"Nadie está exento de que un familiar desaparezca, y nadie puede garantizar no pasar por ese dolor", sostiene la asociación SOS Desaparecidos, que asegura que denunciará judicialmente el intento de silenciar sus alertas.
La entidad ha anunciado que tomará todas las medidas legales a su alcance para defender tanto su labor como el derecho de las familias a recibir ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas, ya que se ha solicitado la prohibición de la difusión de sus alertas, una decisión que consideran un atentado directo contra la solidaridad, la justicia y la humanidad.
"La búsqueda de desaparecidos no puede ser un mercado ni la exclusividad de nadie", afirman desde la organización, que recuerda que en 2024, gracias a sus alertas, consiguieron localizar a 358 personas en buen estado. "Impedir que sigamos con esta labor es atentar contra la vida de cientos de personas", añaden.
Una labor altruista
SOS Desaparecidos destaca que su actividad se realiza sin ningún tipo de subvención, sin coste para las familias y con el único objetivo de ayudar y colaborar con las fuerzas de seguridad. La asociación está formada por un equipo comprometido y profesional compuesto por 60 coordinadores voluntarios, muchos de ellos familiares de personas desaparecidas.
Además, cuentan con acuerdos de colaboración con unidades caninas, equipos de rescate, pilotos de drones, psicólogos, detectives privados y criminólogos, lo que les permite actuar de manera rápida y eficaz cuando es necesario. Todo ello, insisten, se lleva a cabo con transparencia, profesionalidad y sin recibir un solo euro.
Según denuncia la asociación, desde hace años se han producido intentos de frenar su actividad por parte de algunas entidades, como la Fundación QSD Global. En concreto, SOS Desaparecidos señala que en el Encuentro Anual con Familias de Personas Desaparecidas, celebrado el pasado 17 de marzo de 2025 y presidido por el ministro del Interior, se volvió a plantear la propuesta de que exista una única alerta por desaparición.
La reunión, organizada por el Centro Nacional de Desaparecidos, sirvió —según relatan— para insistir en limitar la capacidad de difusión de otras plataformas, poniendo en duda la eficacia y legitimidad de emitir múltiples alertas. Desde SOS Desaparecidos consideran que esto coarta la libertad de las familias a ser ayudadas y entorpece una labor que ha demostrado ser efectiva.
"¿Por qué prohibir lo que funciona?"
La asociación cuestiona públicamente los motivos detrás de esta intención de silenciar su trabajo: “¿Por qué quieren prohibir una labor solidaria que ha salvado vidas?”, se preguntan. También critican que se quiera restringir el uso de herramientas como la difusión en cajeros automáticos, taxis o sistemas de reconocimiento facial, que pueden resultar claves en las primeras horas tras una desaparición.
Asimismo, advierten: “¿Con qué derecho alguien puede decidir que las familias que piden ayuda no tienen derecho a buscar a su ser querido?”. A su juicio, impedir el acceso a asesoramiento y apoyo gratuito supone un golpe directo a la esperanza de quienes viven la angustia de una desaparición.
SOS Desaparecidos subraya que el tiempo es un factor determinante en la localización de personas desaparecidas. “La difusión inmediata salva vidas”, insisten, recordando que su sistema de alertas ha sido decisivo en cientos de casos. Para la organización, prohibir su actividad supondría dejar a cientos de familias sin ayuda, sin respuestas y sin esperanza.
“Hoy somos nosotros quienes buscamos, pero mañana podrías ser tú quien necesite ser buscado”, advierten. “Nadie está exento de que un familiar desaparezca, y nadie puede garantizar no pasar por ese dolor”. Por eso, hacen un llamamiento a la sociedad para no permitir que “la mezquindad y los intereses decidan sobre la vida de quienes aún pueden ser encontrados”.