El caso de Raquel Rodríguez, la mujer que plantó cara a la tanqueta que entró en la barriada de El Río San Pedro de Puerto Real, en la huelga del metal de 2021, sigue consumiendo capítulos. Se han suspendido tres juicios por las supuestas injurias de las que se le acusa. El hecho de haber compartido vídeos en redes sociales dio pie a lo que ella considera "una persecución judicial".
El último juicio tendría que haberse celebrado el pasado 3 de noviembre en el juzgado de Lo Penal de Cádiz también se suspendió, como pasó con el previsto para el mes de mayo. En este caso se hizo en espera de diligencias con Facebook, que estaba en proceso de una causa como posible responsable civil al ser la vía por donde se compartieron los vídeos en los que ella denuncia lo sucedido.
El juez tenía que decidir si a Facebook había que darle la opción de ser parte o no como responsable civil. Y es que a Raquel se le acusa por parte del fiscal de delitos de injuria de los artículos 208 y 209, que penalizan las injurias que se hacen mediante publicidad, que son las consideradas graves. Las que no tienen publicidad dejaron de estar penalizadas después de que el Partido Popular despenalizara las faltas y las transformara en delitos leves.
Se reputa un delito de injuria con publicidad a los que se hacen a través de la imprenta, de radiodifusión o por medio de otros sistemas similares. Hay quien entiende que dentro de ese apartado están las redes sociales y otros creen que no son medios de transmitir y quedarían fuera. La decisión del juez que instruye el caso de Raquel es que Facebook se queda fuera, por lo que no tendrá que responder ni criminal ni civilmente de la indemnización por perjuicios.
En declaraciones a este periódico, Raquel no se muestra sorprendida por la última decisión: "Quieren quitar la responsabilidad de Facebook, ya que si hubieran hecho lo contrario tendrían que haber retroactivado el caso y haberlo llevado otra vez a Lo Social de Puerto Real para que se pudiera defender. No han querido meterlo porque tiene mucho poder, está claro. Me están acusando de injurias graves por haber compartido los vídeos, algo que hizo mucha más gente que ni siquiera ha sido llamada a declarar".
"Vienen a por mí. Han desviado toda la responsabilidad, los apaleamientos a la clase trabajadora. Nos gasearon y me llevé siete meses con dos inhaladores. A mí me golpeó la policía, pero eso no existe. Tengo una denuncia puesta a la policía y se ha vulnerado el artículo 14 que dice que todos somos iguales ante la Ley", denuncia.
Raquel no aceptó en 2022 una propuesta que lo habría finiquitado todo. "El fiscal quería que aceptara un acuerdo de que asumira la culpabilidad y que pagara 850 euros y me negué. Después llegó la amenaza de sanción, que subió a 3.300 euros y fue al juzgado de Lo Penal. Se han suspendido por tres veces los juicios, pero yo voy a seguir peleando", afirma convencida.