"A veces pienso en liarme a trompadas con un abogado de esos, así acabaría en la cárcel y seguro que estoy infinitamente mejor", resume Óscar, italoargentino de 66 años y vecino de un infierno urbanístico en la tierra. En la de Cádiz.
Es difícil llevarle la contraria a su irracionalidad. Vive dentro de otra. Ni los presos del siglo XVIII en una mazmorra de algún país remoto vivían en peores condiciones higiénicas y sanitarias.
"Ni un perro solo que duerma en un edificio abandonado está peor que nosotros", afirma Khaula Ben, otra de las vecinas, madre de cuatro de los menores que viven donde no deben, donde nadie debería.
Los que crean que exageran o que han cometido algún error -impago, falta- que justificara su calvario cotidiano pueden pasarse por el edificio en el que viven, en pleno centro turístico de Cádiz.
"Ni un perro solo que duerma en un edificio abandonado está peor que nosotros"
En la esquina, a diez metros, en la cuesta, arriba y abajo, entre Palillero y Torre Tavira, se ven pasar los grupos de cruceristas en pantalón corto y tirantes a la busca de un breve resumen de la esencia trimilenaria de la ciudad.
Alguien tendría que explicarles que dentro de ese corazón que buscan los forasteros durante cinco horas de visita también vive la contradicción. El placer turístico, gastronómico, histórico y colorista está pegado a una miseria urbanística insólita que parecía desterrada de Cádiz desde 2005.
En aquel año se remataron las últimas rehabilitaciones que parecían convertir en historia el término "infravivienda". Una visita -este caso desvelado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía- demuestra que aún queda mucho bochorno colectivo por cortar.
A menos de 50 metros de los más lujosos apartamentos turísticos rehabilitados de la calle Novena. A pocos pasos del Teatro de la Tía Norica o la Casa del Carnaval que atraen a cientos de turistas cada día.
Cuatro niños y tres mayores entre los afectados
Casi colindante con los únicos cines que le quedan al centro de la ciudad y con un edificio municipal dedicado a la atención a la mujer y a exposiciones. Rodeado de restaurantes, tiendas y bares que flanquean los paseos de los visitantes.
En ese lugar, calle Javier de Burgos número 19, está una de las fincas habitadas más horribles que albergue Cádiz actualmente. La planta baja -clausurada con cartel de aviso y urgencia tras una inspección municipal hace dos semanas- es "una ciudad de ratas", según sus vecinos.
Todos los que llegan al edificio y entran por el lúgubre pasillo, lleno de escombros por las obras de emergencia que deben hacer los residentes cada poco, reciben el consejo de no entrar en esa parte contigua.
"Igual no podrías dormir en muchos días y es muy fácil que te muerda una rata. Está oscuro y son muchas, son cientos".
Por la escalera hacia arriba, el horror aumenta. Todo el mundo sube despacio como si pesara la pregunta que cada cual arrastra y nadie hace: ¿Cómo puede nadie vivir así, en 2025, en una ciudad perteneciente a un país teóricamente desarrollado, con una economía pujante?
"Tengo que tener cuidado de que mis hermanos pequeños no entren en este cuarto de baño", señala Fátima. El agujero bajo el suelo, en el techo de la planta inferior, es tan ancho y largo como una cama individual. El temor a caer está justificado.
"En este piso no podemos usar el cuarto de baño. Defecamos y orinamos en bolsas que tenemos que sacar a la calle. Si lo hacemos en el retrete, cae directamente a la planta de abajo, al suelo, y el hedor es insoportable", detalla Óscar que vive en la finca inmunda desde 2014.
Las filtraciones son constantes por todo el edificio. Las goteras alcanzan proporciones de chorro en cualquier planta en cuanto llueve un poco. Las aguas fecales corren del mismo modo.
Las manchas de humedad son tantas que en algunas plantas, en la primera ocupada por el matrimonio italoargentino y sexagenario, es imposible encontrar un trozo de pared o techo del tamaño de un folio limpio, sin cambios de color y tono.
El moho corroe las esquinas de todo el edificio y si los cinco pisos ocupados ofrecen un aspecto insalubre, los que están cerrados y vacíos sugieren directamente a la intervención sanitaria urgente.
En uno de ellos queda, al entrar, una bola de espejo discotequera como rastro de un pasado festivo, juvenil. "Muchos de estos pisos fueron de Erasmus hace 15, 20 años. La propiedad los alquilaba de tapadillo y se metían un montón de chavales en cada piso, hacían fiestas".
Mensajes en pósters y paredes con apología de las drogas y el sexo colectivo confirman esa otra vida. Ahora quedan techos con agujeros de muchos metros, vigas podridas al descubierto, habitaciones y baños cubiertos de una gruesa capa de mugre. "Este piso está vacío desde 2016, nueve años ya".
