Cuando M.D., un vigilante de seguridad de 56 años por aquel entonces, llevaba ya cuatro meses sin cobrar su nómina, sintió de madrugada unos calambres en el brazo y en la pierna izquierda. Estaba sufriendo un ictus. Rápidamente, llamó a una ambulancia, que lo trasladó a un hospital de la provincia de Cádiz, en el que estuvo dos semanas ingresado.
“Afortunadamente, lo puedo contar, pero fueron meses de mucho estrés por no cobrar”, asegura M.D., uno de los 600 empleados de Mersant, una empresa que gestionó la seguridad de dependencias municipales de Cádiz o Chiclana, del parque metropolitano de Los Toruños en El Puerto —dependiente de la Junta de Andalucía— o de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde trabajaba este empleado.
Al vigilante de seguridad, que lleva casi toda su vida dedicado a este sector, le dio mala espina que Mersant se hiciera con el servicio de vigilancia en las oficinas del SAE, que implantó servicio de seguridad coincidiendo con el inicio de la pandemia. Él, que trabaja en una de la provincia de Cádiz, se vio venir “los problemas”. Un par de meses después de hacerse con la adjudicación, empezaron los impagos.
Hasta cuatro nóminas estuvo sin cobrar M.D., que se dio de baja por depresión, y sufrió un ictus “por el estrés acumulado”. En su casa, su salario era el único ingreso que entraba. Por eso, tuvieron que irse él y su mujer de la vivienda en la que se encontraban de alquiler, y desde mediados del año pasado conviven con sus suegros. “Con la pensión de mi suegro de 93 años estamos saliendo de esta”, apunta.
Esta semana, el vigilante tiene cita médica para saber si le dan el alta y puede reincorporarse a su puesto de trabajo. Aunque con la incertidumbre de saber qué pasará con el contrato que ahora tiene Grupo Control —empresa que se hizo con la adjudicación de oficinas del SAE en la provincia de Cádiz—, porque la Junta ya ha empezado a recortar en seguridad en localidades sevillanas, después de iniciar este servicio con la pandemia.
M.D., como la mayoría de vigilantes que fueron subrogados por otras compañías de seguridad tras rescindir las Administraciones los contratos con Mersant, ha firmado un documento en el que exonera a la nueva empresa de asumir los salarios que no percibieron con la anterior. Un “mal menor” que han asumido para no perder sus empleos y volver a cobrar. Para recuperar lo adeudado por Mersant deberán esperar, en la mayoría de casos, a que se los abone el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
El de M.D. es uno de los casos de inmenso sufrimiento que provocaron los impagos de Mersant, una empresa de seguridad que se ha conocido recientemente que estaba inmersa en una presunta trama de blanqueo de capitales y fraude a la Seguridad Social. Más de 20 detenidos, en las provincias de Sevilla, Barcelona y Almería, pertenecientes a 80 sociedades, y 30 testaferros que hacían transferencias ficticias de dinero, es el recuento que hace la Policía Nacional de una operación que destapa un presunto fraude a la Seguridad Social de 6,5 millones de euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones.
La investigación policial se inició a principios de 2022, cuando entidades como el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) puso en conocimiento de los agentes que Mersant tenía a 600 trabajadores sin cobrar desde finales del año anterior. Detrás de los impagos de nóminas estaban los supuestos intereses de uno de los líderes de la trama, que prestó un millón de euros a los propietarios de la empresa, que se iba cobrando con lo que le pagaban Administraciones a Mersant.
“Ya lo veíamos venir, porque había ocurrido con distintas empresas”, apunta Antonio Montesinos, representante del Sindicato Profesional de Vigilantes, en conversación con lavozdelsur.es. “Lo sorprendente es que la Administración sea tan ineficaz a la hora de gestionar estos casos y se le vuelvan a adjudicar contratos una y otra vez a estas compañías”, señala.
Mersant llegó a tener en torno a un centenar de empleados en la provincia de Cádiz, unos 600 en total, sin cobrar sus nóminas, en distintos servicios. Desde el parque de Los Toruños, a dependencias municipales de Chiclana o Cádiz, pasando por oficinas del SAE, el Instituto Social de la Marina (ISM) de la Casa del Mar —dependiente del Gobierno central— o centros de Diputación de Cádiz. Hasta oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que, para colmo, debía 1,2 millones de euros según recogía su propio listado de morosos pocos meses después de adjudicarle el servicio.
“Un organismo público necesita, según la Ley de contratos públicos, al menos el impago de tres nóminas para cancelar un contrato”, explica Montesinos, quien lamenta que “la Administración engorda al moroso y el trabajador se queda sin cobrar”. A vigilantes que, como M.D., trabajaban en oficinas del SAE, llegaron a adeudarle hasta siete nóminas. Cuatro en su caso porque le dieron la baja por depresión.
Además, los dueños de Mersant supuestamente actuaban como testaferros de uno de los líderes de la trama de blanqueo, que les prestó más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes.
“Parece que tener una empresa de seguridad privada para blanquear es rentable”, lamentan fuentes policiales, conocedoras del caso en cuestión, consultadas por lavozdelsur.es. “La situación era sangrante, había muchos vigilantes sin cobrar durante meses, yendo a entidades sociales para poder comer”, agrega.
Estas fuentes apuntan que “el convenio de seguridad privada no se respeta”, matizando que en las contrataciones públicas viene impuesto, aunque luego en la práctica hay todo tipo de situaciones de precariedad por las numerosas empresas “pirata” que hay en el sector.
La investigación, llevada a cabo de forma conjunta por la Unidad Central de la Seguridad Privada en Madrid, el Grupo de Blanqueo de Sevilla y también la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Cádiz, de la Policía Nacional, ha terminado esta primera fase —con casi toda seguridad, continuará— con 23 detenciones y la incautación de 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, siete vehículos, tres pistolas —una de ellas detonadora—, una carabina de perdigones y armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales.
En la operación, en la que han participado más de 100 agentes, también se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación. Se han bloqueado 169 cuentas bancarias, en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros.
Fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida son los delitos a los que se enfrentan los detenidos, acusados de blanquear beneficios obtenidos del tráfico de drogas. Entre 2016 y 2021 justificaron de manera ficticia movimientos entre cuentas por valor de 27 millones de euros.
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