, ex alcalde de Vejer y ahora senador del PP por la provincia, en una entrevista de hace unos meses en lavozdelsur.es.
Los vecinos, mientras tanto, siguen esperando una solución a un problema que se eterniza. “El Palmar es una realidad imparable y a alguien le va a explotar en las manos”, señala Manolo Martín del Pavip, quien considera que “hay que poner coto a este desmadre cuanto antes”. Él, dice, no le pide al Ayuntamiento “que diga qué va a hacer ahora, le pido un plan a largo plazo, que haya un proyecto para El Palmar”. Un horizonte hacia el que avanzar. “Cuando termina un Plan General, dentro de diez o 20 años, la realidad del territorio es otra, pero un plan especial se puede ejecutar en un plazo de entre dos y cinco años, implantando las infraestructuras paso a paso, no todas a la vez”, señala Martín.
La plataforma calcula que los vecinos de El Palmar aportan cada año a las arcas municipales de Vejer más de 850.000 euros en materia de impuestos, y eso sin contar los abonados por los negocios de hostelería, y se preguntan qué parte de esta cantidad revierte en una pedanía que no tiene servicios básicos como suministro de agua, alcantarillado y alumbrado. “¿Por qué no se acaba con el desorden en El Palmar?”, se pregunta Martín, quien tiene la teoría de que tiene mucho que ver “los importantes ingresos que suponen las multas y sanciones por obras ilegales”.