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El concurso público para que 1,5 millones de funcionarios sigan recibiendo como hasta ahora atención sanitaria en la privada ha quedado desierto. Tres aseguradoras, Adeslas, Asisa y DKV, eran la que prestaban este servicio hasta ahora, pero han decidido no presentarse para el periodo de 2025-2026.
La queja de las aseguradoras es que el sistema estaba infrafinanciado. Por ello, el Gobierno decidió este mes de octubre incrementar la prima en un 17%, pero las compañías consideran este esfuerzo como insuficiente. De hecho, como recoge eldiario.es, ni siquiera el incremento del 25% les parecía una cifra que les permitiera mantener el sistema.
Buena parte de los funcionarios públicos, alrededor del 80%, están adscritos en un sistema, el de Muface, que les saca de la sanidad pública y le ofrece la opción de tener sanidad privada. En el contexto actual, supone evitar las listas de espera para la atención en la pública, que según el tipo del que hablemos, supone muchos meses de espera.
En Andalucía, hay más de un millón de personas a al espera de intervención o para cita con el especialistas. Está por encima de la media en cuanto al tiempo: 169 días, un mes más que en 2023. Casi un tercio de ellos espera más de seis meses.
Para las comunidades autónomas, como administración competente en atención sanitaria, absorber a esa masa de funcionarios sería un problema importante que no haría más que dificultar la situación. Igualmente, dificultaría la situación para las clínicas privadas, cuya masa de negocio está históricamente sostenida en parte por los funcionarios.
Por el momento, el Gobierno tiene previsión de volver a sacar el concurso, y es de esperar que con una cuantía superior. Y en el corto plazo, según la Ley de Contratos del Sector Público, el 1 de enero quedaría prorrogado el contrato actual por cierto periodo.