La instrucción del proceso judicial que debe determinar las posibles condenas a los responsables del arrollamiento y muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate ha sufrido una nueva demora. El auto del juez encargado del expediente de recusación contra la instructora del caso ha remitido sus conclusiones a la Audiencia Provincial para que decida.
Ante estos hechos, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), que asegura que respeta las garantías procesales que el ordenamiento ofrece a cualquier investigado, entiende que los sucesivos retrasos, ahora por la recusación de la juez instructora, provoque un grave retraso en la administración de justicia y reparación para las víctimas.
En el trágico suceso del pasado 9 de febrero, una narcolancha arrolló a una pequeña embarcación de la Guardia Civil, causando la muerte de dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez, en un incidente en el que además otros tres compañeros resultaron heridos de gravedad.
Los detenidos, vinculados con el tráfico de drogas y de migrantes desde África, formaban parte de la tripulación de otras lanchas rápidas refugiadas allí del temporal y abarloadas a la entrada del puerto junto a la que asesinó a los dos guardias civiles. La defensa de uno de los detenidos, ahora en prisión provisional sin fianza, ha solicitado la recusación de la juez instructora. Alega que llevaba una pulsera del grupo de los GAR de la Guardia Civil, lo que, según la defensa, podría comprometer su imparcialidad.
Jucil, que está presente en el procedimiento como acusación particular, entiende sin embargo que las sucesivas demoras en la redacción de la instrucción del caso provocan que se aleje cada vez más la fecha en la que se podrá cerrar este caso para llevar a los responsables ante la justicia a través de un juicio oral.
La asociación se opuso en su día a la concesión de la libertad para los detenidos, entendiendo que existía un elevado riesgo de fuga y de desaparición de posibles pruebas. Esto es especialmente relevante dado que los considerados autores materiales del asesinato de los dos guardias civiles y de las heridas a los otros compañeros aún no han sido ni localizados ni detenidos. Jucil se ha opuesto también a las pruebas solicitadas en este expediente de recusación, por considerar que suponen una dilación del proceso.
Jucil, que se opondrá a cualquier medida que pretenda o provoque un entorpecimiento del proceso, confía en una pronta resolución del expediente de recusación abierto contra la primera juez instructora y considera que, en esta fase del proceso judicial, lo importante es facilitar la tarea del juez instructor para recopilar toda la información, testimonios y pruebas que posteriormente, una vez decidida la apertura de juicio oral, servirán al tribunal que se ocupe del caso para establecer justicia y dictar una sentencia.
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