El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido este miércoles el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 53 viviendas protegidas de alquiler social en la Avenida de Marconi, en los antiguos terrenos de Tabacalera. El proyecto, que contará con un plazo de ejecución de 18 meses, forma parte del compromiso municipal de construir 106 viviendas sociales en la ciudad.
En el acto estuvieron presentes la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; y la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. También asistieron representantes de asociaciones vecinales, técnicos de la empresa municipal Procasa y miembros de la empresa constructora, UTE Construcciones Serrot SA y Sardalla Española SA.
La promoción se enmarca en el programa de ayudas a la construcción de viviendas públicas de alquiler social con criterios de eficiencia energética, financiado parcialmente con fondos europeos Next Generation. La subvención asciende a 2,37 millones de euros, lo que supone el 26,86% del coste total de la obra, que alcanza los 8,82 millones. El Ayuntamiento de Cádiz aportará 6,2 millones (70,28% del presupuesto), mientras que Procasa contribuirá con 252.531 euros.
El edificio contará con nueve plantas: un sótano para garajes, una planta baja destinada a locales comerciales, una primera planta para oficinas y seis plantas superiores con las 53 viviendas. De estas, 27 tendrán tres dormitorios y 26 serán de dos. Además, se han reservado cupos específicos para distintos colectivos: cinco viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, cuatro para personas con discapacidad, 20 para menores de 35 años, 20 para mayores de 65 y cuatro de cupo general.
Bruno García destacó que esta promoción es "una muestra del compromiso del equipo de gobierno con el acceso a la vivienda". Agradeció a las instituciones, a Procasa y a los ciudadanos, "cuyos impuestos hacen posible destinar 6,2 millones a este proyecto". Recordó otras medidas impulsadas por el consistorio, como la prohibición de nuevos alojamientos turísticos, la protección del suelo residencial y la rehabilitación de viviendas municipales.
El acceso a la vivienda
Por su parte, Blanca Flores, subdelegada del Gobierno, subrayó la importancia de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda. Criticó la pérdida de viviendas protegidas en las últimas décadas y defendió la Ley de Vivienda estatal como herramienta para "blindar el parque público". "La ciudadanía pide que el mercado opere con justicia social, no como un lujo", afirmó.
Rocío Díaz, consejera de Fomento andaluza, resaltó la colaboración entre administraciones y citó otros proyectos en la provincia, como las promociones de Matadero Sur y Puntales. Anunció que la Junta prevé construir 20.000 viviendas asequibles en Andalucía en cinco años, en línea con el decreto ley de medidas urgentes recientemente aprobado.
Esta promoción es la primera de las 106 viviendas sociales comprometidas por el Ayuntamiento de Cádiz. Además, el Gobierno central planea construir otras 800 viviendas en Navalips, de las cuales 400 serán protegidas. El proyecto refleja el esfuerzo coordinado de administraciones para abordar la crisis de acceso a la vivienda, combinando fondos europeos, inversión municipal y políticas autonómicas. Las obras, ya en marcha, se convertirán en un referente de vivienda social y eficiencia energética en la capital gaditana.
