La Junta de Andalucía acude al rescate de uno de los suyos, el alcalde de Cádiz, en el empeño de recuperar y activar suelo en una ciudad sin apenas término municipal.
El salvavidas tiene forma de "convenio de colaboración" de la Consejería de Economía y Hacienda con el Ayuntamiento de Cádiz. Sus titulares, el alcalde Bruno García y la consejera Carolina España, lo representarán con una firma pública durante septiembre.
El objetivo del pacto es darle uso, y control municipal, a varios inmuebles o terrenos inutilizados o infrautilizados desde hace décadas por la Junta de Andalucía en la ciudad de Cádiz.
Entre ellos, algunos tan llamativos como la antigua Escuela de Náutica, en la avenida Duque de Nájera, número 10, frente a La Caleta. Tras 30 años de cierre y abandono pasará a ser posible sede de distintas "actividades económicas, exceptuando la del hospedaje".
La finca de la calle Marqués de Valdeíñigo, número 2, calle que conecta Rosario con San Francisco, fue sede durante muchos años de una delegación de la Junta que ahora pasará a tener uso residencial.
El solar de la antigua Institución Provincial, entre las calles de Tolosa Latour y Brunete, barrio de San Severiano, fue el primer emplazamiento teórico de la Ciudad de la Justicia.
Un cuarto de siglo después de aquella hipotética utilidad, nunca llevada a la práctica, pasará a tener uso de equipamiento administrativo, residencial que incluirá zonas verdes.
También se incluye en el acuerdo parte de los antiguos depósitos de Tabacalera para la nueva Ciudad de la Justicia y la que fuera sede del antiguo Instituto de La Viña que ahora conforma la plaza Manolo Santander.
Queda incluido en el acuerdo el inmueble ubicado en la avenida Cayetano del Toro, 36, llamado el chalet de San Luis, actualmente utilizado como un aparcamiento en superficie y que pasa a titularidad municipal.
El alcalde Bruno García obtiene un notable respaldo a su figurado plan Cada metro cuenta, con el que quiere dar uso a inmuebles o terrenos inutilizados o infrautilizados mientras salen adelante los grandes proyectos urbanísticos como nuevo hospital, Valcárcel o Ciudad de la Justicia.
"Con este convenio se cumplen varios objetivos de manera paralela. Nos va a permitir poner en uso diversos inmuebles que ahora están cerrados y, a la vez, algunos pasan a tener también un uso residencial, lo que traerá consigo la creación de vivienda, algo que para nosotros y para la Junta es fundamental".
Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, añade que "este convenio viene a reflejar la coordinación entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz, al tiempo que sirve para ordenar infraestructuras en desuso que fueron abandonadas muchos años por anteriores gobiernos de la Junta”.