Los trabajadores de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. iniciarán una serie de huelgas convocadas por el sindicato CGT, que comenzarán el miércoles 26 de febrero a nivel estatal y se extenderán durante el mes de marzo en las diferentes áreas territoriales de la empresa. Estas movilizaciones culminarán el 14 de marzo con una nueva convocatoria de huelga a nivel nacional.
El origen de la protesta radica en el deterioro de los servicios públicos ofrecidos por Correos y las condiciones laborales de sus empleados, que se han ido agravando en los últimos años. Se esperaba que la negociación del Acuerdo Marco y del IV Convenio Colectivo trajera mejoras tanto en la calidad del servicio como en los derechos de los trabajadores. Sin embargo, según el sindicato, la dirección de la empresa ha propuesto una serie de medidas que, en su opinión, afectarían gravemente la prestación del servicio postal público.
La propuesta presentada por la directiva de Correos, encabezada por el presidente Pedro Saura y el director de Recursos Humanos, Fernando Ramírez, incluye una reducción significativa de la masa salarial, que pasaría del actual 90% al 70% en un plazo de dos años. Esta medida, calculan desde CGT, podría derivar en la eliminación de entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo, lo que comprometería seriamente el correcto funcionamiento del servicio postal.
A finales de diciembre, se celebraron varias reuniones entre la dirección de Correos y los sindicatos para negociar las condiciones del convenio. Sin embargo, el 30 de diciembre, la empresa presentó un documento denominado "Acuerdo Marco Correos y Sindicatos", en el que detallaba sus planes estratégicos para los próximos años. Entre los puntos destacados, se encontraba la reducción de la plantilla (actualmente de 48.000 trabajadores, frente a los 66.000 en 2008), la implementación de mayor flexibilidad horaria, la creación de una bolsa de horas al servicio de la empresa y la vinculación de las retribuciones variables al cumplimiento de objetivos.
El Acuerdo también incluye la propuesta de establecer un plan de salidas voluntarias incentivadas para trabajadores mayores de 61 años, lo que ha generado inquietud en los sindicatos. CGT considera que estas medidas son una forma de recortar costes, que podría tener un impacto negativo tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales de los empleados.
La dirección de Correos ha diseñado la negociación en dos fases. La primera fase se desarrollará hasta el 15 de marzo, con el objetivo de avanzar en el desarrollo del Acuerdo Marco, mientras que la segunda fase abordaría los temas pendientes para elaborar el IV Convenio Colectivo, con la intención de que se concluya antes del 1 de octubre.
El sindicato CGT ha rechazado la idea de que los trabajadores sean responsables de la gestión de Correos en los últimos 20 años, argumentando que el deterioro del servicio y las condiciones laborales no deben ser atribuibles a la plantilla. Además, han señalado que uno de los principales objetivos de la huelga es garantizar el cumplimiento del servicio postal en todo el país, con el compromiso de que se llegue a todos los domicilios de forma diaria, como se establece por ley.
Una de las principales reivindicaciones del sindicato es que Correos, como empresa pública, asuma nuevas funciones de carácter público, teniendo en cuenta que sus trabajadores son los únicos funcionarios que llegan a todos los rincones del país de manera diaria. Según CGT, esto permite a los ciudadanos realizar gestiones administrativas directamente con el cartero, sin la necesidad de desplazarse a una oficina o solicitar cita previa.
En respuesta a la situación, CGT ha convocado concentraciones para el 26 de febrero frente a las oficinas principales de Correos en diversas capitales de provincia, con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores y garantizar un servicio postal público de calidad para todos los ciudadanos, sin que se vea afectado por criterios de rentabilidad económica.
El sindicato ha subrayado que, a pesar de la importancia de la situación, la huelga no solo busca defender los intereses laborales de los empleados de Correos, sino también proteger el acceso de la ciudadanía a un servicio postal público eficiente y universal, que no dependa de consideraciones mercantiles. La protesta, según CGT, es una respuesta a la precarización del sector y un intento de evitar el colapso del servicio.