El 9 de octubre de 2023 quedó marcado en el calendario de la desgracia en Cádiz. La ciudad vivía alrededor de las 16.15 horas su peor accidente de tráfico en años. El siniestro se originó, técnicamente, fuera del término municipal de la ciudad por unos metros, pero causó el horror en una de sus avenidas más transitadas.
Ramos de flores en un semáforo que saltó por los aires, junto al que hubo víctimas mortales, recuerdan cada día desde entonces que aquel punto fue escenario de un terror pocas veces vivida en una ciudad tranquila y segura, con bajos niveles de siniestralidad en el tráfico y seguridad ciudadana.
Aquel día, los niveles quedaron destrozados. Un autobús con estudiantes de Enfermería procedentes de Jerez se quedaba sin frenos en el conocido como segundo puente, llamado Constitución de 1812. Sin control, a gran velocidad por la fuerte pendiente descendiente del viaducto, el vehículo entró en la rotonda de conexión con la ciudad.
Subdelegación y Ayuntamiento pasan, en sólo un año, de estudiar medidas preventivas conjuntas a pasarse la pelota sobre la rotonda de acceso
La potente inercia le hizo cambiar de carril en la avenida de Las Cortes y estrellarse contra el semáforo y dos palmeras de la acera más próxima al centro comercial El Corte Inglés. Esos obstáculos, que arrancó de cuajo, frenaron el vehículo.
En su trayectoria fueron atropelladas cuatro personas que esperaban para cruzar o caminaban. Todas perdieron la vida (tres de ellas de forma inmediata). A la tragedia particular -las familias han rechazado actos de conmemoración para las víctimas- se unieron inmediatamente dos dudas públicas, una de carácter técnico y otra judicial.
La primera atañe a las medidas de seguridad, señalización y limitación de velocidad en la zona afectada, tanto la bajada del puente, sentido Cádiz, como la rotonda de conexión y el tramo más cercano de la avenida de Las Cortes.
Incluso se debatió la posibilidad de que se instalaran en el viaducto radares disuasorios o posibles obstáculos laterales que un vehículo pesado (camión o autobús) pudiera buscar como freno de emergencia en caso de nueva pérdida de control.
El Ayuntamiento de Cádiz y la Subdelegación del Gobierno, de la que depende la Dirección General de Tráfico y la Demarcación de Carreteras, anunciaron en varias ocasiones la apertura de contactos entre expertos para establecer nuevos sistemas de prevención.
El resultado de esos encuentros un año después resulta nulo. Fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno aseguran que no habrá cambios porque "los nueve años de tráfico en el puente demuestran que el accidente del 9 de octubre fue un suceso aislado. Los datos de siniestralidad que se han revisado demuestran que las medidas de control de velocidad y señalización en la zona son correctas".
Las familias de las víctimas han rechazado el ofrecimiento de realizar algún acto de conmemoración en público
La burocracia gana espacio en el debate en el que hubo complicidad y cercanía en las primeras horas, semanas, de dolor. La representación del Ministerio de Interior deja abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cádiz mejore algunos avisos a los conductores en la rotonda de entrada, cuando la caída en pendiente ya termina.
El alcalde de Cádiz, Bruno García de León, discrepa de esa posibilidad y recordó en la víspera del primer aniversario que la rotonda aún no está bajo jurisdicción municipal pese a que el puente fue inaugurado en septiembre de 2015.
La circulación entre el puente Constitución de 1812 y la rotonda que lo conecta con el término de Cádiz presenta características complejas. Tras un pronunciado descenso -que acaba en curva de 45 grados- la velocidad máxima obligada se reduce de 100 a 50 kilómetros por hora menos de 300 metros de recorrido.
La unión está regulada por semáforos y, en algunos casos, por simples señales de "ceda el paso". Un año después, los supuestos encuentros técnicos han terminado en nada. Todo en la zona seguirá tal y como está.
Proceso judicial en el aire
La segunda duda derivada del trágico suceso del 9 de octubre de 2023 es la judicial. La fase de instrucción previa aún no ha terminado pero está en su última fase. Según fuentes de la Fiscalía Provincial, debe estar resuelta antes de que termine este año.
Este paso es esencial, vinculante, para establecer si se celebrará juicio o no. Si la investigación confirma la hipótesis inicial, un fallo mecánico y total en los frenos del vehículo, sin ningún tipo de influencia del conductor -los ocupantes incluso le achacan heroísmo por salvarles con sus maniobras- o el estado del autobús, el caso será considerado accidente y quedará cerrado sin vista oral.
En el supuesto de que la Justicia encuentre algún tipo de posible influencia, por acción u omisión, en el suceso por parte de la empresa propietaria del autobús (Medina) o el conductor, sí se produciría un juicio cuya fecha habría que establecer, así como aclarar a qué partes se dirigen las hipotéticas imputaciones.
También está pendiente de calificación judicial el proceso alternativo contra cuatro personas, una de ellas menor de edad, por difundir a través de sus teléfonos móviles imágenes de los fallecidos.
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