Por decimoctava vez desde que fuera elegido alcalde por primera vez, en junio de 2015, el ex regidor gaditano José María González Santos Kichi se ha tenido que presentar ante un juzgado para declarar.
Todas las anteriores han acabado en nada, en sobreseimiento, archivo u olvido total de las acusaciones que se lanzaban en cada uno de los casos.
El nuevo intento por condenar al antiguo alcalde ha tenido lugar en la mañana de este lunes, 24 de junio de 2024, alrededor de las 10.10 horas cuando ha llegado a las instalaciones de la plaza de Los Balbo, en la ciudad de Cádiz.
El motivo de la comparecencia es un presunto delito de prevaricación que investiga el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz. Junto al alcalde, estaban citados a declarar otros antiguos concejales y responsables municipales.
Entre los que les han acompañado aparecían el ex delegado de Personal David Navarro, el de Hacienda, José Ramón Páez, la ex concejala de Turismo, Laura Jiménez y el antiguo jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia.
Las acusaciones de supuesta prevaricación, que provienen de una denuncia presentada por una delegada de Comisiones Obreras, entre otras personas, y están basadas en el papel que desempeñó Fernando García Acuña entre el verano de 2018 y el de 2019.
Según la acusación, este experto administrativo (según el exalcalde y sus concejales de entonces) pertenecía al entorno de grupos políticos como Podemos.
Los hechos investigados se centran en la tarea de Fernando García Acuña entre los veranos de 2018 y 2019
Sin más aval que esa procedencia -acusan los denunciantes- habría participado en procesos para conceder concesiones, contratos y servicios, con acceso a documentos pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde o cualquier otro estamento municipal.
Los autores de la denuncia consideran que García Acuña fue enviado desde Madrid para asesorar en materia de contratación pública por ser considerado un especialista.
Durante su breve etapa en el Ayuntamiento de Cádiz, menor a un año, habría dado órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y era respaldado por el equipo de gobierno pese a no contar, según los acusadores, con ningún nombramiento oficial.
Hablando de 'lawfare'
Tanto el ex alcalde como su formación política, Adelante Andalucía, han renovado este lunes los mensajes que ya habían emitido con anterioridad. Kichi y sus compañeros de partido aseguran que todo es una "persecución jurídica con fines políticos" y recuerdan que las 18 denuncias anteriores acabaron "todas archivadas".
Para el anterior regidor de Cádiz (entre 2015 y 2023) como para la formación política, este proceso es un claro ejemplo de lawfare, anglicismo popularizado por el presidente Pedro Sánchez que se usa para señalar la utilización de la Justicia para "embarrar la vida política, con el fin de torpedear y entorpecer continuamente el trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz" en la etapa anterior.
"Se trata del decimoctavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de Kichi a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo".
Como añadido, el entorno del ex alcalde y su partido recuerdan como clave que "que la investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local", estamento al que acusan de desarrollar "un continuo boicot" al anterior equipo de gobierno, acompañada de "dos ex cargos de libre designación del PP".
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