El proceso empieza a sonar repetido en la ciudad de Cádiz, pero el escándalo y la discusión pública siempre parecen a estrenar. Un colectivo ciudadano, una institución, anuncia los trámites para cambiar el nombre de un centro, recinto, calle o plaza.
Ramón de Carranza, su hijo José León, José María Pemán y aristócratas de los siglos XVIII y XIX han sido ejemplos precedentes, casos aún abiertos, por sus vínculos históricos con procesos dictatoriales o de represión, cuando no crímenes.
Los que dan el paso de cambiar o pedir el cambio lo hacen amparándose en normativas aprobadas con mayoría suficientes y legítimas. Por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica o el epígrafe constitucional que define a España como un país laico en la teoría.
"Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias". Artículo 16.
Cuando la lírica es aplicada a la prosa cotidiana, la libertad ya no es tan sencilla. Un grupo de padres del colegio de Enseñanza Infantil y Primaria La Inmaculada, en Cádiz, anunciaba a primeros de diciembre su intención de abrir un proceso participativo para buscar nuevo nombre.
La Inmaculada es un colegio originario del casco antiguo (entorno del Parque Genovés) que se mudó en los años 70, con su mismo nombre y estructura, a su actual emplazamiento, en el extremo Sur del término municipal, en el inicio de la autovía CA-33 hacia San Fernando, frente a la playa de Cortadura.
Este recinto y su alumnado tuvieron inicialmente origen militar (mayoritariamente adscritos a familias de la Armada Española) aunque con los años se ha convertido en heterogéneo como el de todos los centros escolares.
A menos de cien metros hay pistas deportivas o residencias hoteleras, otras pruebas de las constantes concesiones a los tres ejércitos que la ciudad de Cádiz hizo, en el área urbanística, durante el último tercio del siglo XX.
El argumento central del cambio de este colegio es que tiene nombre religioso, de virgen católica en este caso, y ya "no refleja nuestros valores" por ceñirse sólo a un grupo, por más que mayoritario en la sociedad gaditana. Así lo entiende el consejo escolar.
Así anunciaba la apertura de un proceso participativo en el que el alumnado "tendrá la oportunidad de hacer propuestas [del nuevo nombre] durante una tutoría en el colegio, donde desarrollarán ideas originales en un espacio colaborativo y dinámico".
La única condición previa para presentar sugerencias de nuevo nombre es que esas nuevas opciones no tengan origen ni religioso ni político.
El mismo anuncio del estamento colegiado (representativo por tanto de padres, trabajadores y docentes) invitaba a sumarse al coloquio público y abierto "al resto de la comunidad educativa, enviando sus propuestas".
Ese plazo de diálogo interno, comunicado a través de redes sociales, abarca desde el 13 de diciembre hasta el próximo 12 de enero. Sin embargo, antes de cumplir la mitad del calendario, la polémica ya ha saltado con injerencias cada vez más llamativas.
Como suele suceder, fueron algunos medios de comunicación, o columnistas, de línea entre conservadora hasta extremista ultracatólica, los que adelantaron el mensaje de rechazo a la modificación de nombre.
El proceso de cambio ha sido definido incluso como "acto de odio" contra la Iglesia Católica, "contra la religión", por uno de esos escritos. Al toque de corneta mediático le acompañaron otras manifestaciones particulares.
Antiguos alumnos discrepan del cambio de nombre por lo que tiene de "borrar todo su pasado, todo el bien que se ha hecho, tanto esfuerzo docente y a todos los que allí nos hemos formado", como asegura en redes sociales Francisco José García.
Otro, Pablo Rodríguez Sánchez, ha creado una plataforma en la web change.org con el aclaratorio título "No al cambio de nombre del CEIP La Inmaculada". "Siento lástima como antiguo alumno por la intención de cambiar el nombre a una institución con más de 50 años llevando ese nombre".
"Debemos reconocer y respetar la extensa historia de La Inmaculada y no olvidar a los miles de alumnos que han pisado y se han formado en sus aulas, así como a todo el profesorado que dio lo mejor de sí desde su fundación hasta nuestros días con gran éxito. Estos 50 años representan más que un simple nombre".
La batalla ideológica es la misma en cada caso, sean estadios o teatros: los que consideran que es tiempo de aliviar viejas injusticias con herramientas legales y democráticas contra los que creen que el tiempo pasado es inamovible, casi irreprochable, y representa una memoria colectiva que todos deben respetar o adorar.
El tercer paso, tras anuncio y respuestas particulares, alcanza ya a las instituciones. El grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía de su portavoz y diputado gaditano Manuel Gavira ha registrado una proposición en la que muestra su rechazo al cambio de nombre del colegio La Inmaculada.
Lo considera "un acto de desarraigo cultural que desconoce el papel que la tradición y la fe han jugado en el desarrollo histórico de nuestra región" y pide a la Junta que esta negativa siente precedente para "mantener otros nombres religiosos originarios de los centros educativos andaluces".
Vox hace suyos los argumentos de antiguos alumnos o columnistas, a los que se refiere expresamente, y defiende que el nombre del centro "está cargado de historia, tradición y significado. Trascienden generaciones. Representa un legado cultural, histórico y espiritual profundamente arraigado en nuestra tierra".