El Tribunal Constitucional se ha pronunciado este martes sobre la Ley de Vivienda después de que la Junta de Andalucía presentara un recurso al entender que el texto invadía sus competencias. El TC, sin embargo, ha avalado la gran mayoría de la norma, aunque ha estimado parte del recurso del Gobierno andaluz declarando inconstitucionales y nulos dos apartados.
La mayoría progresista del Pleno ha estimado parte del recurso del Ejecutivo andaluz y sólo ha declarado inconstitucionales y nulos dos apartados de la norma aprobada en mayo de 2023: el artículo 16, que recoge los principios que rigen la vivienda protegida; y parte del artículo 19.3, relativo a la colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado. No obstante, el TC ha añadido que los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que emitirán un voto particular contra el criterio adoptado.
El Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez ha celebrado la decisión del Constitucional y considera que los reproches del Tribunal no invalida que la norma sea buena. En este sentido, sobre el recurso andaluz que consideraba que había invasión de competencias, Vivienda asegura que la resolución "refrenda la competencia del Estado a la hora de garantizar una vivienda asequible y digna".
Satisfacción en la Junta pese a rechazar la mayor parte del recurso
El recurso de inconstitucionalidad impulsado por la Junta de Andalucía se dirigía contra 16 artículos de la ley, así como contra la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, tres apartados de la disposición final primera, y la disposición final cuarta.
La Junta, no obstante, ha celebrado la resolución. Desde la Consejería de Fomento que dirige Rocío Ruiz señalan que el Tribunal "reconoce que el Gobierno de España se ha excedido a la hora de querer regular la vivienda protegida, el parque público o los grandes tenedores, cuestiones que son potestad exclusiva de Andalucía y que así queda recogido en su Estatuto de Autonomía".
"La sentencia del Constitucional confirma lo que desde el Gobierno andaluz hemos advertido desde el principio: la Ley Estatal de Vivienda es una norma que invade claramente competencias autonómicas. El Estado, y así lo estima el Tribunal, no puede utilizar la ley para configurar una regulación tan completa y acabada que no deja espacio alguno al legislador autonómico", han subrayado fuentes de la Administración autonómica.
La resolución, con ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, es la primera que estudia el asunto y marca el camino para las futuras revisiones que llegarán dado que también han recurrido esa ley el Govern de Baleares, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Parlament catalán y los diputados del PP en el Congreso.