El término asustaviejas se hizo muy popular en el Cádiz de las décadas de los 80 y los 90. Incluso llegó a los primeros años del nuevo siglo.
Describía al usurero que utilizaba malas artes -amenazas, cortes de suministro de luz y agua, acoso telefónico y presencial- para intimidar a los ocupantes de un edificio de viviendas, generalmente de edad avanzada.
El objetivo único de estos empresarios era conseguir que los arrendatarios, con muchos años de presencia en ese domicilio y rentas bajas, se fueran para poder ganar más dinero con nuevos alquileres, mucho más elevados, o la venta de pisos en ese mismo inmueble ya liberado.
La exitosa campaña de rehabilitación de viejas fincas del casco antiguo en la ciudad por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz (especialmente entre 1995 y 2005) o la construcción de un nuevo barrio (Astilleros) con casi 5.000 vecinos atenuó la tensión.
La palabra asustaviejas casi desapareció del vocabulario local. Ni siquiera la recuperó la grave serie de desahucios provocados por la crisis económica 2008-2013. En esta etapa, los señalados tenían otro nombre, más bancario y financiero.
Este primer jueves de febrero de 2025, tanto tiempo después, la palabra maldita volvió a ser pronunciada en público, escuchada por varias decenas de gaditanos.
Fue durante la presentación del Sindicatos de Inquilinos de Cádiz. Tuvo por escenario la escalera de la Catedral Vieja o Iglesia de Santa Cruz, la que preside la plaza con presencia en historia de la ciudad, la primera de la que hay constancia: Fray Félix.
El acto, para mayor contraste entre eras y generaciones, se celebraba junto a la que está considerada la vivienda más antigua de la ciudad, la casa del Marqués de Estopiñán o de los Marquina, junto a la Casa de la Contaduría.
Esta finca, aun con blasón nobiliario sobre su portada, fue rehabilitada en los años 90 por el arquitecto Suárez Cantero. Por situar, su fecha de construcción, con la estructura actual, se estima en el siglo XIV y su mayor reforma fue provocada por los daños del maremoto de Lisboa de 1755.
Para ilustrar cómo han cambiado los tiempos, cómo los ciudadanos se dividen ahora entre los que disfrutan de vivienda y los que sufren por el acceso imposible, de su interior salía la narración, atronadora, de un partido de balonmano que dificultaba el seguimiento del acto.
El Sindicato de Inquilinos de Cádiz (SIC) nace, a imagen de los creados en Málaga o Barcelona, con la intención de convertirse en "herramienta" para los afectados por el alto precio y la mínima oferta, tanto en compra como en alquiler, "por el incremento desbocado de los precios".
La escasez de vivienda protegida y pública, la insuficiente regulación del mercado, la irrupción de los apartamentos turísticos y el bajo nivel medio de los salarios respecto a esos precios "desorbitados" forman el origen de la compleja situación social, según SIC.
Colectivos como Cádiz Resiste y la Plataforma de Vecinos y Amigos del Pópulo comparten reivindicaciones y fines, hasta el punto de respaldar con sus miembros y dirigentes esta presentación.
El portavoz del último, Antonio Gallardo, fue uno de los encargados de dirigir el acto. "Las personas inquilinas son las más desprotegidas", declaraba.
La portavoz Claudia Ochoa para justificar el nacimiento de este colectivo, fijaba como objetivo combatir la avaricia urbanística "de asustaviejas y especuladores" en todas sus formas.
Preguntados por si los oponentes son los fondos de inversión, los propietarios de muchas viviendas, las grandes empresas, los jóvenes representantes del nuevo sindicato aseguran que van contra "todo el que considera la vivienda como forma de hacer negocio cuando para tantos ciudadanos es una necesidad".
El Sindicato de Inquilinos de Cádiz admite que "los grandes tenedores, los que tienen diez o más viviendas, tienen el 10% de los pisos en alquiler de Cádiz". Parece un porcentaje bajo. El oponente, por tanto, es el pequeño propietario, el que trata de rentabilizar la propiedad de dos o tres pisos.
Ochoa destaca la enorme dificultad para encontrar alquileres de larga duración o el creciente porcentaje de salario que, sobre todo los más jóvenes, deben destinar para pagar la renta.
Otro enemigo, asegura el SIC, es la temporalidad, los alquileres de temporada "que benefician a los grandes tenedores y propicia la aparición de más pisos turísticos".
Aunque el gobierno municipal de Cádiz, dirigido por Bruno García (PP), ha fijado la vivienda como su máxima prioridad y dice reforzar las medidas contra los pisos turísticos irregulares, el Sindicato de Inquilinos considera "claramente insuficientes, de cara a la galería" esas propuestas.
El SIC exige, como sus homónimos de Málaga o Barcelona, actuaciones urgentes y contundentes a todas las administraciones.
Entre ellas está recortar a la mitad el precio máximo de los alquileres, recuperar para el parque público de viviendas las que estén vacías y controladas por fondos de inversión o la retirada de licencias de apartamentos turísticos.