Cinco siguen habitados aunque aparecen inhabitables. José Antonio sale del edificio hundido tras visitar a su madre, con más de 70 años vive sola en la primera planta de una de las fincas más infames de Cádiz.
"No sabemos qué hacer ni a quién dirigirnos. Denunciamos, vienen, como el otro día, fumigan, cierran la planta baja y ya está, todo se queda igual".
Los vecinos han hecho obras de urgencia entre ellos, como han podido, haciendo "escotes de 70 euros por cada piso" para tratar de contener cascadas de excrementos por tuberías rotas o entrar a limpiar pisos en los que ratas y cucarachas rebosaban al resto.
"Una de las veces que contratamos a un fontanero vino, abrió la puerta y se fue, nos dijo que daba igual lo que le pagáramos, que no entraba ahí", explica Salim, uno de los vecinos que se ve en la obligación de hacer de portavoz, de tratar de coordinar protestas y trámites.
Las consecuencias del repugnante estado de las viviendas sin inquilinos y de las zonas comunes asaltan las cinco viviendas cada día. En invierno, con frío y goteras. En verano, con calor, insectos y roedores. Todo el año con suciedad y temor a derrumbes.
"Tenemos que dormir con las luces encendidas por las cucarachas. Una de las veces que contratamos un fontanero, abrió la puerta y se fue. Dijo que no entraba ahí"
"Tenemos que dormir con las luces encendidas para que las cucarachas no nos ataquen tanto a mis hermanos y a mí, han llegado a coger sarna", afirma Fátima, apenas veinteañera. "Esta puerta se cayó y casi le da a mi hermana de seis años", señala.
Los agujeros en los techos llegan a tener el diámetro de un coche pequeño. Su profundidad deja ver las vigas. Salim muestra un informe de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento, el más reciente de varios.
Firma el jefe de servicio, Juan Jesús Castillo, que ordena el cierre de una planta, la baja, la de las ratas, y decreta obras urgentes, con duración máxima de cuatro meses, en menos de cinco días. Tiene fecha del 21 de mayo y aún no han comenzado.
El motivo que recoge el documento es "la presencia de humedades y filtraciones, la falta de mantenimiento en muros, forjados y cubiertas". Decreta "la ejecución de obras de reparación, sustitución y refuerzo de los elementos constructivos, muros, forjados y cubiertas".
Cuando el 'asustaviejas' es el Estado
Una de las características más llamativas del caso es que la finca de Javier de Burgos 19 no pertenece a ninguna propiedad privada que deje llegar la ruina para espantar a los inquilinos y especular mediante la reconstrucción o venta.
El edificio es de propiedad pública, al menos, parcialmente. Desde 2020 -"junio o septiembre según el documento que consultes", detalla Óscar- pertenece a la Sareb (Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria), conocida como "banco malo" y que está participada en un 50% por el Estado.
Esta entidad misteriosa, vaporosa, con la que es difícil entrar en contacto físico y presencial, que sólo se comunica con cartas oficiales, agrupa los inmuebles que nadie quiere porque proceden de embargos, impagos, operaciones financieras que acabaron en desastre. Luego trata de hacerlos rentables de nuevo.
Los vecinos de la finca llegaron, en algunos casos, en 2005. Otros, en 2014. Cada uno ha recorrido un laberinto burocrático distinto pero todos coinciden: "La propiedad desapareció en 2020".
"Dejó muchas deudas, en impuestos y otras cuestiones. Creemos que un cuarto de millón de euros porque querían que lo pagáramos nosotros como si no hubiéramos pagado ya nuestros alquileres cada mes", detalla Salim.
A esos dueños con nombre y apellido les sucedió la Sareb, sin rostro ni cuerpo, que ha llegado a "hacernos requerimientos como si fuéramos okupas cuando nosotros estamos hasta empadronados aquí, algunos, hace más de diez años".
Los afectados han tratado de pagar alquileres en cuentas inciertas para no tener que afrontar desalojos futuros pero nadie responde a sus reclamaciones. Si el anterior propietario dejó abandonada la estructura, el nuevo dueño medio público, semiestatal, ni siquiera responde a las llamadas.
El Ayuntamiento de Cádiz y los ocupantes desesperados envían cada pocos días peticiones, requerimientos. Nunca hay respuesta. Mucho menos intervenciones que hace muchos años que son urgentes.
El último informe municipal, 21 de mayo, confirma "daños significativos en forjados, cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias". Certifica, en resumen, que la finca es inhabitable.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sostiene en un escrito público que la indiferencia de la Sareb tiene como intención deliberada forzar la salida de los inquilinos mediante el deterioro progresivo del inmueble: "El banco malo está actuando para forzar a sus habitantes al desalojo".
"Nadie nos dice nada. Ni siquiera nos mienten o nos hacen promesas que luego no vayan a cumplir. Es que ni siquiera aparece nadie ni sabemos a quién dirigirnos".
