La presión social contra los efectos de los apartamentos turísticos, de proliferación asombrosa en los últimos diez años en muchas ciudades andaluzas, ha tenido a todos los partidos políticos jugando al gato y al ratón durante los últimos ocho años en Cádiz.
Primero fueron formaciones como Adelante Izquierda Gaditana (AIG) las que propusieron la paralización de licencias, la célebre "moratoria", mientras PP y PSOE, entonces enfrente del gobierno local, se negaban o abstenían.
A partir de 2023, con el relevo en la Alcaldía de Cádiz, le tocó a Bruno García (PP) lidiar con un clamor que incluso tenía como coristas destacados a los alcaldes y compañeros de las ciudades más grandes de Andalucía, Sevilla y Málaga.
Durante los primeros meses de su mandato actual, el regidor gaditano hizo equilibrios como pudo. "La patronal y la Junta de Andalucía preparan un informe que servirá como base para tomar una decisión reflexionada y consensuada", fue su mantra durante media docena de intervenciones públicas.
Pero la presión seguía y los efectos eran cada vez más visibles en muchas calles, barrios enteros. La templanza se agotó y llega el momento de las decisiones. "Seis años tarde, una lástima", declaraba en el pleno municipal extraordinario de este martes en Cádiz David de la Cruz, portavoz de AIG.
Sea o no con retraso, la ciudad de Cádiz no aceptará nuevas licencias para pisos turísticos, al menos, hasta 2028. Ya basta, ya hay demasiados, podría ser el resumen coloquial del trámite administrativo oficialmente culminado en este 13 de mayo de 2025.
Seis años después, unanimidad
Bruno García de León presidía este martes un Pleno extraordinario en el que se aprueba por unanimidad la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para proceder a la suspensión del registro de nuevas Viviendas con Uso Turístico (VUT).
El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, asegura que se trata "de la primera de las medidas que este equipo de gobierno para restringir este tipo de alojamientos en la ciudad y para favorecer la vivienda en Cádiz".
El siguiente paso, asegura Cossi, será el encargo de un estudio de los niveles de presión turística que permitirá una nueva regulación de las Viviendas de Uso Turístico lo más restrictiva posible. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento redactará una ordenanza municipal actualizada. A su enorme proliferación, cabe pensar.
Cossi reivindica ahora, tarde o no, "pasos muy importantes con la puesta en marcha de medidas restrictivas". Defiende que, de la mano con la Junta de Andalucía, "se han dado de baja 441 viviendas de uso turístico que no cumplían la normativa". Además, de sanciones para las que "operaban de manera ilegal".
¿La primera de muchas medidas?
El equipo de gobierno asegura que ya prepara dos nuevas modificaciones para el PGOU. La primera de ellas sería "el blindaje del suelo residencial para vivienda impidiendo de forma permanente la implantación de hoteles y apartamentos turísticos" en esos terrenos.
La segunda de estas nuevas modificaciones consistiría en la reducción de los ejes comerciales en el casco histórico. Ese paso permitirá la creación de viviendas en edificios de oficinas, plantas bajas y locales destinados hasta ahora a tiendas y servicios.
"Hoy es un día importante, se está trabajando en la generación de vivienda en la ciudad"
El alcalde, Bruno García, cerraba el pleno extraordinario con cierta ceremonia: "Hoy es un día muy importante porque se da un paso más. Además de poner en marcha medidas restrictivas, también se está trabajando en la generación de vivienda en la ciudad".
En un lógico ejercicio de reivindicación política, recuerda "las 106 viviendas que estarán en marcha en este año 2025, de las que el 83% son de alquiler social, y que cuentan ya con financiación garantizada".
También hace referencia al "plan de reforma interior de las viviendas del parque municipal, dotado con un millón de euros, para mejorar la calidad de vida de estos inquilinos y que beneficiará a unas 160 familias".
