El Gobierno de Pedro Sánchez llevó el pasado martes al Consejo de Ministros la modificación de la ley de extranjería para redistribuir menores migrantes entre comunidades autónomas. El Real Decreto Ley, incluido a última hora en el orden del día del Consejo de Ministros, una vez que se amarró el apoyo de Junts —que votará a favor del cambio legislativo cuando deba votarse antes de 30 días en el Congreso— ha llegado 48 horas más tarde al Parlamento de Andalucía.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Hospital de Las Cinco Llagas, en Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha tenido que sufrir las andanadas especialmente de Vox durante la sesión de control celebrada este jueves, ha asegurado que acatará la ley, pero no ha ocultado que se trata de un nuevo "atropello" a las comunidades autónomas.
"Se nos ha impuesto una decisión sin consultarnos, sin hablarlo con nosotros, sin dialogar; no resulta ni razonable, ni sensato ni equilibrado aceptar la imposición de un independentista prófugo de la justicia", ha asegurado en referencia al ex presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont. El barón autonómico ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar sin "lealtad institucional" y de tratar a los menores como si fueran "paquetes de Amazon".
En esta línea, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha tildado de "subasta de niños" el decreto aprobado por el Gobierno de España para el traslado de menores migrantes no acompañados a las distintas comunidades.
"Auténtica barbaridad"
Durante la sesión de control del pleno del Parlamento, López ha lamentado que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, es "una nueva cesión al independentismo catalán, como lo fueron los indultos, la amnistía y la cesión de competencias en materia de migración" y ha lamentado que "Sánchez haya convertido la política migratoria en un juego de tronos con niños como trofeos para mantener el sillón en la Moncloa".
Además, la consejera ha recordado que el Ejecutivo "sigue sin querer saber absolutamente nada de los 605 menores migrantes no acompañados que ha metido en Andalucía por la puerta de atrás —en los últimos meses—, bajo la apariencia de adultos". Según lo pactado, Andalucía sería, tras Madrid, la segunda comunidad que más menores recibiría para aligerar la tensión migratoria en Canarias y Ceuta: unos 800 menores.
López ha advertido que el decreto aprobado el martes "blanquea lo que el Gobierno lleva haciendo muchos meses, ya que recoge que trasladarán menores, sepan o no sepan su edad; auténtica barbaridad".
Puigdemont quiere expulsar a migrantes de Cataluña
En esta línea, la titular de Inclusión Social ha hecho hincapié en que "a pesar de que el Ejecutivo se muestra muy progresista y muy humano, ha pactado este decreto con Puigdemont, que ha dicho que va a expulsar a las personas migrantes de Cataluña mientras Sánchez nos pide solidaridad al resto de comunidades autónomas".
"Este decreto beneficia a Cataluña a costa del resto de comunidades", ha dicho, negando que el Gobierno haya transferido 50 millones a Andalucía para la gestión de estos menores no acompañados. "Esto es falso, ya que según recoge el documento oficial de la Conferencia Sectorial del mes de junio en donde se acordó el reparto de la financiación se recogen 1,6 millones para Andalucía", ha zanjado.
En su línea habitual, la portavoz de Vox, Purificación Fernández, en una pregunta dirigida a la consejera sobre servicios sociales, ha incidido en que el estado de estos en Andalucía "deja mucho que desear", y ha pedido a la consejera que "recuerde a los andaluces que su política de fronteras abiertas ha provocado que cuelen a 800 menores migrantes no acompañados más", donde según Fernández "no hay recursos para los andaluces, pero sí para los de fuera".
"Esos menores donde tienen que estar es con sus padres en sus países y no bajo la tutela de una Administración ajena, lo que tiene que hacer el Partido Popular es oponerse y no ceder al chantaje en el reparto de la inseguridad y de la delincuencia de Sánchez", ha reiterado la portavoz de Vox.
"Grave ataque a la Constitución"
A todo esto, eEl Parlamento de Andalucía ha aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular Andaluz (PP-A) que expresaba su "más profundo rechazo" al acuerdo entre el PSOE y Junts sobre políticas migratorias. La PNL considera que dicho acuerdo supone un "grave ataque" a la Constitución y al marco común europeo, especialmente en lo relativo al control de las fronteras del espacio Schengen, comprometiendo la seguridad nacional y generando desigualdades entre los españoles.
La iniciativa constaba de diez puntos que se votaron por separado; todos fueron aprobados con los votos del PP-A y el respaldo de Vox en seis de ellos, mientras que el PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía votaron en contra. Entre las demandas de la PNL, se incluye que el Gobierno central reconsidere su política de acuerdos con partidos independentistas y promueva la retirada de la proposición de ley orgánica presentada en el Congreso que recoge el acuerdo entre PSOE y Junts sobre políticas migratorias.
Además, el Parlamento andaluz ha expresado su apoyo a que, en caso de que la citada proposición de ley sea finalmente aprobada, tanto los servicios jurídicos de la Junta como los de la Cámara estudien la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la misma. La PNL también rechaza el "racismo y la xenofobia nacionalista" contenidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts, señalando que se llega a equiparar con extranjeros a los españoles no nacidos en Cataluña.
Durante el debate, el diputado del PP-A, Pablo Venzal, criticó la "cesión de competencias ignominiosa a Cataluña" acordada entre el PSOE y Junts, plasmada en una proposición de ley orgánica firmada con el partido de Carles Puigdemont. Por su parte, el parlamentario del PSOE-A, Josele Aguilar, acusó al PP-A de poner el Parlamento andaluz al servicio de la estrategia de confrontación del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el Gobierno de Pedro Sánchez.
