Versiones hay varias. Contradicciones, algunas. Responsables hipotéticos, bastantes. Hechos, hasta ahora, sólo uno.
Tamara Manzano, madre de dos hijas adolescentes, okupa confesa de un piso municipal durante un año, diagnosticada de cáncer y considerada como víctima de violencia de género debe abandonar su piso en Guillén Moreno, en Cádiz. Sucedía este martes, 1 de abril, a las 10.20 de la mañana.
Un destacamento policial formado por una decena de funcionarios, trabajadores públicos de la empresa municipal de vivienda, Procasa, y de asuntos sociales, incluso dos operarios encargados de cambiar la puerta de la octava planta de Marinero en Tierra número 4, ejecutaron la orden.
Todos esos empleados se llevaron su porción de reproche, más o menos leve y previsible, a la llegada y a la salida por ser los brazos ejecutores de la decisión que han tomado otros y que causan muchos factores.
La primera decisión, en la primavera anterior, es la de Tamara Manzano, la madre considerada vulnerable, a nivel medio, por todas las administraciones, incluyendo Asuntos Sociales, a resultas de su estado de salud, precedentes de maltrato y las dos menores a su cargo.
Admite que entró en un piso que no le corresponde "porque no tenía alternativa, no quiero ser okupa, quiero pagar pero no puedo pagar un alquiler normal y no me ofrecen uno social, no puedo estar en la calle", reiteraba entre lágrimas nada más ser desalojada.
La segunda decisión es la del Ayuntamiento de Cádiz al denunciar, por vía penal, la ocupación del piso municipal desalojado este martes. "Es algo insólito. Nunca había sucedido en esta ciudad".
"Hay muchos casos precedentes y nunca se actuó así, por lo penal, con riesgo de multa y cárcel. El juzgado también ha actuado mal", valora Rafael Lara, de Asociación Pro Derechos Humanos al pie del desahucio.
El Ayuntamiento de Cádiz sostiene, desde el inicio de la ocupación hasta este 1 de abril del desahucio, que la víctima del desalojo tiene un nivel de vulnerabilidad "medio", según los técnicos de Asuntos Sociales.
Sus ingresos económicos mensuales, el posible apoyo familiar de padres y expareja -no es el denunciado por malos tratos- o edad la colocan en mejor situación que "otras cien personas en peor situación" que esperan un piso público, una vivienda protegida en régimen de alquiler social.
"Entrar en uno de esos pisos por la fuerza es una falta de respeto hacia esas otras personas que esperan", repiten desde el gobierno municipal con la imagen pública en contra, con la etiqueta de caseros insensibles colgada del cuello.
La siguiente resolución fue la sentencia judicial que fijaba el desahucio, ejecutado, para este martes. Los recursos, las peticiones de moratorias, todo ha sido denegado pese a que todas las administraciones admiten, por escrito y de forma oficial, que se trata de una mujer en situación "vulnerable".
Tanto el prólogo como el epílogo al momento de la salida, entre abrazos y lágrimas, de Tamara Manzano -nunca opuso resistencia física- devinieron en una especie de asamblea ciudadana improvisada, o no tanto.
La treintena de activistas -con la exconcejala Ana Camelo Gragera y el ex candidato a la Alcaldía Lorenzo Jiménez- y vecinos expuso el dolor, las sombras y las dudas de una situación innegable: la alarmante falta de vivienda social en Cádiz.
El bajo número de construcciones desde 2008, la explosión de los pisos turísticos que acaparan mercado y rehabilitaciones hace 15 años, la avaricia de arrendadores, sean particulares o empresas, y la discutible gestión de las listas de espera por parte de tres alcaldías distintas -incluso con procesos judiciales archivados-, están detrás de una crisis evidente.
El episodio de este martes, primero de abril, sólo es un síntoma visible y muy llamativo de una enfermedad casi crónica, compleja, con raíces antiguas y profundas.
En la explosión de rabia, siempre verbal, pagan todos, injustos por pecadores. Los que necesitan de ayuda comunitaria se revuelven entre ellos y arremeten contra los que están en una situación similar o peor.
En los 20 minutos previos al desalojo y en la hora posterior, los concentrados llegarían al medio centenar. Muchos de ellos contribuyeron a crear un festival de gritos que buscaban responsables a lo que sucedía.
Desde el "vecinos, cabrones (o mirones), bajad de los balcones", contra la indolencia de los espectadores en bata y pijama, del resto de la ciudad y la sociedad, hasta las frecuentes alusiones a "los pisos que venden droga y los fumaderos, esos tienen que vaciar y no el de una madre".
Las referencias al mal funcionamiento de las listas de espera para obtener un piso de alquiler social de Procasa también son una constante. "No es verdad que esa lista exista", estrenan como eslogan, o "le dan los pisos a quién les da la gana" fueron lo más escuchado.
Las referencias a la corrupción en la gestión de la vivienda pública, a la supuesta gran cantidad de pisos vacíos que están inutilizados, que no se ofrecen a los que los necesitan, también fueron comunes.
La desalojada, la okupa y vulnerable Tamara Manzano declara que "hay que buscar solución a los cien que están por delante de mí en la lista de espera".
La tensión llega a provocar brotes de indiscreción y chismorreo sobre los vecinos o dirigentes vecinales, mencionados por su nombre, en voz muy alta. Que si tienen otros pisos en zonas distintas de la ciudad y bloquean una segunda vivienda, que si permiten a familiares ocuparlos gratis.
El clásico del racismo y la xenofobia tampoco se hace esperar. "Seguro que a los moros no les sacan de sus pisos", "ahora se lo darán a unos moros", con la versión "rumanos", también.
"Estos pisos son para losmoritos que votan a Pedro Sánchez" fueron barbaridades oídas más de una decena de veces.
El futuro inmediato y la oferta incierta
De vuelta a los hechos, aparecen las contradicciones. El futuro inmediato de Tamara Manzano y sus dos hijas, ya sin vivienda okupada en Guillén Moreno, ofrece versiones distintas según quién hable.
Rafael Lara, Pro Derechos Humanos, asegura que para paliar "esta situación injusta e inhumana, el Ayuntamiento ha ofrecido un piso en alquiler social, pero no sabemos dónde ni en qué condiciones. Hemos remitido toda la documentación de Tamara pero no sabemos nada más".
Apenas diez minutos después, la propia Tamara Manzano, ante la misma nube de micrófonos y cámaras, asegura que "no hay piso, qué piso", que no sabe nada de un posible alquiler social.
Un cuarto de hora después, entre llamadas a marchar hacia la sede de Procasa, una de sus amigas y portavoces, la más activa en la concentración, grita que hay piso pero que no se sabe qué parte del alquiler costearía la afectada y qué parte pagaría el Ayuntamiento de Cádiz, que así no se puede.
De vuelta a la confusión, tras una hora larga de lamentos y críticas cruzados, de policías y funcionarios que vienen y van, sólo cabe aferrarse a un hecho cierto: hay escasez y mala gestión de las viviendas sociales para ciudadanos en situación vulnerable.
Esa realidad, más allá de los componentes de injusticia, crueldad, manipulación u omisiones que pueda tener el caso de Tamara Manzano, nadie se atreve a negarla en Cádiz. Ni el equipo de gobierno municipal.
