Jesús Candel Fábregas, más conocido como Spiriman, ha denunciado en la Fiscalía de Granada al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, al consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre y al director gerente del Servicio Andaluz de Salud Miguel Moreno, por el "plan de choque" para reducir las listas de espera en los hospitales andaluces, anunciado por el Gobierno autonómico el pasado 1 de abril.
Según el documento de la denuncia al que ha tenido acceso lavozdelsur.es Cándel argumenta que la Junta incumple la normativa vigente del Sistema Público Sanitario Andaluz, que fija unos plazos de respuesta para determinados procedimientos quirúrjicos, "con el agravante -indica la denuncia- de que este plan de choque, al que se ha destinado 25,5 millones de euros, tiene como único objetivo obtener popularidad a costa de la salud de los pacientes con procedimientos sujetos a la garantía de plazos de respuesta".
La denuncia interpuesta por la Asociación Justicia por la Sanidad, de la que Candel es su presidente, añade que con esto "se pone en peligro la salud y la vida de miles de estos ciudadanos" que viven en Andalucía y que son usuarias del SAS, y "se causa un perjuicio patrimonial a la Junta de 25,5 millones de euros".
El pasado 7 de marzo, Aguirre anunciaba que este "plan de choque" iba destinado a los 30.348 pacientes que se encontraban en ese momento en lista de espera para una operación quirúrgica, sobrepasando los plazos de respuesta garantizados de 180, 120 y 90 días y a los que llevan pendientes más de año. 18.592 de estos pacientes se correspondían con procedimientos "que no tenían garantía de plazo", según la denuncia, que añade que el consejero andaluz dio declaraciones contradictorias al indicar en un primer momento que tendrían prioridad los pacientes con garantías de plazo para, posteriormente, matizar que no se discriminaría entre pacientes con o sin garantía.
Candel argumenta en su denuncia que estas declaraciones y la medida anunciada "perjudican más si cabe a pacientes con garantías de plazo superados meses atrás y con los que estarían obligando a darles respuesta cuando antes con este plan extraordinario" y resalta que "de los procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar, solo 700 son los recogidos en la normativa relacionad ut supra. Procedimientos a los que se les garantiza diferentes plazos de respuesta, por conllevar riesgo para la salud y la vida de los pacientes".
En el documento enviado a la Fiscalía de Granada, Jesús Candel cuestiona que la Consejería utilice este "plan de choque" para "rebajar" y "camuflar" las estadísticas de la lista de espera, al priorizar intervenciones quirúrgicas de menos complejidad y que requieren una menor estancia hospitalaria "a costa de pacientes con procedimientos con garantía" y "dándole igual si en el periodo de vigencia del famoso plan, pierden la vida o menoscaban su salud". De esta manera, critica la denuncia, se "hace creer a los andaluces que el Gobierno responde a sus necesidades cumpliendo la normativa cuando la realidad es otra bien distinta".
La denuncia emitida por Spiriman determina que esos 25,5 millones de euros deberían haberse destinado a los más de 11.000 pacientes con operaciones graves pendientes y con respuesta garantizada, "por ser de justicia" y "que tenían que haber sido resueltos hace tiempo".