La educadora asesinada en Badajoz por los menores que tenía a su cargo en un piso de menores condenados ha generado una ola de preocupación en el sector. Los educadores sociales o los técnicos procedentes de FP de la misma rama se encargan de intervenir en situaciones concretas.
Y una de las líneas de trabajo es la de los menores. El objetivo, ya sea cuando un menor es condenado, o cuando es retirado de su familia para su protección, es que puedan convertirse en personas independientes, ofreciéndoles una formación necesaria para 'rescatarles' como personas insertas en una sociedad.
Pero la realidad es a menudo mucho más compleja. En el caso de pisos de medidas judiciales en régimen semiabierto, a menudo el sistema no ofrece posibilidades a que los profesionales intervengan.
El sindicato CCOO ha lanzado un comunicado que suscribirían miles de educadores sociales, y que denuncia las "graves deficiencias del sistema de protección juvenil y las políticas de licitación que priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras y de las y los menores".
Según señala el sindicato, parte del problema es que "la trabajadora falleció tras sufrir una agresión violenta por parte de tres menores tutelados con medidas judiciales, mientras se encontraba sola y sin apoyo en su turno de noche". Ejemplo de una "desatención sistemática". "Licitaciones públicas a la baja, impulsadas por la Administración, los centros operan con plantillas mínimas, recursos insuficientes y protocolos de seguridad obsoletos".
La soledad de la trabajadora asesinada es la misma que sufren otros tantos en situaciones similares, donde hay agresiones, insultos, amenazas, y solo en casos extremos como el de Badajoz, un asesinato. "La trabajadora estaba sola porque no se presupuesta lo suficiente para contratar a más personal, contraviniendo las recomendaciones que desde CCOO venimos realizando desde hace años, e incumpliendo claramente lo regulado en la Ley de responsabilidad jurídica del menor y en la Ley de Protección jurídica del menor, así como la Ley de prevención de riesgos laborales".
Los recortes en este sector son "la tónica habitual y es en situaciones como esta cuando se manifiesta la fragilidad del sistema, dejando en evidencia que la Administración prioriza el lucro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras".
"No es un accidente"
Para Comisiones, "esta tragedia no es un accidente", sino que es "el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal".
La denuncia va más allá, al constatar que "los datos respaldan esta afirmación, ya que en los últimos cinco años una parte muy importante de las licitaciones que se acaban adjudicando no permiten cumplir con lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector ni en la normativa de prevención y protección de las personas trabajadoras, adjudicándose a empresas que presentan ofertas económicas temerarias. Estas condiciones derivan, por ejemplo, en ratios persona trabajadora/menores que impiden manejar situaciones de alta complejidad".
El sindicato exige que se investiguen no solo las circunstancias de la agresión mortal, sino también las posibles irregularidades en la adjudicación del servicio y la supervisión del centro. Asimismo, se pone a disposición de la familia de la víctima para asesorarla en todo aquello que necesite.
Tres solicitudes concretas
Desde CCOO, piden tres medidas urgentes: La primera, auditorías inmediatas en todos los centros de menores del Estado para verificar el cumplimiento de ratios de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente. La segunda es la reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja y revisión de los pliegos para garantizar condiciones laborales dignas. Y la tercera, protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas, así como un análisis exhaustivo y riguroso del perfil de los menores que son asignados en régimen semiabierto.
Indicios de irregularidad
Para Comisiones, existen "indicios de que se han cometido irregularidades", por lo que exige "responsabilidades administrativas para que las personas que se han comportado de manera negligente en el ejercicio de sus funciones no queden impunes".
Durante esta semana el sindicato convocará concentraciones por toda España en solidaridad con la familia de la víctima y personas allegadas, y en repulsa por la agresión mortal.
