José Antonio Dorante está desesperado. Ya no sabe qué hacer para que le concedan la incapacidad permanente total. Después del accidente que sufrió durante una jornada laboral en su anterior empleo, como calderero-tubero en el Astillero gaditano, su vida cambió para siempre. Tuvo que despedirse de su trabajo y buscar otras formas de ganarse la vida.
Ahora cuenta los días para conocer qué resolución toma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que recurrió la decisión del Juzgado de lo Social nº1 de Cádiz, que desestimó su petición de incapacidad permanente total, a pesar de las secuelas que padece. El 19 de octubre está citado en la sede del TSJA en Sevilla y saldrá de dudas.
“Estoy agotado ya, con ganas de que termine todo esto”, confiesa Dorante cuando habla con lavozdelsur.es. Cinco años después del accidente, usa muletas para andar, con mucha dificultad, y no aguanta mucho tiempo de pie. “Como no me concedan la incapacidad permanente total no sé cómo lo soportaré. Quiero lo justo, ni más menos”, sostiene.
Con la incapacidad permanente total que reclama, José Antonio podría cobrar una pensión del 55% de la base reguladora por no seguir poder ejerciendo como calderero-tubero, algo que podría compatibilizar con otros empleos. “Yo quiero trabajar, no estar en mi casa”, asegura. “La cuestión es que la cotización en los Astilleros es muy alta y no conviene que me la den. La clave es el dinero y mi edad, porque tuve el accidente con 37 años”, explica.
En agosto de 2017, José Antonio tropezó y notó un fuerte dolor. En la mutua le dieron la baja por contingencias comunes para su puesto como calderero-tubero, aunque unos meses después, en febrero de 2018, tuvo que operarse porque sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Un informe médico del pasado mes de julio, remitido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recoge que José Antonio Dorante tiene concedido un 41% de grado de discapacidad, por las secuelas que arrastra desde el accidente. A saber, “hinchazón de la pierna derecha con bipedestación/deambulación permanente y al permanecer tiempo con la rodilla en posición de 90 grados”.
“Desde mi punto de vista, limitación funcional para tareas que requieran deambulación/bipedestación prolongada, posiciones mantenidas en cuclillas… reconocido baremo de movilidad reducida de 7 puntos”, agrega el informe, en el que queda claro que José Antonio no puede ejercer como calderero-tubero.
Un informe emitido el pasado 11 de febrero por el centro de valoración y orientación de Cádiz considera que Dorante presenta "limitación funcional en miembro inferior; trastorno interno de rodilla; o hernia de la cavidad abdominal". Otro informe de un perito médico enumera los riesgos a los que se puede enfrentar en su puesto de trabajo: "Inhalación de polvo, humos, gases o vapores; exposición al ruido; exposición a radiaciones no ionizantes; exposición a sustancias carcinógenas", así como "los relacionados con posturas forzadas, posturas mantenidas o manejo de cargas".
El informe pericial también considera que el trabajador de Astilleros está "limitado para trabajos en cuclillas, posturas forzadas y mantenidas, subir y bajar escaleras, moderados/grandes esfuerzos, bipedestación mantenida" y que sufre "trastorno ansioso-depresivo en el contexto del problema físico que le ocasiona la sensación de impotencia de no poder llevar a cabo su trabajo".
Por todo ello, no entiende que no se le conceda la incapacidad permanente total, lo que le daría derecho a percibir una prestación. Mientras, intenta encontrar hueco en el mercado laboral. En breve probará en el sector del telemarketing, “porque estaré sentado”, pero no sabe cómo responderá su cuerpo. “He estado haciendo cursos, pidiendo favores para que me acerquen a la estación de tren para ir a estudiar y luego poder trabajar”, explica. “No soy de hablar mucho, pero me estoy esforzando al máximo”, comenta sobre su próximo empleo.
Cinco años después del accidente que le cambió la vida, José Antonio espera iniciar una nueva etapa laboral para mejorar la situación económica familiar. Ahora mismo percibe 460 euros de la ayuda para mayores de 45 años —al tener un grado de discapacidad reconocido puede cobrarla antes de esa edad—, pero llegó a recibir un embargo por un problema con la mutua, que le reclamó mensualidades percibidas de más. “Tuve que vender mi coche para que no me embargaran la casa”, dice.
Dorante, que tiene más de diez años de experiencia como calderero-tubero en empresas auxiliares del Astillero gaditano, se vio incapacitado para ejercer su profesión, para la que tanto se había preparado, y luchando por una incapacidad total que no le conceden. Tras la operación sufrió secuelas —“me pinzaron un nervio”— y su estado físico empeoró, sin que ello le sirviera para lograr la incapacidad total, por lo que tuvo que denunciar en los Juzgados. Y luego recurrir al TSJA.
Esta situación le ha provocado daños psicológicos y económicos. “Me dijeron que era apto para trabajar, cuando no puedo estar mucho tiempo de pie”, se queja. Es imposible, dice, que pueda desempeñar su trabajo en un barco, donde tiene que recorrer grandes distancias, subiendo y bajando escaleras todo el día. “Un astillero es una locura, ando mucho y manejo herramientas con las que estoy expuesto a temperaturas extremas”, señala. De ahí que tenga sus esperanzas depositadas en el 19 de octubre. Ese día el TSJA decidirá su futuro.
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