Este año se cumple el vigésimo aniversario de la apertura del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de La Piñera, en Algeciras, que fue el primer CIE de Andalucía. Y, también este año, se abrirá el nuevo centro en Botafuegos, en la misma localidad. Esta misma semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba en una visita a la ciudad que este nuevo CIE, con capacidad para 500 personas, se abriría antes de que finalice 2024.
Estos dos motivos fueron los que llevaron a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) a dedicar su informe 'Frontera Sur' anual a analizar la situación de estos centros. Decidieron, así, hacer un recopilatorio comunitario, en el que han participado catorce organizaciones.
"Los CIE son espacios sin derechos para personas migrantes, principalmente porque no solo denuncian vulneraciones de derechos las ONG, sino incluso personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han trabajado allí, incluso jueces y juezas han determinado que no son espacios en los que las personas puedan estar", explica Ana Rosado, coordinadora del informe de Apdha. Apunta, asimismo, que "en principio son un espacio en el que se tiene que cumplir esa privación de libertad para materializar la expulsión, pero no solo se priva de libertad, sino también de otros derechos fundamentales: a las comunicaciones, a la intimidad, a la alimentación apropiada, incluso el derecho a la sanidad".
El informe Frontera Sur 2024 analiza cada uno de los nueve CIE que se reparten por todo el territorio nacional, dedicando espacio también al que se abrirá próximamente en Algeciras. Y arroja algunos datos: desde 2011, un total de 83.133 personas han sido retenidas en centros de internamiento para extranjeros, a pesar de que más del 50% de las mismas no podían ni fueron finalmente deportadas. ¿Qué sucede en ese 'limbo'? "Los CIE, sobre todo los que están cerca de la costa, en su mayoría tienen población africana. Entre que verifican la información, se ponen de acuerdo con el país de origen para que acepte la devolución, compran el billete… Ahí se pasan los 60 días", que es el tiempo máximo que puede permanecer una persona en un CIE, explica. En muchas ocasiones, dice, terminan en la calle "con una mano delante y otra detrás".
Para Rosado, los CIE funcionan como "elemento de represión y de castigo", son "un elemento represivo más a la hora de vulnerar los derechos de las personas migrantes". En ese sentido, señala que una de las principales conclusiones que han obtenido de la realización del informe es que en estos centros "la pena privativa de libertad es un elemento que se utiliza para personas que no han cometido ningún delito. La entrada en un puesto no habilitado no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Penal, sino que es una sanción administrativa, y se está utilizando el máximo castigo para una sanción administrativa". Recuerda también que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho a la libertad de movimiento.
Rosado explica que "la política migratoria que tenemos no es una política de acogida ni de integración. El dinero que se gastan es en la expulsión, en vez de hacer políticas de acogida". El protocolo es el siguiente: Salvamento Marítimo recibe la alerta y actúa para rescatar la embarcación y la traslada a puerto. Allí, son recibidos por la Guardia Civil, mientras Cruz Roja proporciona asistencia sanitaria y humanitaria. En los Centros de Acogida Temporal para Extranjeros (CATE) "se les hace la filiación, o sea, se les toma la huella y la fotografía, y se les hace firmar el acuerdo de devolución. En teoría deberían tener asistencia jurídica, con la información sobre la petición de asilo, y un intérprete, y pueden estar ahí hasta 72 horas. De nuevo, no han cometido ningún delito y están encerrados". De ahí normalmente pasan al CIE o, en algunos casos, a recursos de ayuda humanitaria que prestan las ONG. También hay otras situaciones, como el caso de solicitantes de asilo, menores o mujeres embarazadas.
El grupo más numeroso de personas en estos centros es el de magrebíes, una situación que se ha intensificado en los últimos años. Otro de los datos que arroja el informe es el notable descenso en los internamientos: en estos tres últimos años el total de personas internadas ronda las 2.000. En los primeros años de la década pasada, se superaron las 11.000 personas al año.
El informe también explora particularidades de cada uno de los centros, y recoge tragedias como las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche e Idrissa Diallo en el de Barcelona.
La tendencia del balance migratorio es clara, según apuntan desde Apdha. En 2023, accedieron de forma irregular a España 58.267 personas por vía marítima y terrestre. Según el seguimiento que lleva a cabo Apdha, es el segundo año de la serie histórica de entradas por la frontera sur española en el que más personas han accedido a territorio español; seguido de 2018 y 2021.
Ana Rosado es clara al respecto: "La tendencia que hemos observado desde hace cinco años, es la que nos tememos que va a seguir sucediendo, y es lo que hemos llamado el 'efecto Markaska', toda esa inversión en los territorios de llegada, con la securitización de las fronteras, sobre todo, a través de los acuerdos con Marruecos. Esa criminalización de las personas migrantes va a seguir, a pesar de que estemos con 'el Gobierno más progresista de la historia'. El discurso puede variar, pero las prácticas son las mismas". Y recalca que "van a seguir aumentando las muertes, eso que lo tengamos clarísimo, pero no va a tener efecto disuasorio, la gente va a seguir intentando buscarse la vida". El pasado año, 2.789 personas perdieron la vida o desaparecieron cuando trataban de llegar a territorio español.