"No quiero ser una okupa, no quiero nada gratis. Quiero pagar un alquiler como todo el mundo. No quiero okupar un piso pero me obligan, no me dan alternativa".
Tamara Manzano, gaditana de 46 años, resume así el trance que vive desde que recibiera la notificación de desahucio para el próximo 1 de abril de la vivienda de la empresa pública Procasa en la zona de Guillén Moreno junto a sus dos hijas.
El caso de esta mujer es particularmente contradictorio puesto que la administración, en una resolución que esgrime entre lágrimas, reconoce su "condición de vulnerable" que le otorgaría un alquiler social de forma prioritaria.
Afectada por un cáncer, madre de dos niñas, víctima de violencia machista, asegura que ha tratado de "conseguir una vivienda digna y pagarla" por todas las vías posibles.
En un resumen demasiado breve para el presumible dolor que ha sufrido varios años, repasa cómo tuvo que huir de su casa por ver amenazada su integridad y la de sus hijas. Refugiada con sus padres, Asuntos Sociales le advirtió de que perdería la custodia si no les sacaba del hacinamiento de ese hogar familiar.
En el proceso de negociación con los trabajadores de los servicios sociales, afirma que le han insinuado la posibilidad de entregar a sus hijas al padre: "Yo no quiero perder a mis hijas, vivo a fuerza de medicamentos, sólo quiero tener un piso con mis niñas y pagar el alquiler".
"Sin salidas, sin ayudas, sin soluciones" se decidió a ocupar un piso municipal, propiedad de la empresa pública Procasa, en el deprimido barrio de Guillén Moreno.
El Ayuntamiento de Cádiz considera que esta irrupción en un piso de propiedad es intolerable por lo que denuncia y el juzgado decreta el desahucio. La cuenta atrás para la expulsión acaba en una semana, el 1 de abril.
La Delegación de Servicios Sociales matiza que tras analizar su caso hace meses, con los criterios habituales de la situación de exclusión social de la familia, "la valoración resultante es que se encuentra en un nivel de riesgo moderado".
Tras este dictamen técnico, el Ayuntamiento de Cádiz concluye que Tamara Manzano "no puede ser propueta como candidata para el acceso a una vivienda protegida por excepcionalidad".
Los factores que la colocan por detrás de otras muchas personas o familias que esperan un piso de Procasa en Cádiz serían los ingresos que percibe y que se encuentra en edad de trabajar
La denuncia de esta madre gaditana también han provocado la respuesta del alcalde, Bruno García, que acusa a la oposición o a los colectivos que apoyan a la desahuciada de pedirle "que nos saltemos las listas de espera". Como lema y constante añade que "hay que respetar el Registro de Demandantes de Viviendas, en todos los casos".
Tamara Manzano no entiende que le acusen de querer saltarse el turno: "Yo sé dónde hay casas vacías. Todos los sabemos y, además, las listas se las saltan cada vez que quieren".
"Me ofrecen diez días en una pensión, eso no es una solución ¿qué hago luego?"
"El problema es que esa lista no avanza. Lo que no hay derecho es que haya 99 personas por delante, esperando, como yo, que tienen tanto derecho como yo. Que les den pisos también a ellos, a los que están antes que yo. El problema es que la lista no se mueve".
El último movimiento del Ayuntamiento de Cádiz, según la afectada, ha sido ofrecerle, este jueves, en una reunión con técnicos y concejales, diez días de pensión que, además, la víctima debe costear parcialmente, en un porcentaje.
"Eso no es una solución ¿Para qué me sirven diez días? ¿Qué hago luego? Me veo sola buscando una pensión sin saber ni lo que voy a tener que pagar de mi bolsillo", explica Tamara.
El Ayuntamiento de Cádiz añade que también se le ha ofrecido "que busque una vivienda en régimen de alquiler y Asuntos Sociales paga el mes de fondo, así como la parte proporcional que corresponda del alquiler mensual".
De esa forma, pasaría a formar parte del programa de ayudas sociales por las que el Ayuntamiento abona una parte proporcional de los alquileres en aquellos casos en los que esté justificado
Esta madre afectada presentó en el registro del Ayuntamiento de Cádiz un documento con 200 firmas de apoyo que piden la paralización del desahucio, así como la búsqueda inmediata de alternativas realistas que supongan el acceso de Tamara a una alquiler social.
"Ahora que ha logrado integrarse"
El PSOE local de Cádiz, a través de José Ramón Ortega, señala al equipo de Gobierno por "priorizar a los bancos frente a la vivienda" para "evitar casos como el de Tamara, una madre desesperada con dos hijas menores a la que Procasa, empresa municipal de vivienda, le ha fijado el desahucio".
En un salto de este caso hacia la disputa entre partidos, Ortega considera "lamentable que el alcalde se invente que alguien ha pedido que se salte las listas de demandantes de vivienda. Lo que estamos pidiendo es que el alcalde priorice la vivienda, el principal problema de la ciudad".
Respecto a la situación concreta de Tamara, detalla que "estamos ante una familia que ha vivido situaciones dramáticas y ahora ha logrado integrarse plenamente en su vecindad y en su entorno educativo, consiguiendo las menores importantes avances gracias a esa estabilidad".
El concejal socialista entiende que "hacer pasar a esta familia por un desahucio sin más alternativa es un enorme paso atrás en su desarrollo, y un acto sin sentido de la administración que condena a la vulnerabilidad a una familia que quiere progresar para tener la oportunidad de vivir por sus propios medios".