Las letras grandes siempre resultan llamativas en la política municipal. Cuando la mirada se coloca sobre las pequeñas, el poco entusiasmo suele verse sustituido por el escarmiento y la prudencia. La norma volvía a cumplirse este segundo jueves de 2025 en el Ayuntamiento de Cádiz.
La visita de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, servía para anunciar un nuevo convenio urbanístico entre Junta de Andalucía y la Alcaldía gaditana. Incluye grandes nombres pero pocos números.
El acuerdo afecta a seis fincas y solares e incluye la gran novedad de utilizar la vieja Escuela de Náutica, el gran edificio blanco y abandonado sobre La Caleta, como espacio de "uso residencial", es decir, destinado a la construcción de viviendas.
Hasta ahí lo llamativo y atractivo para la ciudadanía. Preguntados los comparecientes por los plazos y detalles de las operaciones llegaron los recortes de satisfacción. Admitieron, por ejemplo, que "la fase de tramitación se prolongará cuatro años", como mínimo, en cinco de los seis casos.
Ese periodo comprende salidas a subastas, concursos, licitaciones, recepción y aprobación de proyectos, es decir, burocracia ineludible y garantista. A partir del año 2029 comenzarían las obras en el más optimistas de los supuestos, uno que nadie espera.
Todo lo anunciado dentro del convenio Junta-Ayuntamiento de Cádiz en este inicio de año tendrá efectos prácticos, por tanto, en la próxima década. El contenido puede resultar muy atractivo pero falta por definir y concretar pero, además, nunca tendrá efectos a corto plazo.
Los seis espacios incluidos en el nuevo convenio entre Consejería de Hacienda y Alcaldía de Cádiz incluyen Escuela de Náutica (uso residencial, vivienda); finca en callejón Marqués de Valdeíñigo (uso residencial, vivienda) y antiguos almacenes de Tabacalera en Loreto (futura Ciudad de la Justicia y viviendas).
También la antigua sede de la Institución Provincial en la calle Tolosa Latour de San Severiano (uso residencial, edificio municipal y zonas verdes); chalé de San Luis en la avenida Beatriz Cienfuegos y el antiguo instituto convertido hoy en la plaza Manolo Santander de La Viña.
En el caso de la Escuela de Náutica en La Caleta, el inmueble debe salir primero a subasta y la empresa que obtengan su explotación debe presentar un proyecto, que la administración lo valide y luego comenzar a ejecutarlo.
"Este equipo de Gobierno quiere que Náutica sea residencial y a la Junta de Andalucía también le parece que es un uso adecuado", detalla Bruno García.
"No obstante, es una operación compleja porque el inmueble tiene una alta protección [catálogo Movimiento Docomomo] y hay que ver si es posible construir viviendas…", adelanta el alcalde para que nadie espere agilidad ni sencillez.
La antigua sede de la Escuela de Náutica de Cádiz tres décadas cerrada y casi en ruinas pese a estar ubicada en un lugar estratégico del frente marítimo de la ciudad, entre el antiguo hospital de Mora (actual Facultad de Empresariales) y centro universitario El Olivillo.
La urgente necesidad de construir viviendas forma parte de la receta política del Ayuntamiento de Cádiz para frenar 40 años ininterrumpidos de pérdida de población. La creación de pisos, en cantidades y regímenes por aclarar en el futuro se considera una de las herramientas clave para frenarlo.
De ahí que la vivienda aparezca como propósito también en otro apartado del convenio Junta-Ayuntamiento: la vieja Institución Provincial de Tolosa Latour, espacio que fuera primera ubicación anunciada para la Ciudad de la Justicia en el año 2000.
La finca del callejón peatonal de Valdeíñigo, en pleno centro, entre las calles Rosario y San Francisco, también tendrá esa obvia finalidad residencial aunque por sus reducidas dimensiones apenas podría acoger dos decenas de pisos.
La consejera Carolina España se aventuró a decir que entre todas las piezas del convenio, la ciudad podría ganar "unas 200 viviendas" aunque no especificó si a ese número (resultante de sumar Tolosa Latour y Valdeíñigo) habría que sumar otros cientos en la Escuela de Náutica.
Las imprecisiones y los detalles por ajustar resultan muy previsibles y soportables porque el convenio nunca pasará a la práctica en lo que resta de década. Hay mucho tiempo para ajustar y rectificar.
El anterior convenio Consejería de Hacienda-Ayuntamiento de Cádiz, con resultados desiguales, fue aprobado en el año 2000 y renovado en 2014, para que los ciudadanos se hagan cargo de los plazos que suelen manejar estos planes.
Con todo, alcalde y consejera celebraron que gracias a este pacto la ciudad pase a disponer de espacios como la viñera plaza Manolo Santander o el antiguo chalé de San Luis, entre la avenida central y el Paseo Marítimo, ahora con uso de aparcamiento al aire libre y que pasará a tener "usos administrativos".
El único de los seis edificios o solares que puede acoger obras en el año recién comenzado es del de los antiguos depósitos de Tabacalera, donde se anuncia la futura Ciudad de la Justicia sobre los viejos almacenes de Tabacalera.
"Con todas estas actuaciones, lo que pretendemos desde la Junta de Andalucía es unificar nuestras dependencias y dejar de pagar muchos alquileres mensuales, ahorrar, rentabilizar aquellas propiedades que no necesita la administración" detalló la consejera España.
"Al mismo tiempo, buscamos resolver necesidades de los ciudadanos de Cádiz, sobre todo en materia de vivienda. Vamos a recuperar edificios y terrenos en lugares emblemáticos que, por fin, tras años de olvido y abandono se van a integrar en la ciudad para su uso y disfrute por parte de los ciudadanos".
La consejera de Economía y Hacienda expuso dos precedentes para defender los beneficios del convenio. El primero es que las cinco subastas de inmuebles en desuso realizadas en los últimos años han supuesto 130 millones de euros para la Junta, además de 7,5 millones por enajenaciones directas.
Como segundo ejemplo positivo, España citó la residencia Tiempo Libre. Este edificio, tras casi 15 años de cierre y abandono frente a la playa de La Victoria, fue vendido por la Junta de Andalucía para la creación de un complejo hotelero, Grupo Q, que actualmente "es una fuente de actividad económica y empleo".