“Desastroso” es el término que mejor definiría la situación del sistema de atención a la dependencia en Andalucía, según CCOO. El sindicato afirma que hay más de 60.000 personas en listas de espera, y que el tiempo de espera para que se conceda la ayuda es de 606 días y faltan 7.000 plazas en las residencias públicas.
Estos son solo algunos de los alarmantes datos que revela el informe elaborado por CCOO de Andalucía en el que se apunta también que faltan más de 1.500 plazas en los centros de día, que 12.000 personas fallecieron en Andalucía en 2023 sin saber si les habían concedido o no la ayuda que es un derecho o que las personas que trabajan en el sistema lo hacen sobrecargadas por falta de recursos y de inversión por parte del Gobierno andaluz, expuestas a riesgos psicosociales, con bajos salarios, o con contratos temporales y parciales que perjudican al mismo tiempo la calidad del servicio.
CCOO apunta directamente al Gobierno andaluz como causante de esta situación: “Tenemos una ley que fue pionera al establecer la dependencia como derecho, pero el Gobierno andaluz con sus últimas decisiones están haciendo un daño brutal al sistema”, ha criticado López. Decisiones que la dirigente ha dicho “son unilaterales, como el Decreto de Simplificación Administrativa, que está degradando el sistema y dejando en el limbo a las familias, a las personas dependientes y a las personas que trabajan en el sector”. “Es evidente que el Ejecutivo andaluz está intentando acabar con la confianza y credibilidad en el sistema de dependencia incumpliendo la Ley y eso es terriblemente doloroso”.
La secretaria de Política Social y Migraciones del sindicato, Rosa Berges, ha puesto sobre la mesa las trabas a las que se enfrentan las personas usuarias a la hora de solicitar la ayuda a la dependencia. “Hay que hacerlo de manera telemática y han convertido la solicitud en un laberinto burocrático, lo que ha derivado en una caída de las solicitudes y mucho nos tememos que hay en torno a 25.000 solicitudes hechas que no se han registrado”.
Asimismo, Berges ha explicado que al unificarse el procedimiento, las personas usuarias no pueden reclamar los retrasos hasta que no tienen reconocidas las prestaciones, lo que agrava la indefensión porque el tiempo de resolución de los expedientes se eleva casi a los dos años. “El Gobierno andaluz está intentando camuflar los tiempos reales de espera en lugar de aflorar las listas ocultas que hay durante el procedimiento hasta que se disfruta el derecho”.
40.000 plazas concertadas ante solo 2.100 públicas
Sobre las residencias, la dirigente ha señalado la importante brecha que hay entre el número de plazas concertadas, que se sitúan en las 40.000, y las públicas, que están en 2.100.
En cuanto a las condiciones del sector, la secretaria de Condiciones Laborales de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha denunciado que la situación es “dramática”, con contratos temporales parciales y un abuso injustificado del contrato fijo-discontinuo; con empresas que incumplen bajas y permisos; con bajos salarios que, aunque hayan subido, siguen muy alejados de la media nacional; y con trabajadoras –porque son mayoritariamente mujeres–, con una alta exposición a riesgos piscosociales, de acoso, de penosidad, peligrosidad y de riesgo permanente de accidentes in itinere.
Asimismo, Carrasco ha acusado al Gobierno andaluz de convertir el servicio de teleasistencia “en un call center precario que ha atendido a 5,2 millones de llamadas en 2023, lo que supone 310 llamadas por día y persona y una atención media de poco más un minuto por usuario”. “El Gobierno solo busca el cumplimiento de objetivos y obliga a estas trabajadoras a soportar una sobrecarga de trabajo brutal y además redunda en una baja calidad de un servicio esencial”.
En cuanto a la financiación del sistema, CCOO ha denunciado al Gobierno andaluz de desentenderse. “El Gobierno central paga un 38% y el copago de las familias se sitúa en torno al 20%. Además, con la Orden que está tramitando el Ejecutivo andaluz la subida del copago puede alcanzar en algunos casos el 60%, de manera que el porcentaje que destina el Gobierno andaluz a la dependencia cada vez es menor, es dar un paso atrás y mientras el Gobierno central paga el 38% del sistema (solo por detrás de Galicia. Cataluña recibe un 23%), y del copago de las familias que ahora se sitúa en torno al 20% y que con la Orden que está tramitando el Ejecutivo andaluz la subida del copago puede alcanzar en algunos casos el 60%”.
Ante esta situación CCOO de Andalucía ha convocado movilizaciones en todas las provincias andaluzas que tendrán lugar el 26 de octubre “en defensa del sistema de atención a la dependencia, por el empleo y las condiciones de trabajo y por los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector”, ha anunciado la secretaria general de CCOO de Andalucía.
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