La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado la 22ª edición de su Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, centrado en las vulneraciones de derechos en los asentamientos de temporeros en Huelva y Almería. Este documento denuncia las condiciones de extrema precariedad en las que viven las personas migrantes en estas zonas, destacando los graves riesgos para su integrida.
La presentación del informe coincidió con la evacuación de un grupo de residentes de los asentamientos de Lucena del Puerto (Huelva) tras las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias. Según la asociación, el Ayuntamiento de la localidad, a través de su concejala de Asuntos Sociales, optó por delegar en asociaciones locales la atención a las personas afectadas, desatendiendo su obligación de proteger a la población en situación de vulnerabilidad.
Tres días después de este suceso, en la madrugada del jueves al viernes, se produjo un incendio en el asentamiento de Santa Catalina, también en Lucena del Puerto, que provocó la muerte de Kwadwo, un hombre procedente de Ghana. Según el informe, la víctima llevaba más de 20 años en España y vivía en una infravivienda construida con materiales altamente inflamables, una situación habitual en estos asentamientos.
Apdha ha señalado que esta es la cuarta muerte registrada en incendios en asentamientos de la provincia desde 2019. La entidad recordó que un hombre falleció en un incendio en 2019 y que en 2021 otro fuego provocó la muerte de una pareja. Estos sucesos reflejan, según la asociación, el estado de abandono y la falta de medidas de protección para los temporeros.
En su informe, la organización exige al Ayuntamiento de Lucena del Puerto y a la Junta de Andalucía que actúen de forma inmediata para garantizar la protección de las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema. Se considera inaceptable que esta responsabilidad recaiga en las asociaciones locales y en la solidaridad vecinal, cuando es competencia de las administraciones públicas según la Constitución y la normativa vigente.
La organización ha denunciado lo que considera un “sistema de explotación criminal” que condena a millas de personas migrantes a condiciones de "semiesclavitud". Según la entidad, los trabajadores de los asentamientos son imprescindibles para la industria agroalimentaria, que genera grandes beneficios económicos, pero que no garantizan condiciones de vida dignas para quienes la sustentan.
La asociación ha subrayado que los incendios en estos asentamientos son consecuencia directa de las condiciones extremas en las que viven los temporeros. Aseguran que la combinación de materiales inflamables, instalaciones eléctricas precarias y las lluvias recientes han generado un entorno de alto riesgo para este colectivo, que carece de acceso a viviendas dignas.
El incendio de Santa Catalina se suma a una serie de tragedias similares ocurridas en la provincia de Huelva en los últimos años. Para Apdha, estos sucesos evidencian la falta de intervención de las administraciones y la necesidad urgente de medidas estructurales que garanticen la seguridad y el bienestar de los trabajadores.
Desde la asociación han reclamado a las autoridades locales y autonómicas una actuación inmediata que ponga fin a la precariedad habitacional en estos asentamientos. Se consideran imprescindibles alternativas para garantizar habitaciones dignas y seguras para prevenir nuevos episodios tan trágicos.
Apdha ha insistido en que las administraciones deben asumir su responsabilidad en la protección de este colectivo, destacando que el abandono institucional perpetúa las condiciones de vulnerabilidad y explotación a las que están expuestas estas personas.
El informe también pone de manifiesto que la situación de los asentamientos en Huelva y Almería es un problema estructural que requiere una respuesta coordinada entre las distintas administraciones. Para la organización, la falta de soluciones a largo plazo agrava las condiciones de vida de los temporeros y perpetúa las de
La entidad ha anunciado que comenzará presionando a las administraciones para que adopten medidas efectivas y garanticen soluciones habitacionales adecuadas para las personas migrantes.
La muerte de Kwadwo no es un hecho ni aislado ni fortuito
La muerte de Kwadwo no es un hecho ni aislado ni fortuito, aseguran desde la asociación multicultural de Mazagón, "es la consecuencia directa de la negligencia y desidia de todas las administraciones públicas y el sector empresarial del sector de los frutos rojos".
Su nombre se une a la dolorosa lista de víctimas: Toufík Alasal (23 años, Marruecos) murió calcinado el 14 de diciembre de 2019 en un asentamiento chabolista situada junto al Polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera.
El 19 de mayo de 2021 murieron Ato (50 años, Ghana) y su compañera Ghida (treinta y cinco años, Marruecos) a causa del fuego producido en el asentamiento de El Bosque situado en el término municipal de Lucena del Puerto.
Alan (27 años, Marruecos) murió el 21 de abril de 2022 en una chabola situada junto al Cementerio de Lepe (Huelva). Todos ellos fallecieron en circunstancias similares, atrapados por el fuego en asentamientos tan precarios como inhumanos.
