El reloj avanza. La tensión crece y los rechazos se acumulan. El desahucio de Tamara Manzano de la vivienda municipal que, admite, ocupó en la barriada de Guillén Moreno está previsto para este martes, 1 de abril.
La delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) es uno de los últimos, y más representativos, colectivos sociales en oponerse a la ejecución de la medida judicial.
Apdha considera como "una contradicción fuera de toda lógica que un departamento municipal interponga una denuncia por ocupación de vivienda pública y otro emita un informe que avala la vulnerabilidad de la familia de cara a suspender o retrasar el desahucio".
"Si los servicios sociales municipales han dictaminado la existencia de vulnerabilidad en el caso de esta familia -una madre con problemas de salud y dos menores a cargo-, parece evidente que el Ayuntamiento debería acatar el Real Decreto-Ley 1/2025".
Según la asociación, este texto legal, con fecha de 28 de enero,"prorroga durante todo el 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional".
La norma en la que se ampara el colectivo humanitario "aprueba la suspensión de dichos procedimientos en los casos de impago de alquiler para hogares vulnerables de quienes habiten sin título una vivienda".
Este supuesto estaría previsto para "víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo", como parece ser el caso de Tamara Manzano, diagnosticada de cáncer y con dos hijas con menos de 18 años.
Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Cádiz admiten la dificultad del caso y prevén muestras de rechazo pero se amparan en la normativa que prima la lista de espera para estos pisos públicos, como el ocupado.
Para los responsables municipales, el orden administrativo debe prevalecer, especialmente cuando afecta a otros ciudadanos en similares circunstancias pero con prioridad según los baremos de Asuntos Sociales.
Posibilidad de multa y cárcel
Para Derechos Humanos, en cambio, la afectada reúne todos los requisitos legales para acogerse a la suspensión del desahucio y "debería ser el propio ayuntamiento el que le procurase esta posibilidad legal".
Como agravante, destaca Apdha, "se da la circunstancia de que, además, pudiendo optar por la vía civil o el desahucio administrativo, Procasa ha denunciado a esta ciudadana por lo penal".
Esa circunstancia puede conllevar "además de la imposición de una multa que, de no cumplirse" la afectada se enfrente a una pena de posible "privación de libertad".
"Resulta inaudito -concluye Derechos Humanos- que se busque criminalizar a una familia vulnerable, cuando lo más grave es la inoperancia de los poderes públicos para hacer cumplir el derecho fundamental a la vivienda".
