El vicepresidente de la Diputación de Almería, Fernando Giménez, un alto cargo del Partido Popular, ha declarado este lunes como investigado en el caso Mascarillas de Almería. Unos hechos que provocaron la detención del que fuera vicepresidente tercero en la misma institución, Óscar Liria. El juez investiga posibles 'mordidas' en la compra de material sanitario durante la pandemia.
Estaba previsto que Giménez declarase el pasado 26 de marzo, sin embargo, no ha sido hasta esta semana cuando ha acudido a la sede judicial. También ha dado su testimonio, aunque como testigo, el secretario de la Diputación y otro de los investigados, un supuesto socio de Liria.
No obstante, Giménez sólo ha respondido a las preguntas del juez, del fiscal y de su letrado. En la declaración ha negado relaciones con Kilian López Solé, el empresario que presuntamente se benefició con una mordida de 945.297,61 euros, con una contraprestación para Óscar Liria de entre 200.000 y 400.000 euros, según ha apuntado EFE.
En cualquier caso, el vicepresidente de la Diputación almeriense sí ha reconocido que habló por teléfono con este empresario cuando se iba a realizar la contratación. Aunque ha apuntado que fue Liria el que ofreció el contacto de López Solé. En la misma línea ha señalado que desconocía que pudiera haber comisiones y se limitó a la contratación del material.
Fue interpelado por una conversación con Liria en la que se hablaba del regalo de una televisión, respondiendo que se trató de una “broma” entre amigos, pero que él "nunca recibió regalos de nadie".
También se le preguntó por otra conversación con Liria en la que se manifestaba que el secretario de la Diputación era el "principal escollo" para contratar, a lo que contestó que lo manifestaron porque "era muy riguroso con el tema de la contratación", toda vez que ha insistido en que se pidieron otros presupuestos y que el contrato no fue verbal.
Por último, manifestó lo "mal" que lo estaban pasando él y su familia por este asunto, para subrayar que incluso tuvo que acudir al Congreso de los Diputados a declarar en una "comisión en la que los políticos actúan como jueces".
Los problemas con Diputación, según el juez
El juez instructor ha abierto una pieza separada después de que el letrado de la Diputación de Almería presentara un recurso de reforma solicitando la nulidad de una de las prórrogas de la instrucción. Esta decisión ha dado lugar a un auto en el que se reprocha de manera severa tanto al abogado como a la actuación de la institución provincial. Según las fuentes consultadas, el auto señala una discordancia entre la posición procesal de la Diputación, que actúa como acusación particular, y la naturaleza de sus escritos, los cuales parecen orientados a dificultar el avance de la investigación.
En el auto al que ha tenido acceso EFE, se destaca la discrepancia entre los objetivos procesales de la Diputación y las acciones que se han llevado a cabo en este caso. La prórroga de la instrucción, que debe renovarse cada seis meses, en ocasiones se ha retrasado un día, lo que ha permitido que las defensas de los investigados soliciten la nulidad de los autos relacionados. En este contexto, la Diputación presentó un recurso contra una providencia dictada el 20 de noviembre de 2024.
El juez ha considerado que, aunque la falta de tiempo para que la acusación particular presentara alegaciones antes de la prórroga podría haber sido una irregularidad procesal, no se generó indefensión. Según el fallo, la decisión de acordar la prórroga no dependía de las alegaciones de las partes, por lo que no afectó sustancialmente al proceso.
Este incidente ha añadido complejidad al desarrollo de la instrucción, con la Diputación de Almería como una de las partes más activas en cuestionar los plazos y procedimientos del caso. Sin embargo, el juez ha dejado claro que, aunque se hayan producido irregularidades en cuanto a los plazos, no se ha producido un perjuicio real para las partes involucradas en el proceso.