Desplazada por la guerra, Oleksandra Kryzhanovska, de 33 años, es una de las más de 124.000 personas a las que España ha tramitado la concesión de protección temporal. Según un balance presentado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la crisis migratoria, en unos meses este país se ha convertido en el cuarto de Europa con la cifra de permisos más alta.
Esta ucraniana huyó como muchas otras de su hogar, Odesa, una ciudad portuaria que se encuentra vigilada por drones y expuesta a la flota rusa. Su marido debía cumplir con el servicio militar y no podía marcharse, pero ella sí. Solo quería poner a salvo a su hijo, de 7 años, por lo que el 1 de mayo de 2022 aterrizó en Barcelona, sujeta a un programa de acogida del Ministerio español. Durante tres meses permaneció en un hotel habilitado como centro de protección internacional donde asistía a clases de español hasta que la misma institución la derivó a Jerez.
El 27 de julio del mismo año llegó al centro de acogida de la ONGD Tharsis Betel, integrado en la plataforma de acción social Diaconía, una de las entidades autorizadas por el ministerio para esta labor. De esta última depende el proyecto Un nuevo hogar que la asociación fundada en 1987 ofrece desde el año 2017.
Esta psicóloga y abogada, que atiende voluntariamente de forma online a personas afectadas por la guerra, no esperaba encontrarse con un sistema en el que asegura haber sufrido “malos tratos, coacciones ilegítimas, trato degradante con grave menos cabo a la integridad moral, imposición de trabajos forzados e injurias de todo tipo”.
Según explica a lavozdelsur.es, durante tres meses esta "temporalmente desplazada" ha estado sometida a “tareas exhaustivas de limpieza con controles permanentes”. La ucraniana detalla que cada lunes se comunicaban las tareas asignadas a cada beneficiario mediante una plantilla.
“Fui asignada a la limpieza de cocina durante seis días. Estuve lavando entre 100 y 150 platos, ollas, hornos, mesas con un controlador de la ONG. Así durante cinco horas diarias”, explica Oleksandra, que cuando le tocaba, colocaba las sillas encima de las mesas y limpiaba el comedor y los baños de uso comunitario utilizados por hasta ocho personas.
"Me sentí forzada"
Cuando finalizaba las tareas, debía avisar al “educador” de la ONGD para que procediera a la revisión de las mismas. “Como un amo, es un procedimiento sumamente humillante”, denuncia. Si se negaba a realizarlas, “me intimidaban bajo amenaza de ser echada a la calle sin sustento económico”. No cumplir con estos deberes suponía cometer una falta grave que podía derivar en la baja obligatoria del programa.
“Afectó a mi dignidad me sentí utilizada y humillada, forzada a cumplir con dichas asignaciones laborales”, expresa la ucraniana.
Este centro aplica el Reglamento de régimen interior del centro de acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, estatuto de apátrida y protección temporal en España, documento del Ministerio, que especifica en su artículo 4 una serie de “deberes”.
Entre ellos, “realizar las labores de limpieza de sus respectivas habitaciones cuando les sean asignadas individualmente o para uso exclusivo de su unidad familiar, y colaborar en la limpieza de las habitaciones, caso de ser compartida con otras personas usuarias, así como de las zonas de uso común del centro, en función de los turnos o calendarios de limpieza que determine la Dirección”.
Una normativa que se debe cumplir no solo en Jerez sino en todos los centros de España. Diaconía, en concreto, ofrece un total de 171 plazas en seis provincias.
La ucraniana considera que son tareas “humillantes”. “Nos dicen que es para aprender, pero nosotros no venimos sin saber cómo se procede al lavado de enseres”, sostiene. Según cuenta, “estas ayudas deberían realizarse sin condiciones laborales algunas, tal y como ha resuelto el Parlamento europeo”.
Además, la ucraniana manifiesta que en esos tres meses ha vivido en “terribles condiciones de alojamiento”, con tres familias en una misma habitación. Trascurrido ese período, logró el subsidio habilitado por el Parlamento de la Unión Europea, 520 euros para alimentos y 489 para vivienda, y actualmente se encuentra instalada en un apartamento.
Pero Oleksandra ha querido compartir su experiencia. Llegó a solicitar a la ONGD la remuneración por las tareas realizadas, petición que fue rechazada. En la respuesta, a la que ha tenido acceso este medio, Tharsis Betel recalca “la voluntariedad del ingreso y permanencia en el Programa de acogida” y que “ella firmó su compromiso de cumplir con las tareas fijadas en el marco de su participación en el Sistema de Acogida de Protección internacional”.
También detalla que las tareas están repartidas de forma equitativa e igualitaria y “se trata de una medida educativa y de higiene, fundamental para poder pasar a la fase II del programa, que incluye un apartamento fuera del centro”.
Cuando la ucraniana recibió la respuesta a su queja, “me sentí más frustrada aún al leer una formulación cínica”. Y asegura que hay más personas afectadas y que nadie alza la voz por temor a represalias. Según dice, dos compañeros no aguantaron las condiciones y terminaron marchándose.
La mujer ha llevado el caso al Juzgado de Instrucción nº4 de Jerez, a Acnur o al Defensor del Pueblo de Madrid, y ha envíado quejas al propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De momento, está “estancado” y lo atribuye a la situación de huelga indefinida en la que se encuentran los letrados.
Tharsis Betel: “Estas palabras son ajenas a la realidad de los centros”
La ONGD ha transmitido a lavozdelsur.es que en el centro “no existe ningún tipo de problemas”. Desde la asociación exponen que en los seis años que llevan trabajando han atendido a unas 580 personas mediante un equipo multidisciplinar que se encarga de la gestión del proyecto.
“La normativa del programa y de los procesos que se hacen está totalmente consensuada con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, que es el que gestiona y supervisa la correcta ejecución del centro. Al ser un programa público hay mucha cantidad de controles a todos los niveles, económico, de supervisión, del equipo. Este programa está muy controlado por el Ministerio, por suerte, que es como debe ser”, sostiene.
Tharsis Betel explica que los beneficiarios colaboran en la limpieza de unas zonas determinadas de uso exclusivo para ellos. “Todas las dependencias del centro donde se ubican las oficinas, las clases de español, la ludoteca, los espacios de almacenamiento y enseres y el comedor se realizan diariamente y en exclusiva por personal de limpieza contratado por la entidad”, dice la ONGD que considera que “estas palabras son ajenos totalmente a la realidad de los centros nuestros”.
Además, añade que el equipo educativo realiza revisiones diarias con el objetivo de indicar a las personas “cómo emplear y utilizar estos productos de forma responsable”. “Evidentemente tenemos personas que se encargan de la limpieza del centro, ellas solo se hacen cargo de sus zonas comunes, sus habitaciones y los cuartos de baño que usan”, expresa la asociación que es la primera vez que recibe una queja de este tipo.
En Jerez hay otros centros de acogida de personas refugiadas, al cargo de CEAin, Accem y Cruz Roja. Según el programa consultado en la web oficial de Cruz Roja Española esta organización ofrece en España plazas de acogida en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y las distintas comunidades autónomas y entidades locales.
Concretamente en el centro de acogida de Jerez, las personas refugiadas “tienen la obligación de limpiar sus habitaciones y se les facilita productos para que puedan hacerlo”. Según explica Cruz Roja a este medio, “no limpian nada de zonas comunes” y no disponen de ningún calendario de tareas.
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