Los alrededor de 3 millones de empleados públicos de España verán aumentadas sus nóminas a partir del próximo mes de septiembre. Al menos, los más de un millón de funcionarios estatales, ya que el Gobierno, según ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado que, en el ámbito de las comunidades autónomas y ayuntamiento, el pago se podrá materializar "antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023", según establece el Real Decreto de eficiencia energética, donde el Gobierno ha incluido la subida salarial a los empleados públicos.
De modo que 1,6 millones de empleados públicos en las administraciones autonómicas, y casi 600.000 en los ayuntamientos no tienen garantizado cobrar esta especie de paguilla extra en noviembre próximo, aunque, eso sí, deberán cobrarla antes de finales de marzo próximo. Muchas administraciones se han quejado de que la medida llega a final de año, con muchos presupuestos extenuados.
Sin embargo, el decreto del Gobierno permite modificaciones de crédito presupuestario a este respecto y, con carácter excepcional, las entidades locales que no dispongan de recursos suficientes para financiar las modificaciones de crédito podrán formalizar un préstamo en la cuantía necesaria con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.
A nivel general, la subida salarial adicional del 1,5% para los empleados públicos acordada entre el Gobierno y CCOO y UGT se materializará en las nóminas de noviembre, abonándose como atrasos el incremento correspondiente de enero a octubre.
Este Real Decreto, aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros, ha sido publicado ayer miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en él se recoge el incremento salarial del 1,5% acordado entre el Gobierno y los sindicatos que se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año y que tiene por objetivo aliviar el bolsillo de los empleados públicos ante la escalada de los precios.
La consolidación de la subida en 2022 supone que se aplique sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021 y, por tanto, se aplicará con carácter retroactivo. En total, el salario de los empleados públicos se habrá incrementado un 3,5% 2022.
Las partes también pactaron que en 2023 las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal.
En concreto, Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%. La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.
En 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado.
El Gobierno precisa que la revalorización puede ser del 9,8% si se hacen cálculos en términos reales. El motivo es que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida, por lo que el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior, explica Hacienda.
La mejora salarial beneficiará a 2.717.570 empleados al servicio de las Administraciones Publicas, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Recuperación de los "acuerdos arrebatados" en la anterior crisis financiera
El Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública, CCOO y UGT, han firmado este pasado miércoles un acuerdo que devuelve a los empleados públicos los derechos arrebatados en la anterior crisis financiera.
El pacto, rubricado en un acto público en la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el responsable de Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, y el secretario general de UGT-Servicios Públicos, Julio Lacuerda, incluye el compromiso de impulsar una Administración del siglo XXI. Un proceso de transformación del sector público recogido en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia comprometido con las instituciones europeas.
En su intervención, la ministra de Hacienda y Función Pública ha destacado que este acuerdo en el ámbito público puede contribuir a forjar un pacto de rentas entre los trabajadores y las empresas del sector privado. Una iniciativa que el Gobierno ha dejado claro que respaldaría en medio del contexto de incertidumbre provocado por la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis energética derivada de la misma, tal y como recoge el Plan Presupuestario 2023 enviado a Bruselas el pasado sábado. Y que también forma parte de las apuestas salariales de los sindicatos.
La recuperación de derechos del pacto entre el Gobierno y UGT y CCOO continúa con la reimplantación de la jornada de 35 horas en las AAPP. Esto supone eliminar las limitaciones previstas en la disposición adicional 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para que cada Administración, en función de sus competencias, establezca esa jornada para el personal a su servicio y al de su sector público institucional. Una decisión que se tomaría tras la correspondiente negociación colectiva en la mesa u órgano correspondiente.
En esa línea, otro de los puntos destacados del acuerdo es la eliminación definitiva de las medidas del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Un RDL que provocó una merma en las condiciones de trabajo de empleadas y empleados públicos y de la actividad sindical de sus representantes. El Gobierno impulsará así la reversión o derogación de aspectos que continúan en vigor. Esto supondrá una nueva regulación de la prestación económica por incapacidad temporal, la devolución de los derechos sindicales o la suspensión de los convenios colectivos basados en la alteración de las circunstancias económicas.
La culminación de la implantación de las nuevas titulaciones en los procedimientos de acceso de las AAPP es otro de los objetivos acordados por Gobierno y sindicatos. Ambas partes se coordinarán para diseñar un conjunto de medidas normativas y organizativas para que el nuevo modelo de clasificación sea plenamente efectivo. El objetivo es que esta clasificación se desarrolle durante el año 2023 y quede implantada en ese mismo ejercicio. Para lo que se tendrá en cuenta lo recogido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
Planes de Igualdad en todas las administraciones públicas
Alcanzar la igualdad de género es otro aspecto que se considera estructural en las AAPP. En primer lugar, se procederá a la modificación de la disposición adicional séptima del Trebep para obligar a que todas las Administraciones se doten de un Plan de Igualdad. El fin de esta reforma será eliminar las barreras que impiden un trato igualitario entre hombres y mujeres en su desarrollo profesional. Además, se creará un Registro de Planes Públicos de Igualdad para que exista conocimiento y transparencia de las medidas adoptadas en el sector público. Algo en lo que también se implicará la comisión de seguimiento, donde se plantearán cambios normativos para mejorar esos Planes.
También se establecerá como obligatoria la negociación de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, tal y como mandata la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La digitalización de las AAPP será otra de las grandes reformas para impulsar la Administración del S. XXI. En este plan se hará compatible la prestación telemática de servicios públicos con la garantía de la atención directa, presencial y personal en las oficinas, especialmente a la población con más dificultades de desempeño digital. Un diseño en el que se perseguirá la mejora de las condiciones de trabajo en el empleo público, que facilitará que se ofrezcan unos servicios públicos de mayor calidad.
Para ello, serán claves la simplificación y reducción de cargas en procesos de digitalización, un plan específico de digitalización para las administraciones localizadas en zonas con menor población y más dispersa, con el objetivo de garantizar una atención en igualdad para los ciudadanos de las mismas, y el impulso a itinerarios formativos que permiten a trabajadoras y trabajadores adquirir habilidades y conocimientos en materia digital.
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