El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.
La norma, que persigue proteger a menores de los efectos nocivos de las redes sociales, el grooming —el engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia con fines sexuales— y las deepfakes de contenido sexual —ultrafalsificaciones usando el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento— se remitirá al Congreso de los Diputados y cuya aprobación "tendrá un claro impacto social para la protección del millón y medio de menores andaluces", ha anunciado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
Freno al acceso indiscriminado
El responsable político ha asegurado que esta ley, que obligará por ejemplo que los terminales móviles vengan con la configuración obligatoria del control parental, "ofrece una solución global al acceso, indiscriminado y sin ningún tipo de control, de los menores a redes sociales y al entorno digital, lo que en ocasiones deriva en la visualización de contenidos que no son propios de la edad, como la pornografía o la violencia de todo tipo".
"Somos conscientes de esta realidad y debemos actuar, como Estado, de forma responsable para tutelar los derechos de un colectivo vulnerable, al tiempo que lo protegemos de forma global, sin menoscabar su derecho a la conexión", ha añadido el delegado.
Puntos clave sobre la nueva ley de protección a los menores
Entre las principales novedades, la ley incorpora a la legislación española nuevos delitos asociados al entorno digital. Uno de los más destacados es la creación y difusión de deepfakes de contenido pornográfico, vídeos manipulados con IAl a partir de la imagen real de una persona. Quienes los produzcan o distribuyan podrían enfrentarse a penas de prisión de entre uno y dos años.
También se endurecen las sanciones por grooming, es decir, la creación de una identidad falsa en internet para contactar con un menor con fines sexuales. Este tipo de delito, ya contemplado en la ley, contará ahora con castigos más severos y con nuevas medidas para impedir la reincidencia.
Otra medida clave del proyecto de ley es la prohibición del acceso a redes sociales a los agresores condenados por delitos digitales contra menores. Esta restricción busca evitar que puedan contactar con nuevas víctimas o continuar con su actividad desde el entorno virtual.
Además, el texto eleva la edad mínima para registrarse en redes sociales de 14 a 16 años, en línea con la preocupación por la madurez digital de los adolescentes. No obstante, aún queda por resolver cómo se llevará a cabo la verificación de edad sin comprometer la privacidad de los usuarios, un punto crítico que sigue abierto al debate.
Un paso hacia la protección digital
La norma incluye la obligación de incorporar de fábrica el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Está previsto que este sistema aparezca por defecto en todos los dispositivos y que se pueda configurar una vez encendido. Este debe ser gratuito para el usuario y fácil de manejar.
El Gobierno considera esta ley como un paso decisivo para proteger a la infancia y adolescencia en un mundo cada vez más digitalizado. Al mismo tiempo, busca responsabilizar a las plataformas y servicios online, que deberán implementar medidas adecuadas para garantizar un entorno seguro y respetuoso.
El proyecto aún deberá pasar por el trámite parlamentario antes de su aprobación definitiva, pero ya ha sido recibido con atención por parte de asociaciones de padres, expertos en ciberseguridad y organismos dedicados a la infancia. Todos coinciden en que regular el uso digital en edades tempranas es una asignatura urgente.
El texto ha sido presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Además, en el proyecto también han intervenido los ministerios de Transición Digital y Derechos Sociales. El proyecto será remitido ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria.