Hace semanas que el conflicto está servido, pero desde el día de Reyes no ha hecho más que crecer. Era, además, el cumpleaños del chico de la casa en la que está planeada la instalación de la antena móvil 5G, en el barrio de La Nana de Los Palacios, en la provincia de Sevilla, y centenares de vecinos de los que se oponen a ello se plantaron en la puerta de la vivienda para protestar. “Estamos viviendo un infierno”, asegura el matrimonio, que el año pasado aceptó firmar un contrato con Telefónica para que la empresa de telecomunicaciones instalara la antena en su azotea.
“Nos oponemos rotundamente a la instalación de esa antena en una vivienda particular de la calle Vendimiadores por la salud de nuestros niños, de las personas mayores, de los enfermos y también por los efectos que esta antena tendrá a medio y largo plazo”, dicen los vecinos en las octavillas, las redes sociales y los mensajes de móvil que no paran de circular estos días. Incluso en las puertas de los colegios han repartido papeles con estos mensajes para una recogida de firmas. “Exigimos que su instalación se haga fuera de nuestra zona residencial”.
Así se lo han trasladado al propio alcalde, Juan Manuel Valle (IP-IU), que ha recibido a cinco representantes vecinales después de que el propio día de Reyes se fueran desde la casa en la que se tiene planeado instalar el artefacto al domicilio particular del propio regidor palaciego para exigir soluciones. “Somos un movimiento vecinal de 250 viviendas afectadas por la expansión de la radiación de dicha antena, además de todos nuestros familiares, que presencian cómo va a empeorar nuestra calidad de vida incluso pagando nuestros impuestos”, han añadido los vecinos que están en pie de guerra y en cuyos conflictos ha tenido que intervenir ya la Guardia Civil.
“Estamos muy asustados y hemos tomado la decisión de no hablar más con ellos, porque no estamos haciendo nada ilegal, porque ya tenemos un abogado que nos ha asegurado que no estamos haciendo nada malo y porque lo último que íbamos a soportar es que nos apedrearan la ventana, como ocurrió hace unos días, con mi niño jugando en el salón”, explica la dueña de la vivienda a lavozdelsur.es.
Su marido, igualmente sobrepasado por las repentinas pintadas en su fachada, insiste en que la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, la Junta de Andalucía y los expertos que ellos han consultado antes de tomar la decisión de que se instalara la antena en su casa señalan que los efectos son inocuos, que “más radiación emite el microondas de cualquier casa y a nadie le preocupa eso”. Su mujer señala que en el pueblo ya hay otras ocho antenas exactamente iguales, la última de las cuales se ha instalado en un bloque de apartamentos turísticos, y nadie se ha quejado. “No hay ocho antenas de este tipo, sino diecinueve ya”, ha matizado el alcalde, con el que también ha contactado lavozdelsur.es dadas las dimensiones del conflicto.
En este sentido, el primer edil palaciego ha explicado que, para este tipo de antenas, “no hace falta que el Ayuntamiento emita ninguna licencia”, sino que “basta con la declaración responsable de quien la vaya a instalar”, aunque, dada la situación de altercado público que se está produciendo, “yo mismo he llamado al subdelegado del Gobierno en Sevilla, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a varios expertos en la materia y en todas partes nos aseguran lo mismo: que la instalación no solo es legal, sino deseable porque desde la propia Unión Europea se está garantizando que todo el mundo tenga cobertura como un derecho fundamental”. Valle les ha explicado la situación a los portavoces del resto de grupos municipales.
En cualquier caso, los vecinos continúan con sus protestas. En este sentido, les han pedido al alcalde y al concejal de Urbanismo, José Manuel Triguero, que “negocien el traslado de esa antena 5G fuera de zonas residenciales del pueblo” y también “que analicen y rebatan esas leyes estatales creadas por grandes empresas de telefonía y estudien o modifiquen nuestras leyes locales en beneficio de los vecinos del pueblo”.
El alcalde ha insistido ya en que tales extremos no son posibles e incluso en que hay jurisprudencia al respecto “porque hay casos en que esas antenas las han instalado con la Guardia Civil custodiando a los técnicos”. “Nos hemos ofrecido a mediar y a explicarles a los vecinos la situación, pero otra cosa no podemos hacer”, ha añadido Valle, después de señalar que “no ya porque él viva a escasos metros también de donde van a poner la antena”, sino porque “si yo mismo o mi equipo de gobierno tuviéramos la más mínima sospecha de que esas antenas hacen algún daño no las permitiríamos”.
"Principio de precaución"
A los vecinos del barrio no parecen convencerles estas razones y apelan al Principio de precaución de la Unesco, adoptado en 2005, según recuerdan en algunas de las octavillas de protesta que reparten desde ayer. “Cuando las actividades humanas pueden desembocar en un peligro moralmente inaceptable, científicamente posible pero incierto, se deben adoptar medidas para evitar o disminuir ese peligro”.
Aunque hay ya una antena de este tipo en la propia biblioteca municipal Generación del 27 –muy cerca de la vivienda en cuestión-, la opinión de los vecinos es que ya hay bastante con una como para que ahora haya dos. Además, añaden que “nuestros hijos reciben catequesis o van a recibirlas en la parroquia del Buen Pastor, situada a escasos metros de la ubicación de la antena”.
Difícil situación para todos
La familia que firmó el contrato para la instalación de la antena ha llegado a tal nivel de “desesperación”, aseguran, “que hasta hemos estado dispuestos a perder los 600 euros mensuales que nos iban a dar durante 15 años”. El problema es que la empresa instaladora ya lleva meses invirtiendo en la azotea “y si ahora renunciáramos al contrato firmado tendríamos que hacer frente a esos gastos y nos penalizarían con 30.000 euros como mínimo”, explica el dueño de la vivienda. “Les hemos explicado a los vecinos que estaríamos dispuestos a renunciar a la antena y también a los ingresos que íbamos a recibir, pero que esa penalización la pagáramos, como mínimo, entre todos, pero aquí nadie quiere pagar nada, así que los que no vamos a soltar dinero, encima, somos nosotros”, añade su esposa.
Cuando la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado sobre los campos electromagnéticos y la salud pública ha asegurado que “la exposición a radiofrecuencia de estaciones de base oscila entre el 0,002% y el 2% de los niveles establecidos en las directrices internacionales sobre los límites de exposición, en función de una serie de factores, como la proximidad de las antenas y su entorno, y esos valores son inferiores o comparables a la exposición a las radiofrecuencias de los transmisores de radio o de televisión”, como se lee en la nota descriptiva 304 de la organización internacional de mayo de 2006. En ese mismo documento puede leerse que “algunas personas consideran probable que la exposición a radiofrecuencias entrañe riesgos, pero ese temor se debe, entre otras cosas, a las noticias que publican los medios de comunicación sobre estudios científicos recientes no confirmados que provocan un sentimiento de inseguridad y la sensación de que puede haber riesgos desconocidos o no descubiertos”.
La propia Telefónica insiste en sus folletos sobre telecomunicaciones en que las ondas electromagnéticas de las antenas son “no ionizantes”, es decir, de las que “poseen tan poca energía que no pueden romper enlaces químicos en un sistema biológico”. En este sentido, explican que “las ondas emitidas por los dispositivos móviles y las antenas de telefonía móvil se denominan radiofrecuencias y son del tipo no ionizante, o sea, del tipo que no tiene suficiente energía como para dañar o alterar a los seres vivos”. Pero la polémica ya está servida en este municipio del Bajo Guadalquivir.