El 1 de enero de 2020 se convertía en un día histórico para la conexión entre la provincia de Sevilla y la provincia de Cádiz por carretera. Tras varias décadas, el peaje de la AP-4 dejaba de existir. El traslado en coche sería totalmente gratuito después de unos años en los que el coste se había ido incrementando poco a poco hasta superar los siete euros.
Apenas han pasado tres años y medio. A la altura de Las Cabezas de San Juan no queda ni rastro de aquel sistema de vallas que obligaba a detenerse y a rascarse el bolsillo. El único recuerdo que queda es la anchura de la carretera. Todavía se observa un tramo distinto a los kilómetros anteriores y posteriores.
No se han cumplido los cuatro años de esta libertad de circulación cuando el debate se ha vuelto a abrir y existe la posibilidad real de que circular por cualquier autopista signifique pagar a partir de 2024. Existen dos visiones enfrentadas: la que defiende que con el pago de los impuestos ya debe ser suficiente y la que afirma que aquellas personas que no usan el coche no tienen que mantener las carreteras para el que sí lo usa.
La discusión resucitó hace menos de una semana, en plena campaña electoral, cuando el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, señaló públicamente que las autovías españolas implantarán peaje en el año 2024 "por imposición de Bruselas". Aquellas palabras han provocado un auténtico terremoto a escasos días de acudir a las urnas.
Sin embargo, poco después tanto la DGT como el Gobierno de España negaron esta afirmación. En primer lugar, Tráfico lamentó la confusión reconociendo que no dispone de ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse. Por otro lado, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, también negó la noticia. A esta postura se sumó la responsable de Hacienda, María Jesús Montero.
¿Qué sabemos hasta el momento?
Realmente, que haya que pagar o no por el uso de las carreteras a partir de 2024 es algo que no se sabe a ciencia cierta. Lo que conocemos hasta ahora es que el Gobierno de España envió a la Comisión Europea en octubre de 2020 para poder acceder a los fondos Next Generation EU el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En él, venía contemplado un apartado de movilidad sostenible que se blindaría por ley en el que se mencionaba el pago por uso de las carreteras. Sobre esto, el Gobierno se comprometió a desarrollar un mecanismo de "alta intensidad" de pago por uso. Dicho plan tuvo el visto bueno de Bruselas casi un año después. La Comisión Europea apuntaba que la ley prevista tendría este pago a partir de 2024. Es decir, aquel que contaminase, tendría que sufragarlo. Sin embargo, nada de aquello se desarrolló.
El ruido provocado esta semana ha obligado al Gobierno a salir al paso con esta idea, pero sin mencionar un peaje de forma explícita. "Lo que está haciendo el Gobierno con la Comisión Europea, en el marco del desarrollo del Plan de Recuperación, es ver de qué manera abordamos el mantenimiento de la red de carreteras sin abordado a través del pago por uso. Un plan global que pasa también por una movilidad más sostenible, promoviendo otros usos y otra movilidad, como el transporte público y su gratuidad, como hemos hecho en estos últimos meses", respondió Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno.
En este sentido existen diversas opciones. Algunas de ellas implantadas ya en países vecinos, caso de Portugal, como puede ser el cobro a través del escáner de las matrículas. Algo que se realizaría con cámaras instaladas que mediría el número de kilómetros recorridos por cada uno de los vehículos.
Un tema que ha dado alas a la oposición
El tema ha irrumpido en campaña y el Partido Popular ha hecho de él bandera. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado esta semana que si gobierna tras las elecciones europeas desvelará los compromisos asumidos por el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas. "Se sabrá toda la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque la voy a contar. Voy a contar todos los compromisos firmados y aquellos comprometidos para cobrar los fondos europeos".
En clave más local, la nueva alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, también se ha pronunciado como la responsable de una de las ciudades más afectadas. Desde el Ayuntamiento de Jerez se entiende que perjudican muy seriamente las aspiraciones de futuro y progreso de una ciudad "que ya ha sufrido durante muchísimos años ser de las pocas ciudades a las que había que pagar por acceder a ella mediante el peaje de la AP-4".
García-Pelayo defiende la necesidad de que Jerez tenga unas comunicaciones acordes a la importancia de la ciudad y del volumen de población, ya que, "si al no desdoble de la Nacional IV, a la no ampliación de la pista del Aeropuerto, a la falta de trenes, la no llegada de la Alta Velocidad ahora sumamos peajes en la AP4, el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo la capacidad de Jerez para atraer inversiones, para crecer en exportaciones y mermando la capacidad económica de familias, autónomos y pymes".