El ex alcalde de Cádiz José María González Santos Kichi ha declarado como investigado por un presunto delito de prevaricación en el Juzgado de Instrucción nº2 de la capital gaditana por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018.
En anterior regidor gaditano ha asegurado ante el juez que se actuó "con estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer", por lo que espera que se archive la causa.
"No tenemos nada que esconder. Estamos absolutamente tranquilos. Todo lo que se hizo, se hizo por el bien de la ciudad, y evidentemente con un estricto cumplimiento de la legalidad", ha asegurado el ex alcalde a la salida de los juzgados.
Kichi afirma que su única intención es "aclarar lo sucedido" en una causa en la que "sorprendentemente, también se presenta como acusación el PP, como las 17 causas anteriores".
"Se ha respondido con todo nuestro afán de esclarecer los sucesos y de colaborar con el desarrollo de la justicia. Nosotros somos los primeros interesados en que se aclare el tema. No tenemos nada que esconder", ha incidido el ex alcalde.
González Santos ha insistido en el hecho de que acusen, entre otros, miembros del PP: "Parece ser que en esta ciudad, y según la estrategia mantenida con 17 denuncias anteriores, para el PP el mero hecho de no gobernar ya es ilegal. Evidentemente, todo lo que emane del ejercicio de su no gobierno también lo es".
Los hechos se centran en el papel que desempeñó un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en 2018 y durante varios meses analizó y manejó documentos municipales pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente municipal, según la acusación.
El regidor anterior considera que esta denuncia "y las 17 precedentes" forman parte de una "estrategia del PP"
Según la investigación, iniciada en 2021, la llegada del asesor al Ayuntamiento -Fernando García Acuña- estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz para colaborar en materia de contratación pública, en la que lo consideraban un experto.
Siempre según los denunciantes, las órdenes que daba debían ser acatadas por los funcionarios y era respaldado por el equipo de gobierno. Esto ha sido negado por el ex alcalde: "Evidentemente que no dio órdenes. Si las hubiese dado, los funcionarios se hubiesen quejado. Y no fue así".
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