Eva y Rocío prefieren no dar sus apellidos ni exponer su rostro a las fotografías. Trabajan en un sector vulnerable y vinculado a la seguridad pública aunque no llevan uniforme ni armas.
Su centro de trabajo está en centros públicos y pisos supervisados. Su área es la tutela, la reeducación, la integración de menores "infractores" que han sido condenados por algún delito.
Son colegas de Belén Cortés Flor, la educadora social de 35 años presuntamente asesinada el 9 de marzo por tres menores de 14 y 15 años en el piso de Badajoz que compartían tras recibir una sentencia por distintas faltas o delitos.
Rocío y Eva representan a un sector "muy feminizado" que aspira a prestar acompañamiento, formación y rehabilitación a los menores que han sido castigados por la Justicia. Sin embargo, se muestran "asustadas" por tener que realizar su trabajo "en soledad, sin las mínimas condiciones de seguridad".
"Cada vez estamos más solas, cada vez el riesgo es mayor y cada vez hay más agresividad entre los menores", destaca Rocío, que como su compañera ejerce en el centro Afanas El Puerto y Bahía, un CIMI (centro de internamiento de menores infractores) concertado por la Junta de Andalucía.
Ellas, como unos 60 compañeros de distintas poblaciones de la provincia, se concentraban minutos antes del mediodía de este miércoles ante la sede central de la administración autonómica, en la Plaza de España de Cádiz.
El Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras era el convocante de una protesta para reclamar de forma urgente "más medios técnicos y de personal para poder garantizar la integridad y seguridad".
"Los centros no son más seguros que los pisos tutelados, también estamo una persona sola por cada módulo"
Eva ha vivido un episodio de "tensión que mejor no detallar" hace pocos días y asegura que las situaciones individuales y esporádicas hace varios años que pasaron a ser frecuentes y colectivas.
"Tenemos miedo y en los centros, igual que en los pisos. Los centros no son más seguros. Estamos solas en todos los casos", afirma para aclarar la suposición de los inexpertos en este trabajo.
"En los centros está una persona sola en cada módulo y, así, la situación es igual de peligrosa que cuando tiene que acudir a un piso o una casa con menores infractores".
En Afanas El Puerto y Bahía, conveniado como numerosas instituciones con la Junta, hay "menores infractores y no infractores" tanto en el centro como en una pequeña red de viviendas tuteladas. Su actitud, con muchas excepciones y como media, "cada vez es más agresiva".
"Cada vez tenemos más burocracia y más menores pero menos medios, menos ayuda. Actualmente, en la mayoría de los centros de la provincia hay un educador por cada seis infractores. Es una ratio demasiado alta", señala.
Todos los profesionales, como los de Afanas Sanlúcar y los portavoces de la protesta, coinciden en señalar el origen del problema: "La privatización, la externalización del servicio mediante conciertos con empresas y entidades".
Privatizaciones "a la baja" y deterioro del servicio
"Desde el año 1992 comenzaron los convenios para que entidades privadas o asociaciones ejercieran las funciones de tutela y reeducación de los menores con delitos pero durante estos 30 años, el servicio no ha dejado de deteriorarse y eso cada vez nos hace más vulnerables a los trabajadores".
Ese deterioro consiste, según las cinco trabajadoras y el portavoz de Comisiones Obreras, en "condiciones cada vez peores, a la baja, en los pliegos de contratación".
Según su experiencia personal, la Junta de Andalucía cada vez oferta menos dinero por este servicio, por lo que "las empresas tienen que ajustar personal, subir las ratios, ampliar horarios".
Año tras año, aseguran, la sensación de "soledad y desamparo ante los menores que muestran actitudes violentas es cada vez más alta".
"Lo que le ha sucedido a Belén en Badajoz puede pasar en la provincia de Cádiz en cualquier momento"
"Lo que le ha sucedido a Belén en Badajoz puede pasar en la provincia de Cádiz en cualquier momento. Todas somos Belén, cada vez tenemos menos ayuda, menos personal y menos material".
"Esa tragedia se puede repetir en esta provincia y en cualquier otra, de Andalucía o de las comunidades autónomas que conciertan estos servicios".
Los encargados de leer el manifiesto llegan a decir que estos profesionales, mujeres en un porcentaje que supera el 70%, se ven obligados "a poner su cuerpo delante de los menores" para "reducirles o repeler sus ataques".
