El día 18 de abril tendrá lugar el juicio por el desahucio del matrimonio al que el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, quiere echar de la casa que tienen en el convento de las Capuchinas de San Fernando desde hace medio siglo. Del 14 de marzo pasó a esa fecha y ahora el Obispado ha querido hacer unas matizaciones al respecto.
Desde el Obispado se dice que sí hubo "un intento de negociación con el matrimonio tras el cierre del convento, al que se le ofreció la posibilidad de un arrendamiento en condiciones ventajosas, una oferta que ellos declinaron, razón por la que se inició el proceso de desahucio, que ahora llega a su juicio", según publica Diario de Cádiz.
También exponen desde el Obispado que el cierre del convento se produce en 2017 "ante la falta de vocaciones y la avanzada edad de las cuatro religiosas que lo habitaban y que esa decisión no depende del obispo de la Diócesis sino de la Santa Sede".
Además, para acabar con los rumores de que la intención del Obispado es especular con el edificio, asegura que la vivienda está fuera del convenio urbanístico para el desarrollo de la zona.
La Asociación Kintsugi, que defiende los intereses del matrimonio que puede ser desahuciado ha respondido a las puntualizaciones del Obispado. "¿Por qué mienten? ¿Qué intentan esconder? Son preguntas que surgen de la información tendenciosa. ¿Tan buena era la oferta presentada a los inquilinos de “un arrendamiento en condiciones ventajosas”? A día de hoy, nos tememos, que ya llevarían varios años fuera de la vivienda".
"Todo huele a un pelotazo urbanístico en toda regla. O quizás el“pelotazo sea en otro lugar de La Isla. Sobre el cierre del convento habría mucho que contar. Decir que el cierre se acomete ante la falta de vocaciones es faltar a la verdad, cuando de todos es sabido el deseo económico que les movía. Habría que recordar lo vivido por las monjas en aquellos años y cómo fueron tratadas.", sentencian.
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