Las personas mayores de la residencia Reifs de Alcalá de Guadaíra no pueden "difundir o transmitir de manera verbal, gráfica y fotográfica o escrita información relativa al funcionamiento, instalaciones o gestión del centro, salvo autorización expresa de la dirección del mismo", por lo que se exponen a una "falta muy grave", que puede traducirse en el "traslado definitivo de la persona usuaria a otro centro en los casos de plazas financiadas por la Junta de Andalucía" o con la "expulsión definitiva del centro".
El reglamento de régimen interior de la residencia, hecho público por infoLibre, recoge que los residentes no pueden "realizar manifestaciones de descrédito o difamación del centro; ya sea en medios de comunicación, mediante acciones particulares por otros medios o incluso a familiares de usuarios". El citado reglamento, en funcionamiento desde finales de 2021, fue aprobado por el consejo de participación de la residencia, se defienden desde el grupo Reifs, que gestiona 831 plazas en ocho centros de Andalucía.
El documento de la residencia de Alcalá de Guadaíra también prohíbe "difundir información relativa al centro ni a su funcionamiento interno por cualquier medio, susceptible de ser publicado o utilizado con fines difamatorios". Los familiares de los residentes tienen que "mantener una conducta ejemplar y respetuosa con los responsables profesionales del centro" y "no realizar manifestaciones de descrédito o difamación de ellos" o de la residencia, "ya sea en medios de comunicación, o mediante acciones particulares por otros medios; y resolver cualquier cuestión con los responsables de la dirección y gestión".
El grupo Reifs, en declaraciones al citado medio, aseguran que esta parte del reglamento se refiere a la normativa de "protección de datos", porque "hay familiares que graban a sus mayores, pero a otras familias no les gusta". La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, que dirige la consejera Rocío Ruiz, ha "revisado ese reglamento y ya ha enviado un comunicado a la residencia instándole a que lo revoquen inmediatamente".
La residencia ha señalado que la "única intención" de este documento es "cumplir" con la Ley de Protección de Datos. "Evidentemente, los mayores tienen derecho a hacer todas las reclamaciones y a expresar sus diferencias. Eso no se puede vulnerar", ha subrayado la consejera de Igualdad, que ha abundado en que la Junta ha instado al centro a seguir el modelo "oficial" que existe, basado en una Orden de 2007.
"La empresa pretende blindarse de cualquier tipo de opinión que pueda influir en su negocio. Es una evidencia que no se debe difamar a nadie, ni persona física, ni empresa, ni asociación, y que hay que cumplir con la legislación vigente en cuanto a protección de datos, por lo que este texto solo se puede entender como medida disuasoria que evite que se hagan públicas situaciones que le generen a la empresa una publicidad negativa", denuncia la Asociación para la Defensa y Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Addemar), que envió un escrito denunciando este reglamento.
Comentarios