Apenas una semana después de la presentación de un Sindicato de Inquilinos en Cádiz, con una pequeña manifestación simultánea en las puertas de la sede municipal (convocada por Cádiz Resiste, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Plataforma de Vecinos de El Pópulo) y mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos estaba a sus labores, el Ayuntamiento de Cádiz celebraba un pleno extraordinario con un resultado muy ordinario: la nulidad absoluta.
"Este pleno no va a servir para nada" pronosticaba en uno de los primeros duelos dialécticos el representante del PSOE José Ramón Ortega. Vaticinaba, el también diputado, que el gobierno local del Partido Popular se aferraría a "su mayoría absoluta" para presentar y aprobar una batería de propuestas, como así fue.
Enfrente, Adelante Izquierda Gaditana (AIG) y PSOE clamaban por alternativas de control de pisos turísticos, fiscalización de las viviendas vacías o fomento de la construcción pública con una batería de 27 propuestas alternativas. Todas en vano y con el destino cierto del olvido en el cajón de las ideas descartadas.
En el tránsito entre lo previsible y lo inevitable, muchas descalificaciones cruzadas. La sesión comenzó con el aviso del alcalde, Bruno García. Cada grupo tendría turnos sucesivos de seis minutos para exponer sus teorías y propuestas.
La delegada de Vivienda, Ana Sanjuán, abrió el rosario de discursos con un tono que se mantendría inalterado. Llamó "hipócritas" y "mezquinos" a los integrantes de la oposición (AIG y PSOE).
Justificó esos reproches con un hecho: que no aplicaron ninguna de las medidas de fomento de la vivienda pública. "Cero en los primeros cuatro años y 63 en los cuatro siguientes", o del control de los apartamentos turísticos, "nunca crecieron tanto como con ustedes en el poder".
Junto a varios de sus compañeros de partido, llegó a mostrar pancartas con estos números y otros datos supuestamente descalificatorios hacia la oposición.
Las dos formaciones interpeladas tienen pocos números para defender su actuación al frente de la Alcaldía de Cádiz (AIG) o la Junta de Andalucía (PSOE) hasta 2023 y 2018, respectivamente.
En ese otro lado del semicírculo plenario de Cádiz, José Ramón Ortega acusaba a los dirigentes populares de doblegarse ante los ninguneos constantes del gobierno autonómico en favor de Málaga y Sevilla, en contra de la ciudad. "Lo que propone este gobierno municipal es más de lo mismo, medidas que ya han fracasado", resumió con tono nihilista.
David de la Cruz, portavoz de AIG, calificaba de "canallas" las políticas municipales por "vender suelo público a manos privadas" o "desmantelar el cinturón universitario" alrededor del fiasco de Valcárcel en el barrio de La Viña.
El gobierno municipal también carece de datos y pruebas para desmentir estas últimas acusaciones. Empate a nada.
Así las cosas, la sesión transcurrió entre un tenso intercambio de reproches para acabar como anunciaba el orden del día: el PP aprobaba un plan con ocho medidas teóricamente destinadas a paliar los efectos de la crisis de la vivienda en Cádiz.
Son actuaciones en las llamadas "pastillas" urbanísticas que parecen aspirinas para tratar una gangrena de ámbito estatal ha disparado los precios a niveles desconocidos mientras recorta a mínimos históricos la cantidad de pisos disponibles.
Las propuestas propias fueron aprobadas a mano alzada por el gobierno municipal. Las de la oposición se caen. No habrá rechazo total para nuevos apartamentos turísticos. Por ejemplo, no habrá incremento fiscal, a través de tremendas subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para los propietarios de viviendas vacías.
Todo se queda como está. El gobierno municipal impone su plan con una mayoría legítima y la preocupación de la ciudadanía por el acceso a la vivienda, el más caro y difícil en décadas, permanece intacta a falta de resultados.
El debate de fondo, paralelo y vinculado, promovido por la Alcaldía de Bruno García, es la constante pérdida de población en la ciudad. "Bajar de los 100.000 habitantes parece inevitable", sentenció el PSOE. Ese temor -latente y permanente desde los años 90- también acaba en debate nulo.
La realidad incuestionable es que los tres partidos representados han tenido responsabilidad de gobierno (estatal, municipal o autonómica) mientras el censo local se derrumbaba durante los últimos 40 años. La situación permanece en la misma fase de empeoramiento.
Los tres partidos representados han tenido responsabilidad de gobierno (estatal, municipal o autonómica) mientras el acceso a la vivienda se complicaba por multiplicación de vivienda turística, desaparición de las promociones públicas y especulación con los precios de alquiler o venta. Durante los últimos 20 años, al menos, sin interrupción. La situación permanece en la misma fase de empeoramiento.
"El Ayuntamiento y todas las administraciones públicas tienen que impulsar la construcción de nueva vivienda pública en alquiler, asequible para los gaditanos, con una moratoria inmediata para apartamentos turísticos, para posteriormente ir disminuyendo la existente". Era la petición, con tono inocente, de los manifestantes a las puertas del Ayuntamiento.
"El Ayuntamiento no debe vender ningún metro cuadrado de suelo público", añaden para recordar los casos de Náutica, Campo de las Balas, junto a La Viña, o diversos enclaves de Extramuros.
Estos mensajes, con gritos y consignas, fruto del malestar que provoca la carestía y la escasez de vivienda, reaparecieron durante la celebración del pleno cuando los convocados aparecieron en la sala noble del Ayuntamiento de Cádiz.
"Volveremos a debatirlo"
Bruno García se limita a lamentar que la oposición rechace las propuestas que ofrecen los populares "para tratar de dar una solución de manera consensuada al problema de la vivienda en la ciudad, el que más afecta a los gaditanos".
Más allá de la contrición, el alcalde daba luz verde a la votación que terminaba con ocho propuestas populares aceptadas. Las de la oposición, archivadas.
Entre las defendidas con triunfo por el PP están una actuación en la barriada Manuel de Falla; acelerar expedientes de expropiación de fincas; modificar el PGOU para favorecer la construcción de vivienda pública; prohibir apartamentos turísticos en viviendas de grado 1; la elaboración de un estudio para detectar el número de viviendas vacías o un nuevo censo de apartamentos turísticos.
Entre las propuestas vencedoras también aparece animar a la Junta de Andalucía en la creación de vivienda pública en Cerro del Moro, Matadero o Puntales y garantizar el avance de la creación de un nuevo barrio en Navalips (terreno ubicado frente al acceso al recinto fiscal de la Zona Franca).
Bruno García asegura que su partido habría votado a favor de 17 de las 27 propuestas presentadas en este pleno por la oposición, por lo que lamenta que las retirasen en bloque, como símbolo de rechazo a la gestión municipal en el área de vivienda.
En un presunto gesto de generosidad, el alcalde dice estar dispuesto a debatirlas de nuevo en el próximo pleno ordinario, en la última semana de este mes, "a pesar de que ni PSOE ni AIG han querido conseguir un consenso" en la sesión extraordinaria de este miércoles 12 de febrero.
Será por debates y ocasiones de discutir medidas. Mientras las dos crisis analizadas y vinculadas, vivienda y población, avanzaban en Cádiz durante tres décadas se habrán celebrado varios centenares. El resultado siempre fue el previsible en la víspera de cada sesión.
